La inteligencia artificial suele presentarse como una tecnología inmaterial, pero descansa sobre una infraestructura muy concreta: dispositivos, centros de datos y redes cuya fabricación requiere minerales como el estaño, el oro, el cobalto, el litio y el cobre. Por eso, leer la IA desde la justicia socioambiental implica mirar hacia los territorios de origen de sus cadenas de suministro: comunidades atravesadas por conflictos, economías precarias, daños ecológicos y vulneraciones de derechos humanos.

Desde la perspectiva de la dignidad humana —irrenunciable e insoslayable—, la pregunta central no es solo si una cadena puede declararse “responsable”, sino quién define esa responsabilidad, a quién beneficia y qué vidas continúa dejando en los márgenes. Una inteligencia artificial orientada al bien común no puede construirse sobre territorios sacrificados, comunidades silenciadas ni cuerpos convertidos en un costo oculto del progreso tecnológico.

El artículo que publicamos de nuevo hoy, escrito por Guillermo Otano, ofrece una clave decisiva para esta lectura. A partir de la experiencia de los “minerales de conflicto”, se muestra que la trazabilidad, la diligencia debida y la regulación empresarial son herramientas indispensables, pero insuficientes si no garantizan la participación plena, libre e informada de las partes interesadas y si no protegen de manera efectiva a quienes habitan los territorios de extracción. Tres años después de haber sido escrita, esta advertencia resulta aún más vigente: los avances normativos conviven con intentos de flexibilización impulsados por la competitividad económica, las nuevas prioridades geopolíticas y la demanda creciente de minerales estratégicos, y estas dimensiones tantas veces obnubilan o invisibilizan (incluso niegan) los marcos éticos y políticos fundamentales para que la IA esté al servicio de la humanidad. Este artículo invita, así, a vincular la ética digital, la justicia socioambiental y la participación real de las poblaciones afectadas como condición para toda innovación verdaderamente humana.

Créditos de imagen: Una mina de minerales críticos en Estados Unidos. | Foto: Steve Marcus/Reuters | Fuente: The Guardian | Publicado el 20 de junio de 2026.

Introducción

La responsabilidad de las empresas en la cadena de suministro de minerales es cada vez más importante en la economía global actual. Por un lado, la digitalización ha llevado al uso generalizado de la electrónica de consumo en todo el mundo (por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas), que requieren minerales como el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro —los llamados minerales 3TG por sus siglas en inglés, también etiquetados por Naciones Unidas a principios de la década de 2000 como "minerales en conflicto" por su vinculación con la financiación de la delincuencia organizada o las violaciones de los derechos humanos en zonas de conflicto o de alto riesgo. Por otro lado, los planes para descarnbonizar la economía en 2050 podrían aumentar en casi un 500% la producción de otros minerales, como el grafito, el litio y el cobalto, para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia, como paneles solares, molinos de viento, baterías eléctricas, etc. (Banco Mundial, 2020). En este caso, el énfasis dado por las agencias internacionales está en el carácter "estratégico" de estos minerales para las transiciones energéticas y no en su naturaleza conflictiva.

Sin embargo, esto no significa que las cadenas de suministro de "minerales estratégicos" estén exentas de riesgos. Una investigación reciente ha revelado que 51 de las 103 empresas mineras que poseen una cuota de mercado mayoritaria en uno de los seis minerales estratégicos para la transición hacia una energía limpia han sido acusadas de vulnerar los derechos humanos, lo que indica una desconexión significativa entre la política y la práctica y sugiere que los abusos están muy extendidos en el sector (Business & HHRR Resource Centre, 2020). Por lo tanto, cualquier empresa que participe en una cadena de suministro de minerales —ya sea "aguas arriba" o "aguas abajo"— debe ser consciente de los riesgos que existen en determinados contextos de extracción y gestionarlos adecuadamente.

Pero, ¿qué significa esto? Dado que nos enfrentamos a una nueva fase de extracción centrada en los "minerales estratégicos", ¿hay lecciones que aprender de las campañas sobre "minerales de conflicto" que se pusieron en marcha hace una década? En este artículo presentaré, en primer lugar, los orígenes y la razón de ser de la Campaña de Tecnología Libre de Conflictos lanzada por la Fundación Alboan en 2014; y, en segundo lugar, analizaré las lecciones aprendidas de esta experiencia.

