En cuestión de educación, dignidad humana, salario justo y estructuras sociales no es, para mí, un ejercicio teórico ni una reflexión lejana, sino que corresponde a mi diario vivir. Soy una mujer chihuahuense, católica, casada y madre de cuatro hijos, además tengo un doctorado en educación, pero trabajo como secretaria en una escuela secundaria pública ubicada en una colonia con alto índice de marginación dentro de la ciudad capital. Esa aparente contradicción entre mi formación académica y mi puesto laboral, lejos de ser una frustración estéril, se ha convertido en un espacio privilegiado para comprender, desde dentro, las tensiones estructurales que describen los documentos de la Doctrina Social de la Iglesia.

Cada mañana, al abrir la oficina escolar, no solo gestiono papeles, listas o trámites administrativos, también atiendo historias humanas: madres que piden prórrogas porque no tienen para el uniforme; alumnos que faltan porque deben cuidar a sus hermanos menores; padres ausentes porque trabajan jornadas extenuantes por salarios que apenas alcanzan para sobrevivir; entre diversa necesidades que surgen desde la base de los problemas sociales. En esos rostros concretos comprendo con claridad que la educación, como afirma la Iglesia, es un derecho humano fundamental y no un privilegio, sin embargo, también constato que, en la práctica, ese derecho se ve condicionado o degradado por factores económicos, familiares, sociales, incluso de corrupción, que exceden la voluntad individual.

Como madre, vivo la enseñanza de que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos, intentando transmitir valores, fe, responsabilidad y esperanza en casa, pero sería ingenuo pensar que eso basta. La escuela, la comunidad y el Estado tienen una corresponsabilidad real, por lo que cuando estas instancias fallan, la carga recae desproporcionadamente sobre las familias más pobres, reproduciendo un ciclo de exclusión que contradice frontalmente el ideal del desarrollo humano integral del que hablaba Pablo VI y que hoy retoma con fuerza el magisterio reciente.

Mi fe me impide normalizar esta desigualdad. La dignidad humana, fundamento de toda la Doctrina Social de la Iglesia, no depende del ingreso, del nivel educativo ni del barrio donde se nace, cada alumno, padre de familia, docente, que pasa por mi escritorio tiene la misma dignidad inalienable, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, las condiciones materiales en las que viven muchos de ellos —viviendas precarias, violencia de todo tipo, falta de servicios, trabajos informales— atentan contra esa dignidad de forma estructural, no accidental.

En la escuela soy testigo cotidiana de lo que los documentos llaman “estructuras de pecado”: sistemas que, aun sin mala intención explícita, terminan deshumanizando. Programas educativos que no consideran el contexto real del alumnado, trámites burocráticos que excluyen a quienes no tienen acceso digital o a quienes aceptan noblemente un “no” por no saber defenderse ante la laceración de la dignidad humana, normalizando la burocracia, políticas salariales que desmotivan a docentes y personal de apoyo. Pero también veo “estructuras de gracia”: maestros comprometidos que compran material con su propio dinero, directivos que escuchan, compañeros que acompañan procesos familiares complejos. Ahí entiendo que la caridad no es solo un gesto personal, sino también una responsabilidad institucional y política.

Mi propio salario es otra lente desde la cual leo estos textos, aunque tengo estabilidad laboral, mi ingreso no refleja ni mi nivel de estudios ni la responsabilidad que implica sostener una familia de seis personas, unas vacaciones en la playa es una utopía cuando incluso no alcanza ni para atender problemas de salud. La Doctrina Social de la Iglesia es clara: un salario justo debe permitir una vida digna, no solo la subsistencia mínima. Cuando el salario no alcanza, no solo se afecta la economía familiar, sino la posibilidad real de educar, cuidar adecuadamente la salud, descansar y participar en la vida social. Esto noes una falla individual, es un problema estructural que exige respuestas éticas y políticas.

Como creyente, no puedo separar mi fe de estas realidades. El Concilio VaticanoII advierte que el divorcio entre fe y vida cotidiana es uno de los errores más graves de nuestro tiempo. Mi oración, mi participación en la Iglesia y mi trabajo administrativo están profundamente entrelazados: Atender con respeto, explicar con paciencia, no humillar a quien no entiende un trámite, son actos pequeños pero profundamente políticos en el sentido evangélico del término.

Los documentos sobre sistemas financieros globales pueden parecer lejanos a una secretaria escolar, pero no lo son. Cuando los países destinan más recursos al pago de deuda que a educación o salud, las consecuencias llegan directamente a escuelas como la mía: falta de infraestructura, grupos saturados, carencia de apoyos especializados. La afirmación de que “la economía debe estar al servicio de la persona y no al revés” deja de ser consigna y se vuelve criterio de juicio moral cotidiano.

Finalmente, el desafío tecnológico también atraviesa mi trabajo. La digitalización de trámites ha facilitado procesos, pero también ha excluido a quienes no tienen acceso a dispositivos o habilidades digitales, resonando con fuerza la advertencia de que la tecnología debe servir a la persona y no desplazarla. En mi práctica diaria, eso significa no negar un servicio por una plataforma, sino acompañar, traducir, humanizar.

Desde mi realidad concreta, contribuir a que la educación sea un derecho efectivo implica resistir la indiferencia, cuidar los vínculos y recordar, una y otra vez, que detrás de cada expediente hay una historia sagrada. Mi vida no es heroica, pero sí profundamente atravesada por la convicción de que educar, trabajar y creer son formas concretas de construir justicia, dignidad y esperanza en medio de un mundo desigual.