Aunque fue escrito en un contexto tecnológico diferente, el artículo del P. Arsène Brice Bado aborda directamente muchas de las cuestiones que se plantean hoy en día en la era de la inteligencia artificial. Al analizar las tensiones entre las instituciones democráticas, la participación ciudadana, los movimientos sociales y el bien común, el artículo invita a reflexionar sobre el surgimiento de nuevas formas de poder y sobre cómo las sociedades pueden responder a ellas. A medida que los sistemas de IA moldean cada vez más la vida pública e influyen en la toma de decisiones colectivas, la visión de Bado sobre una democracia más participativa y sustantiva nos invita a considerar cómo se puede regular la tecnología para promover la justicia, la inclusión, la rendición de cuentas y la dignidad humana.

Invitamos a los lectores a releer esta reflexión como un valioso punto de partida para discernir cómo puede evolucionar la democracia en respuesta a las oportunidades y los riesgos de la IA y cómo una ciudadanía comprometida puede ayudar a garantizar que el progreso tecnológico siga al servicio de las personas y del bien común.

Introducción

El contexto sociopolítico de las sociedades postindustriales parece rimar con ‘antidemocracia’. En efecto, para buen número de autores como Ronald Inglehart (1977) (Chagnollaud, 2010, pp. 203-205), Martine Barthélémy (2000), Samuel Barnes et Max Kaase (1979), el desinterés de los ciudadanos por las prácticas democráticas (elecciones, militantismo partidario, etc.) se explica por el cambio de valores que se está operando en las sociedades postindustriales, pasando así de los materialistas vinculados a los aspectos tangibles del bienestar y de la seguridad a valores post-materialistas que privilegian más bien al individuo, su identidad, su bienestar personal, en otras palabras, su calidad de vida.

Este cambio ha sido posible no sólo – entre otras cosas – gracias al desarrollo de la educación, a la innovación tecnológica, al crecimiento económico que favorece la mejora de las condiciones de vida, sino también por la vía del reconocimiento y la promoción de los derechos individuales. Los cambios que emergen, Pierre de Lauzun los califica de “nueva antropología” que se caracteriza por “un reconocimiento de la dignidad del hombre, una confianza en su libertad y su autonomía de decisión, una mayor tolerancia, una mayor igualdad de oportunidades, etc.» (2011, p. 95).

Dichos cambios socio-culturales tienen consecuencias para la política, en general, y para la democracia en particular porque la valorización de los aspectos individuales se ha realizado en oposición a las fuentes tradicionales de autoridad (1999, p. 226). Anthony Giddens caracteriza esta situación como la institucionalización de la duda radical, de tal suerte que, en adelante, todas las fuentes de autoridad se verán amenazadas por la protesta (1991, p. 3). En este contexto, el Estado, los partidos políticos y otras instituciones representativas que aseguran la mediación de la autoridad se verán igualmente amenazadas si no se ven eliminadas. Lo que se valoriza hoy parecen ser las formas políticas de participación directa, tales como los nuevos movimientos sociales, los grupos de interés, etc., así como nuevos actores cuya identidad y cuyas acciones ya no parecen poder asegurar el funcionamiento del juego político y de las instituciones democráticas ‘tradicionales’. Y algo parecido ocurre con los pensadores de la democracia.

Por lo tanto, cabe interrogarse si la democracia podrá sobrevivir en el nuevo entorno de las sociedades post-materialistas. La pregunta es legítima y, entre los analistas políticos, las respuestas quedan lejos de la unanimidad. En una perspectiva dialéctica, mostraremos que, para unos, la democracia está amenazada (1) y, para otros, sin embargo, goza de buena salud (2). Concluiremos mostrando que, más bien, está en mutación, tanto en su concepción como en su puesta en práctica y que, por consiguiente, su evaluación debería integrar nuevos elementos de ahora en adelante (3).

Desafección de las instituciones y prácticas democráticas por parte de ciudadanos cada vez más críticos.

La democracia vive un tiempo difícil en las sociedades contemporáneas a causa del creciente cinismo con el que instituciones, gobiernos y élites políticas son juzgados. Este cinismo es la obra de quienes Pippa Norris ha denominado “ciudadanos críticos” (Critical Citizens) (1999) o quienes Pierre Rosanvallon ha apellidado como « el pueblo juez » (2006, pp. 22, 199-255). Se trata de un tipo de ciudadanos que exigen transparencia. Es lo que explica, en parte, el descenso en el apoyo a las élites políticas, ya que ellas difícilmente superan los “tests de transparencia” en cuestiones de gestión. De hecho, en estas dos últimas décadas diversos “hombres de Estado [han sido] eliminados a causa de una cadena ininterrumpida de escándalos” (Castells, 1999, pp. 401-412). El escándalo ha pasado a ser un arma poderosa que ciudadanos, grupos de interés y, sobre todo, medios de comunicación emplean contra las élites políticas consiguiendo así desacreditarlas (Castells, 1999, p. 401), (Norris P. , 2011, pp. 169-187). Estudios empíricos y estadísticos (Dalton R. , pp. 62-66) confirman el descenso drástico de la confianza de los ciudadanos hacia las élites políticas, ya que consideran que no dan la talla para representarlos adecuadamente. Y además, amén de los escándalos, las élites políticas raras veces consiguen escapar a ‘la ley de bronce’ de la oligarquía (Larry & Gunther, 2001, p. xii). En tal contexto, a muchos les parece que la democracia representativa ya no es el régimen asentado sobre la soberanía del pueblo, sino que ha pasado a ser un tipo de organización que consagra el poder de las élites.