Los Orígenes de la Campaña de Tecnología Libre de Conflicto

La Fundación Alboan es una ONG internacional jesuita fundada en 1996 con sede en el País Vasco y Navarra, al norte de España. Su nombre procede del euskera, que significa "junto a" o "al lado de", y así trabaja con muchas comunidades excluidas y otras organizaciones locales de América Latina, África y la India

Debido a diversas circunstancias, la Campaña Tecnología Libre de Conflicto comenzó en 2014. Por un lado, un primer proyecto de investigación realizado durante 2009-2011 puso de manifiesto que las organizaciones socias de Alboan en Guatemala, India y República Democrática del Congo (en adelante, RDC) se veían afectadas por graves abusos de los derechos humanos causados por conflictos medioambientales (Alemán Arrastio, 2012). Una de las cuestiones más controvertidas a este respecto fue el impacto social y medioambiental de las actividades extractivas, especialmente en el sector minero. Esta constatación se hizo eco de las conversaciones que estaban teniendo lugar en la Red de Incidencia Global Ignaciana dedicada a la Gobernanza de los Recursos Naturales y Minerales (GIAN-GNMR) que se creó en 2008. De hecho, en 2015, la red decidió rebautizarse como "Justicia en Minería - Una Red Jesuita" para enfatizar el enfoque en los conflictos mineros y el compromiso de la red de luchar por la justicia en estos contextos.

Por otro lado, el debate sobre los "minerales en conflicto" se inició en 2002 a raíz de un informe publicado por el Grupo de Expertos de la ONU sobre la Explotación Ilegal de los Recursos Naturales en la RDC. Este informe detallaba la relación entre la explotación de minerales y el conflicto en el este de la RDC y pedía que se actuara para evitar que el comercio de estos minerales financiara a los grupos armados. En 2011, tras numerosas consultas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo (OCDE, 2016). La Guía, como se la conoce, establece cinco pasos de diligencia debida como base para la gestión responsable de la cadena de suministro de minerales, incluidos el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro, así como todos los demás minerales. El primer intento de traducir estas medidas voluntarias en obligaciones vinculantes tuvo lugar en 2010. En aquel entonces, la Administración Obama introdujo la sección 1502 en la Ley Dodd-Frank, obligando a las empresas estadounidenses que utilizan minerales 3TG a implantar sistemas de diligencia debida y comprobar si estos recursos proceden de la RDC y sus nueve países limítrofes.

Siguiendo ese camino, en 2014, la Comisión Europea publicó su propuesta para legislar el comercio de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo (Comisión Europea 2014). Casi de inmediato, Alboan se unió a la "coalición de minerales en conflicto" de ONG europeas (en adelante, "la Coalición"), creada para coordinar las estrategias de presión en Bruselas y en otros Estados miembro de la UE. Para entonces, el equipo de campañas de Alboan decidió lanzar una campaña específica sobre minerales en conflicto, integrando la incidencia política para reforzar la ley europea y la concienciación de los consumidores sobre los costes sociales y medioambientales de la electrónica de consumo.

Justificación de la Campaña

Inspirada en la idea de la conversión ecológica y en la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, la Campaña de Tecnología Libre de Conflicto pretende promover cambios individuales, sociales e institucionales (Otano 2018). A nivel individual, el objetivo de la campaña es crear capacidades entre los diferentes grupos de interés de Alboan (voluntarios, profesores, educadores, simpatizantes y público general) para dejar de ser consumidores pasivos y convertirse en ciudadanos activos. En primer lugar, debíamos concienciarnos sobre nuestras responsabilidades individuales y colectivas frente a los impactos sociales y medioambientales causados por los actuales patrones de consumo y producción de dispositivos electrónicos. Para ello, entre 2014 y 2021, Alboan creó materiales educativos sobre diferentes temas (minería artesanal, cadenas de suministro de minerales y electrónica de consumo, impactos sociales y medioambientales, etc.); impartió cientos de sesiones de formación; escribió artículos de opinión en medios locales y nacionales; puso en marcha una exposición fotográfica sobre la vida de los mineros artesanales congoleños y las comunidades locales; y publicó dos informes con organizaciones aliadas, uno sobre las mujeres y la minería artesanal en el este de la RDC, en colaboración con Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles (Masika 2017) y otro sobre la minería del oro y las comunidades locales en Colombia, redactado por CINEP/PPP (Medina Bernal et al. 2019).

