Justicia Social en América Latina y el Caribe en Tiempos de Pandemia: Algunas reflexiones a partir del INFORME SOCIAL 2021 de la CEPAL (Naciones Unidas)
Abstract
Las consecuencias de la pandemia se muestran en el cierre de 2021 con casi un 14% de la población latinoamericana viviendo en extrema pobreza: ¡noventa millones de personas!. En lo que se refiere a las clases medias, la pandemia permite constatar su extrema vulnerabilidad, debida a los bajos niveles de cotización y de cobertura social. Durante el año 2021, las mujeres abandonaron masivamente el mundo laboral y a la gente joven se le hizo prácticamente imposible la incorporación al mismo.
Las consecuencias de la pandemia se muestran en el cierre de 2021 con casi un 14% de la población latinoamericana viviendo en extrema pobreza: ¡noventa millones de personas!. En lo que se refiere a las clases medias, la pandemia permite constatar su extrema vulnerabilidad, debida a los bajos niveles de cotización y de cobertura social. Durante el año 2021, las mujeres abandonaron masivamente el mundo laboral y a la gente joven se le hizo prácticamente imposible la incorporación al mismo. La pérdida de más de treinta millones de empleos no se compensa ahora con la escasa recuperación de una población laboral que, por otro lado, ingresa frecuentemente en la informalidad. Con una pandemia que todavía no ha finalizado,parece que los nuevos empleos obedecen más a la necesidad de trabajo de las personas que a la productividad real de la economía. Quienes ahora se suman al empleo lo hacen ahora, generalmente, en peores condiciones que los que se sumaron en los años precedentes.
El Informe Social de 2021, publicado recientemente por la CEPAL, nos propone un horizonte: un nuevo pacto social para adoptar “políticas públicas transformadoras, con la igualdad y la sostenibilidad en el centro”. La pandemia ha subrayado más, si todavía cabe, que en América Latina y el Caribe “es fundamental avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes”. En un continente marcado ya por la desigualdad, la pandemia nos muestra que el único camino es “transitar hacia una economía y una sociedad del cuidado”.
El número de decesos por efectos de la Covid 19 en América Latina y el Caribe hasta 31 de diciembre de 2021 supuso casi un tercio de todas las personas fallecidas en el mundo por esta causa. Y hay que tener en cuenta que, como pasa en casi todas las sociedades del planeta, aquí también ‘la contabilidad’ de personas enfermas y defunciones se estima muy por debajo de los números reales y del impacto vivido en unos sistemas de salud absolutamente estresados. La sobrecarga de los centros de salud y de los hospitales generó una menor asistencia a los mismos para el seguimiento de tratamientos de otras enfermedades. Dos tercios del personal sanitario son mujeres que se vieron sobreexpuestas a la situación, muchas veces con un doble turno de cuidados con personas enfermas de la propia casa.
La pérdida de más de treinta millones de empleos no se compensa ahora con la escasa recuperación de una población laboral que, por otro lado, ingresa frecuentemente en la informalidad.
Aunque el impacto de la mortalidad de la enfermedad parece proporcional a la edad madura, el informe de CEPAL afirma que “la población de niñas y niños, adolescentes y jóvenes ha sido una de las más afectadas por los impactos socioeconómicos de la pandemia”. El confinamiento y su impacto sociocultural, junto con la fragilidad de los sistemas educativos, puso a muchos niños y niñas en situaciones de desnutrición, abandono escolar o sometimiento a maltrato y abuso en el hogar. En no pocas ocasiones, esa agresión se volcó también sobre las madres.
La brecha digital hizo que las poblaciones empobrecidas sufrieran doblemente la desescolarización. Del mismo modo, las poblaciones más pobres sufrieron la desatención sanitaria vinculada a la saturación del sistema, y la ausencia de la alimentación alternativa de los comedores escolares. Concluye la CEPAL: “...los efectos de la pandemia de Covid 19 afectan especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes pertenecientes a poblaciones históricamente enfrentadas a situaciones de mayor vulnerabilidad”. Entre esos grupos, el informe sitúa a indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres y personas con discapacidad. La crisis está ensanchado las fracturas sociales.
El confinamiento y su impacto sociocultural, junto con la fragilidad de los sistemas educativos, puso a muchos niños y niñas en situaciones de desnutrición, abandono escolar o sometimiento a maltrato y abuso en el hogar.
Por todo esto, el informe CEPAL SOCIAL 2021 reclama tres tipos de medidas: las transferencias económicas, la mejora en la calidad de los servicios y las políticas activas de empleo.
En primer lugar, las transferencias económicas directas a quienes viven en mayor dificultad han demostrado ser una barrera que mitigó el impacto sobre muchas personas. Propone la CEPAL, con el apoyo de UNICEF, que esto se haga mediante “una transferencia universal para la niñez” y con mejoras en el sistema de pensiones para que aumente la cobertura y la suficiencia de las prestaciones. Para eso, se deben establecer medidas encaminadas a una mayor solidez financiera.
En segundo lugar, señala que las transferencias monetarias no deben hacerse a costa de la reducción en los servicios públicos . Además de los servicios de agua, energía y saneamiento, se hace muy relevante el de la conectividad a internet. Es necesario asegurar una escolarización de calidad desde la primera infancia y la generación de un ambiente de seguridad real en la calle, la escuela y el hogar que permita el crecimiento sin violencias ni temores. El informe señala con mucha fuerza que se debe evitar un “bienestar de la población casi exclusivamente propiciado por el trabajo no remunerado de las mujeres”.
Finalmente, la CEPAL propone medidas activas de empleo entre las que la formación destaca de manera muy relevante. No basta con formación, pero ella es el principal instrumento para afrontar la incorporación de calidad al mundo laboral y la superación de las brechas tecnológicas, de género, étnicas.
Se trata de desafíos que deben asumir principalmente los estados.La crisis Covid 19 ha señalado la importancia del estado como agente económico activo, como respaldo a las poblaciones más vulnerables y como garante de servicios públicos que cohesionan a la comunidad. Por otra parte, la inestabilidad política y las batallas por el poder que a diario suceden ante nuestros ojos muestran que sin una ciudadanía activa, responsable y participativa, nuestras administraciones públicas gastan sus energías en objetivos personales o partidarios alejados de lo que como sociedades necesitamos.Ese es nuestro desafío.
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