Y los gobiernos democráticos no disfrutan de un apoyo mejor que el concedido a las élites políticas. M. Crozier, S. Huntington y J. Watanuki evocaban ya en 1975 una « crisis en las democracias » occidentales que se expresaba esencialmente por la incapacidad de los Estados y gobiernos en responder al conjunto de demandas sociales que recibían, lo que conducía a dudas sobre su legitimidad funcional (Crozier, Huntington, & Watanuki, 1975). Russells Dalton (2005), Pippa Norris (1999, pp. 66-69), (2011, pp. 104-107), Susan Pharr et Robert Putnam (2000, pp. 52-73) han demostrado, por medio de estudios empíricos y cuantitativos cómo va descendiendo el apoyo a las instituciones democráticas en todos los países industrializados, al menos, desde la década de los ochenta.

Dentro de las instituciones democráticas, son los partidos políticos los que se hallan más amenazados. No se adaptan más que con dificultad y mucha lentitud a los cambios sociales y culturales propios de la sociedad contemporánea. Y así, de cara a los ciudadanos, los partidos políticos van perdiendo su rol de mediadores. Son más bien los medios quienes asumen la función de formación y educación política de los ciudadanos. Eso porque en la sociedad contemporánea la mayoría goza ya de un nivel intelectual suficientemente alto como para volverse autodidactas y elegir de modo personal sus fuentes de información política. Lo que no significa necesariamente que, en política, estén ahora mejor informados que antes (Norris

P. , 2011, pp. 142-168)^[1]. Ya que, como Pascal Perrineau nota con sagacidad « multiplicar las fuentes de información no conduce al aumento de capacidad cognitiva de los individuos » (2003, p. 260).

Sea como fuere, los partidos están perdiendo parte de su influencia y quien sale perdiendo es la participación democrática (Dalton, Wattenberg, & (eds), 2000, p. 10). De igual modo, otras funciones (Larry & Gunther, 2001, p. xiv), (Dalton, Wattenberg, & (eds), 2000, pp. 5-10) ‘tradicionalmente’ confiadas a los partidos políticos, tales como la movilización de los electores, la estructuración de las candidaturas con respecto a los problemas políticos, la representación de diferentes grupos sociales, la adscripción de intereses particulares a programas políticos concretos de gobierno, etc. son, de ahora en adelante, compartidos con otros actores, por ejemplo, con movimientos sociales, organizaciones y, sobre todo, con grupos de interés. Ello conduce, por una parte, a dudar de la primacía de los partidos políticos como la instancia cimentadora de las preferencias de los ciudadanos y, por otra parte, a cambiar las fidelidades electorales. Se están convirtiendo en “partidos sin partidarios”. Gran proporción de los pocos que quedan oficialmente afiliados a los partidos se contentan con lo que Putnam ha llamado una « participación de tablero de ajedrez » (2000, p. 40).

Finalmente, es el funcionamiento del sistema democrático clásico el que se encuentra en crisis a causa de la emergencia de una política de protesta (contentious politics) que es, por naturaleza, « episódica más que continua, actúa en público, supone interacciones entre los demandantes y los otros, es reconocida por esos otros como haciendo peso en sus propios intereses, e incluye al gobierno como mediador, como blanco o como fiscal» (McAdam, McCarthy, & Zald, 1996, p. 5). La política de protesta, cuyos principales actores son los movimientos sociales^[2] proyecta, dentro del espacio público, reivindicaciones de tipo radical, utópico, sectario, poniendo así en duda el estatuto y los fundamentos jerárquicos que se hallan en la base del funcionamiento del sistema democrático clásico.

La fidelidad de los ciudadanos a los principios democráticos y a las comunidades democráticas no ha decaído.