Sin embargo, si los esfuerzos por sensibilizar a la opinión pública no van acompañados de la participación en acciones concretas, se corre el riesgo de fomentar un sentimiento de impotencia (Otano 2023). Para evitar este extremo, Alboan puso en marcha una recogida de firmas para demandar a la Comisión una ley eficaz sobre minerales en conflicto. A pesar del éxito ―25.000 personas firmaron―, la recogida de firmas individuales no era suficiente para cambiar la irracionalidad de nuestro consumo de dispositivos electrónicos. Para desafiar la "cultura del usar y tirar" era necesario pasar del nivel individual al social. Así fue como el equipo de la campaña acabó lanzando una iniciativa llamada "Móviles por la Tierra" para fomentar la reutilización y el reciclaje de teléfonos inteligentes. Trabajando en colaboración con Recuintec, una empresa especializada en el tratamiento de residuos electrónicos, Alboan creó una red de 200 puntos de recogida en colaboración con escuelas, centros juveniles, parroquias y pequeñas y medianas empresas (PYME) donde cualquiera puede depositar sus viejos teléfonos inteligentes. Por cada teléfono recogido, esta empresa dona una pequeña cantidad de dinero para proyectos humanitarios y de desarrollo llevados a cabo por los socios de Alboan en el este de la RDC y Colombia. Sin embargo, la razón de ser de esta iniciativa no es la recaudación de fondos, sino reducir la tasa de residuos electrónicos en nuestras comunidades y mejorar su gestión colaborando con otros.

Por último, pero no por ello menos importante, a nivel institucional, el objetivo era persuadir a los líderes políticos y los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional y regional en la UE. Queríamos una ley lo suficientemente fuerte como para incluir obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos para todas las empresas implicadas en la cadena de suministro. Durante las negociaciones, la participación en la Coalición fue crucial. Por ejemplo, la Red Europea para África Central (EurAc) desempeñó un papel clave poniendo sobre la mesa los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil congoleña (EurAc 2017) y atrayendo a personalidades influyentes a la causa, como el ganador del Premio Nobel de la Paz y del Premio Sájarov de la UE, el ginecólogo congoleño Dr. Denis Mukwege (EurAc 2015). Por otro lado, la Red CIDSE, la familia internacional de organizaciones católicas de justicia social, consiguió que más de 145 obispos y líderes religiosos de más de 38 países y 5 continentes firmaran una declaración conjunta pidiendo una regulación más fuerte (CIDSE 2015). Alboan también tuvo la oportunidad de llevar la exposición fotográfica sobre la minería en el este de la RDC y a algunos socios congoleños al Parlamento Europeo en 2017, cuando se aprobó la ley (DOUE 2017). Además, en colaboración con otras organizaciones europeas, organizamos una gira de incidencia con CINEP/PPP y otras organizaciones colombianas en 2019 para debatir su implementación y denunciar la criminalización de defensores de derechos humanos en Colombia (VVAA 2019).

Lecciones aprendidas

La ley de la UE sobre minerales conflictivos no ha satisfecho todas las demandas de la Coalición1. En nuestra opinión, la legislación adoptada por la UE es mejorar en algunos aspectos la sec. 1502 de la Dodd-Frank Act. Aunque ambas leyes se centran en las cadenas de suministro de minerales 3TG, la Dodd-Frank Act pone demasiado énfasis en que las empresas cubiertas certificasen sus productos como "libres de conflicto" si se abastecen de minerales procedentes de la RDC o de sus países vecinos. Esto creó un incentivo perverso para evitar abastecerse en la región, particularmente en DRC. Consecuentemente, de acuerdo con algunos expertos, su implementación impactó negativamente en muchos mineros artesanales y en sus familias quienes dependen de la minería para subsistir (Vogel y Raeumaekers, 2016). Los legisladores de la UE tomaron un enfoque alternativo para evitar estas consecuencias no deseadas (Koch y Kinsbergen, 2018). En primer lugar, optaron por un enfoque global, cubriendo en la ley las importaciones de 3TG de cualquier zona en conflicto o en alto riesgo a nivel mundial. En segundo lugar, adoptaron un enfoque basado en riesgos que, en lugar de insistir en la certificación "libre de conflicto", pone el énfasis en la responsabilidad individual de la empresa para llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos siguiendo las directrices de la OECD.

