El desarrollo del Plan Estratégico Global 2019-2023 ha estado marcado por una serie de eventos externos a la red Justicia en Minería. El año 2019 fue un año de mucha actividad en el entorno eclesial, con varios encuentros internacionales sobre minería (la Jornada Minería y Bien Común organizada por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral y el Seminario sobre Minería de la JPIC) en los que pudimos establecer contactos con otras redes afines como Iglesias y Minería y CIDSE. Este impulso se vio frenado por el COVID-19 en el año 2020. No obstante, la pandemia también motivó uno de los primeros comunicados conjuntos de la red en solidaridad con las comunidades afectadas por la minería2. Éstas se hallan bajo una presión creciente, pues el ritmo de extracción de minerales se está aumentando debido a los planes de transición energética. Paradójicamente, la lucha contra el cambio climático se va a traducir en mayor demanda de esta clase de recursos naturales y, previsiblemente, mayor conflictividad para quienes viven en zonas de extracción. De ahí la necesidad de seguir trabajando en red esta temática en los años venideros.

La evaluación del PEG 2019-2023 arroja un balance positivo del desempeño de la red en este periodo, si bien es cierto que persisten algunas de las dificultades identificadas en 2018. Las cuatro estrategias transversales identificadas en esta planificación se descomponenen trece objetivos estratégicos, de los cuales hemos cumplido total o parcialmente once(Cuadro 1, p.7). Todos estos años hemos logrado contar con un core group global, con representación de las seis Conferencias Jesuitas, y su compromiso ha sido fundamental para llegar a más organizaciones. En este sentido, los principales logros a celebrar tienen que ver con los esfuerzos realizados para tejer la red “desde abajo”, conocer mejor dónde (y de qué manera) estamos presentes en cada Conferencia Jesuita y tejer alianzas “hacia afuera” con otras redes afines que pueden ayudarnos a tener más impacto.

En este proceso de mapeo identificamos 22 instituciones jesuitas a nivel global que han trabajado o trabajan proyectos relacionados con la minería, de las cuales 12 son centros sociales del Sur Global, 5 son organizaciones de cooperación internacional y 5 son institutos de investigación asociados a universidades Jesuitas. Con la ayuda de los miembros del core group, documentamos una selección de casos para conocer mejor la diversidad de prácticas y experiencias existentes (desde acompañamiento a comunidades afectadas, a campañas de incidencia, iniciativas de inversión ética, etc.). El resultado de estos esfuerzos fue publicado en el Número 135 dePromotio IustitaetituladoMinería ¿Bonanza o ruina?. La celebración de un encuentro presencial de la red (Loyola, Septiembre de 2022) para poner en común también ha sido fundamental para fortalecer los vínculos entre los miembros de la red y establecer alianzas con otras redes de Iglesia especializadas en el acompañamiento a comunidades afectadas por la minería y la defensa de sus derechos, como Iglesias y Minería y CIDSE.

Todo esto es motivo de celebración. Supone un gran avance en relación con la primera de las dificultades identificada en 2018. En estos cinco años hemos mejorado el conocimiento mutuo y el sentido de pertenencia a la red, fortaleciendo una cultura de colaboración entre las instituciones Jesuitas que abordan temáticas mineras en contextos diversos. Sin embargo, a pesar de haber identificado referencias exitosas de colaboración y advocacy entre organizaciones que forman parte de nuestra red,sigue estando presente la dificultad para alcanzar una estrategia de incidencia global.Aquí merece la pena replantear qué entendemos por “global” y si ese término se adapta bien a las realidades que cubre esta red. Los conflictos mineros están muy localizados geográfica y políticamente y llevar las demandas más allá del territorio sólo tiene sentido a partir del análisis sistémico de las responsabilidades. Allí donde hay empresas transnacionales implicadas, tiene sentido “globalizar” la protesta para exigir una rendición de cuentas empresarial efectiva, demandar leyes más exigentes para las cadenas de suministro y facilitar el acceso a la justicia de las víctimas. Allí donde la minería artesanal se promueve de manera ilícita poniendo en peligro la Casa Común, trabajar en la concienciación, la formación y la búsqueda de medios de vida alternativos a nivel local requiere un mayor esfuerzo. Una estrategia de incidencia global que aborde problemas tan distintos y complejos en diferentes continentes y escalas requeriría de una capacidad de análisis y respuesta que no hemos podido desarrollar con los limitados recursos a nuestra disposición.

Por eso hasta ahora, la red Justicia en Minería ha funcionado más como una“comunidad de prácticas”en la que compartimos aprendizajes, experiencias o desafíos, que como una red de incidencia con capacidad para desplegar una agenda propia a diferentes niveles. Este espacio de diálogo ha permitido identificar ventanas de “oportunidad política”, como la negociación de leyes de diligencia debida empresarial en materia de derechos humanos y sostenibilidad en Europa y Canadá, que permiten coordinar acciones conjuntas de incidencia política. También ha servido para identificar elementos de interés comunes, como la preocupación por el impacto de las transiciones energéticas, los Derechos de la Naturaleza o el rol de las instituciones financieras en la minería. Estos elementos pueden dar continuidad a nuestra red e incluso pueden nutrir la colaboración con otras GIAN temáticas, como Ecojesuit. Pero para que eso sea posible será necesario identificar objetivos comunes alineados con las comunidades excluidas a las que servimos, recabar los recursos necesarios y asegurar el respaldo político de las iniciativas que surjan.

Guillermo Otano

Coordinador de la Red Justicia en Minería

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