Las tesis optimistas sobre el vigor de la democracia y su porvenir descansan esencialmente sobre una nueva conceptualización de la confianza política. La obra, Critical Citizens: Global Support for Democratic Government, de Pippa Norris y sus co-autores es la mejor ilustración de ello. Su esfuerzo de re-conceptualización se apoya sobre los trabajos de David Easton, quien distingue tres dimensiones de la idea « apoyo político » (Easton, 1965), (Norris P. (., 1999, p. 9) a saber: apoyo a la comunidad política (orgullo nacional, patriotismo), apoyo al tipo de régimen (democrático, dictatorial, etc.), y el apoyo a las autoridades políticas (élites políticas). Norris et al., retoman las ideas de Easton, explicitándolas por medio de la distinción entre cinco dimensiones del arquetipo ‘apoyo político’: 1) a la comunidad política, 2) a los principios del régimen, 3) a la prestación del régimen, 4) a las instituciones del régimen, y 5) a las autoridades políticas. Esta descomposición en cinco dimensiones del concepto ‘apoyo político’ permite un diagnóstico más preciso del malestar democrático. Norris y sus coautores han demostrado, por medio de análisis cuantitativos comparativos, que la democracia como tipo de régimen político goza de un importante apoyo por parte de las diferentes poblaciones y que, ellas, la prefieren a cualquier otro tipo de régimen (1999, p. 43). Además, en todos y cada uno de los países democráticos, las poblaciones manifiestan su satisfacción por pertenecer a una comunidad política, nacional, democrática (1999, pp. 41-42). Para Norris y sus co-autores, lo que es fuente de insatisfacción son más bien las instituciones políticas (partidos, gobiernos, asambleas nacionales, etc.), las autoridades políticas (gobernantes, líderes de partidos políticos, etc.), así como el funcionamiento y las prestaciones de los gobiernos democráticos contemporáneos. Esa insatisfacción es más bien un signo de vitalidad y de un renovado interés por los principios democráticos. Lo que los ciudadanos desaprueban es el hecho que el ideal democrático no sea vivido. Y, por lo tanto, los ‘ciudadanos críticos’ no son ‘anti-demócratas’ sino ‘demócratas insatisfechos’.

En cuanto a la idea que el contexto sociocultural de la sociedad contemporánea fuera desfavorable a la democracia, Ronald Inglehart pone en duda que los valores postmaterialistas sean antidemocráticos. Según él, el mundo postmoderno hace erosión a la autoridad pero crece en él el apoyo a la democracia como tipo de régimen (1999, p. 236). Hemos de estar de acuerdo con él en que las políticas de protesta de los movimientos sociales, a pesar de todo, convergen, a más de un título, con la democracia participativa y sustancial. Se pueden evocar las demandas relativas a favor de la introducción de nuevos valores y nuevos temas en el espacio público en referencia al género, al cuerpo, a la salud, al medio ambiente, al reconocimiento de las diversidades étnicas y culturales, todo ello materia de peticiones por parte de los nuevos movimientos sociales.

De fuentes de autoridades como el Estado y los partidos políticos “la política en la edad de la desconfianza” no es antidemocrática ya que los “individuos” están dispuestos más que nunca a hacer irrupción en el espacio público aun cuando es en nombre de sus intereses personales. La presencia cada vez más numerosa de actores sociales en el espacio público en diversos aspectos ha permitido atraer la atención de la opinión pública sobre injusticias sociales que antes permanecían ignoradas o desatendidas. Por este hecho se puede tomar la medida de la importancia creciente de la diversidad y del pluralismo social y cultural, y todo ello son cosas que participan en la idea de democracia.

Conclusión: Estamos siendo testigos de una transformación de la democracia y de sus prácticas.

Los autores que defienden las tesis de la vitalidad de la democracia han demostrado que la sociedad contemporánea está hoy por hoy fuertemente ligada al ideal democrático y opta claramente por un régimen democrático, en contraste con cualquier otro tipo de régimen político. E, igualmente, exhibe su orgullo de pertenecer a una comunidad democrática. Pero entonces, ¿en qué medida la crisis de las instituciones políticas, la pérdida de confianza para con los responsables políticos así como las disfunciones de los gobiernos democráticos eximen al ideal y a los principios democráticos?

Expulsando espalda con espalda las tesis contradictorias de la decadencia y la vitalidad de la democracia en la sociedad contemporánea, nosotros presentamos la hipótesis de que sí que existe un ‘malestar’ en la democracia o, más que un malestar, una necesidad de transformación y adaptación de dicha democracia a los cambios socioculturales intervenidos en la postmodernidad. Concretamente, conviene replantear por una parte, la democracia con su sistema de representación y participación y, por la otra, las acciones de los nuevos actores como son las organizaciones de la sociedad civil organizada a través de un proceso de institucionalización y constitucionalización con el fin de facilitar sus interacciones en el sistema político y democrático.

Como hemos señalado, los grupos de interés aseguran, o pretender asegurar, una forma de representación de los intereses de sus miembros. Es, por lo tanto, importante que la representación política sea amplificada más allá de la representación de partidos para incluir la representación asociativa.