1 https://www.tecnologialibredeconflicto.org/ley-tecnologia-libre-de-conflicto/

Por otro lado, la ley de la UE era menos ambiciosa en cuanto al número de empresas cubiertas, que son unas 300-400 empresas, en su mayoría importadores directos, fundición y refinerías de distintos Estados miembros, en comparación con las 6.000 empresas cubiertas en EEUU. Esto se debe a que el Reglamento de la UE sobre minerales en conflicto deja libertad a las "empresas aguas abajo" ―las que importan productos electrónicos manufacturados― para decidir si siguen (o no) las Directrices de la OCDE. Esta laguna jurídica animó al equipo de Alboan a lanzar una iniciativa sobre contratación pública de productos electrónicos para incentivar las prácticas de diligencia debida en el sector de la electrónica a través de mecanismos de mercado. Sin embargo, hasta ahora el impacto de esta iniciativa ha sido muy limitado2.

2 Esto se debe en parte a la ausencia de criterios comunes para la aplicación del Reglamento de la UE sobre minerales de conflicto en términos de transparencia y políticas de contratación pública (véase EurAc 2021). Esperemos que la evaluación ex post del Reglamento de la UE que tendrá lugar en el segundo semestre de 2023 allane el camino en esta dirección.

En cuanto a las repercusiones sobre el terreno, desde que se aprobaron estas medidas legislativas se han puesto en marcha (en la RDC y globalmente) numerosas iniciativas de trazabilidad y planes industriales para gestionar en las primeras fases de la cadena de valor los riesgos asociados a impactos medioambientales y derechos humanos. Por citar algunas: la Iniciativa Internacional de la Cadena de Suministro del Estaño (ITSCI); la Iniciativa de Abastecimiento Libre de Conflictos (CFSI) y el Proceso de Garantía de Minerales Responsables (RMAP) lanzados por la Iniciativa de Minerales Responsables (RMI); o Better Mining creado por RSC Global Group. Como han señalado algunos investigadores, las normas empresariales han ido ampliando el ámbito de aplicación de las 3TG para abarcar otros minerales estratégicos y, en paralelo, la narrativa empresarial ha ido moviéndose del "abastecimiento libre de conflicto" a la "minería responsable" (Bikubanya et al. 2023). Sin embargo, uno de los retos pendientes más importantes para que estas iniciativas sean eficaces en la gestión de los derechos humanos y los riesgos medioambientales es la participación de las comunidades locales y las partes interesadas en el diseño y la aplicación de los programas de diligencia debida (ibíd.).

Aunque el Reglamento de la UE y su aplicación son imperfectos, constituyen un paso importante para evitar abusos contra los derechos humanos en las cadenas de suministro de minerales 3TG. Los esfuerzos con la Campaña de Tecnología Libre de Conflicto han merecido la pena. No sólo porque se aprobó la ley, sino por las lecciones aprendidas. Proporcionó a las organizaciones miembro de la Coalición y a sus socios del Sur Global conocimientos de primera mano sobre los principios de diligencia debida de la OCDE (que son esenciales para entender la responsabilidad de las empresas en las cadenas de suministro de minerales) y el proceso legislativo de la UE (que es clave para que las organizaciones de la sociedad civil involucren a los ciudadanos europeos en el funcionamiento de las instituciones de la UE). Por supuesto, queda mucho trabajo por hacer para cubrir las lagunas de las normativas de diligencia debida corporativa como ésta y para fomentar la participación de los actores locales en la gobernanza de las cadenas de suministro. Pero esta experiencia también nos ha servido para iniciar una nueva conversación con nuestras organizaciones aliadas para comprender mejor los distintos tipos de riesgos que puede entrañar cada tipo de minería (p. ej., la minería artesanal vs. la industrial). Hay otros desafíos pendientes que van más allá de las discusiones actuales sobre las regulaciones de diligencia debida empresarial, tales como: la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y el medioambiente; el reconocimiento de los derechos indígenas; y el acceso a la justicia para las víctimas de las actividades de las empresas transnacionales. Es por ello que desde 2017 hacemos un seguimiento de las negociaciones en curso del Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Créditos de imagen: Una brecha en un dique de relaves de la mina Sino-Metals Leach Zambia, cerca de Kitwe. | Foto: Richard Kille/AP Photo (archivo) | Fuente: Mongabay News | Publicado el 29 de junio de 2026.

Referencias:

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Original español

Autor

Créditos de la imagen de portada: Mineros de cobalto en la República Democrática del Congo. | Foto: Afrewatch 2020 (CC BY-NC-ND 2.0) | Fuente: Mongabay News | Publicado el 12 de febrero de 2026.