Colombia – SJR-Colombia. Caminantes en las fronteras de la exclusión
El Servicio Jesuita a Refugiados-Colombia se encuentra inmerso en un momento institucional lleno de desafíos motivados en gran medida por la situación socio política que vive Colombia. El país se encuentra en un momento de transición política interesante que plantea retos al JRS.
Nueva configuración de política social y de las relaciones diplomáticas en Colombia
La llegada de Gustavo Petro al gobierno en mayo de 2022 representa una apuesta por un gobierno social y de derechos que llena de esperanza a buena parte de la sociedad colombiana cansada tras décadas de conflicto armado. Pero el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela ha supuesto la apertura oficial de las fronteras,que en teoría se han convertido en lugares más seguros. Pero la realidad es que gran parte de la población en tránsito continúa utilizando puntos irregulares fronterizos, ya que los accesos a oficiales continúan controlados por grupos armados que promueven el uso de los pasos ilegales existentes a ambos lados de la frontera colombo-venezolana. De igual manera a pesar de la situación de emergencia humanitaria que se vive en la vecina Venezuela, la comprensión del gobierno frente a los flujos migratorios, hacen que no se consideren ya migraciones forzadas, sino económicas.
Otro elemento que influye en el día a día del JRS es el incremento del conflicto y la violencia en Colombia, especialmente en el último año y medio. Grupos armados sustentados por actividades económicas ilegales, como el narcotráfico, amenazan y fuerzan a la población a abandonar sus hogares en rutas de desplazamiento, incluso el interior de los municipios, ya que en las ciudades existen fronteras invisibles. Esta situación es más manifiesta en el Pacífico, en la zona de Buenaventura, en el Valle del Cauca y en el departamento de Nariño. Tras los Acuerdos de Paz, las FARC abandonaron su actividad y los grupos armados comenzaron una disputa territorial que obligan a la población a confinarse por cuestiones de seguridad. Se trata de grupos que no buscan poder político, sino poder económico y territorial y la ciudadanía vuelve a ser víctima del terror y la violencia una vez más. En medio de esta delicada situación existe población migrada extranjera con necesidad de protección internacional, principalmente procedente de Venezuela, pero también población colombiana que ha retornado a su país, y que ahora se ven envueltas en una situación de doble desprotección, ya que corren riesgo de acabar en una red de trata de personas y se da mucha violencia de género. En este sentido es muy importante denunciar el riesgo que sufren las mujeres, las mujeres gestantes y la infancia con el conflicto, pero sin olvidar a los hombres jóvenes, por el riesgo de reclutamiento forzado a los grupos armados.