Así pues, la participación democrática ya no debería quedar limitada a los partidos políticos, sino que, en adelante, debería integrar la participación asociativa que tiene un carácter casi cotidiano. De hecho, la participación en política de organizaciones de la sociedad civil choca con la idea de que la participación política quede restringida a la participación electoral por partidos, de tal manera que, una vez elegidos, los gobernantes ya no tendrían las manos libres para lanzar políticas de su elección sin la interferencia de los ciudadanos (Schumpeter, 1990), (Huntington, 1968). La implicación de los ciudadanos en la vida política a través de las asociaciones orienta más bien hacia una democracia sustancial con una participación ciudadana más amplia y regular. Esa forma de participación democrática “se practica sobre una base cotidiana y de numerosas formas: haciendo lobby a favor o en contra de los organismos públicos, por el soslayo de toda una gama de organizaciones, por la celebración de referendos y aun asumiendo funciones y roles que hasta hace poco se pensaba que eran monopolio del gobierno central” (Suleiman, 2003, p. 380).

Pero esta ampliación de la democracia sustancial carecería de sentido si – paralelamente – los nuevos actores del espacio público no entraran en un proceso de institucionalización al nivel organizacional y de constitucionalización al nivel reglamentario. Ya que, si la política y, en particular, la democracia consiste en un reconocimiento de la diversidad de los actores y en la integración de sus diferencias sobre la base de compromisos provisionales, entonces, es importante que esos nuevos actores obedezcan a un cierto marco o contención. Los sindicatos, por ejemplo, que son grupos de interés ya antiguos han sido bien institucionalizados y eso les hace más responsables en el acompañamiento de sus miembros y en el respeto de las reglas democráticas. Los nuevos grupos deberían, entonces, inscribir sus acciones dentro de un marco legal, o al menos legítimo, a fin de asegurar cierta transparencia de sus acciones en el espacio público. Puesto que la democracia es también un estado de derecho, no sería contrario a la práctica democrática el producir leyes y reglamentos con el fin de gestionar lo mejor posible la incertidumbre de las intervenciones de los grupos en el espacio público.

Más fundamentalmente, es la política como tal la que debe ser replanteada. El “ciudadano crítico” de Norris o el “pueblo-juez” de P. Rosanvallon (2006) se encuentran quizás en búsqueda de un nuevo y diferente ideal político. Ya que, en fin de cuentas, lo que se encuentra encausado es un tipo de organización de lo político que, por razón de la historia, se ha vuelto obsoleto. Durante mucho tiempo ha sido inconcebible pensar lo político fuera del Estado, de sus instituciones y de su territorio controlado por el bies de un conjunto de fronteras y de instrumentos normativos. Estamos en la época de redescubrir lo político de otra manera.

En suma, si al arrullo de la expansión de los derechos políticos, la emergencia de una democracia sustantiva parece trastornar el funcionamiento de la democracia procesual, no hay lugar para temer por la sobrevivencia de la democracia. Los nuevos movimientos sociales, los grupos de interés, y, más ampliamente, la sociedad civil organizada, ofrecen signos innegables de una renovación de las fuerzas políticas en el seno de los regímenes democráticos.

Original francés Traducción
P. Joaquín Ciervide, SJ

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[1] Una enUne encuesta realizada en varias sociedades postindustriales con el fin de evaluar los conocimientos de los ciudadanos sobre la democracia ha revelado que el nivel de conocimiento era mediano y no necesariamente suficiente.

[2] Un movimiento social es una acción colectiva cuya dinámica reposa sobre una ‘visión’ (interpretación) de la sociedad o de una realidad particular con la voluntad de un tipo de acción para defender una causa. En ese sentido, es una empresa de protesta. Ontológicamente, un movimiento social no es reductible ni a un actor ni a una organización. Es una red de interacciones entre varios tipos de actores tales como ciudadanos, grupos de intereses, instituciones, empresas, partidos políticos, etc. A diferencia de otras organizaciones que defienden causas, tienen un bajo nivel de institucionalización. Ver Sommier, Isabelle, Le renouveau des mouvements sociaux contestataires. Paris : Flammarion, 2000 ; Neveu, E., Sociologie des mouvements sociaux, Paris : La Découverte, 2005 ; McAdam, D., J. D. McCarthy et M. N. Zald (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge : Cambridge University Press, 1996 ; Della Porta, D. et S. Tarrow (eds.), Transnational Protest & Global Activism. Oxford : Rowman & Littlefield Publishers, 2005.

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Créditos de imagen de portada: Un grupo de personas con carteles y máscaras. Fotografía: Sam Mann (@sammannfilms). Fuente: Unsplash, publicada bajo la Licencia Unsplash, de uso gratuito, el 9 de junio de 2022 (UTC).