Imágenes de la portada: De Rubaya en RDC, Ivan Benitez-Alboan, Radio Huayacocotla-México, Xavier Jeyaraj y de los archivos del SJES.  Diseño: Rakesh Mondol SJ, (CCU)

Minería:

¿Bonanza o ruina?

Secretariado para la Justicia Social y la Ecología (SJES)

Curia General de la Compañía de Jesús

Borgo Santo Spirito 4, 00193 Roma, Italia

Editor         : Xavier Jeyaraj SJ

Editores asociados         : Guillermo Otano Jiménez (JiM), Maria Pia Pirelli y José María Bernal SJ

Coordinadores de publicación   : Boris Foka Wadem SJ y Rossana Mattei

El Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Curia General de la Compañía de Jesús publica Promotio Iustitiae (PJ) en español, francés, inglés e italiano en la página web: www.sjesjesuits.global. Allí podrá acceder a todos los números editados desde el nº 49, de marzo del año 1992.

La última versión impresa de Promotio Iustitiae § 101 se publicó en el año 2009, posteriormente fue publicada solamente en la versión electrónica.  Por tanto, le recomendamos que impriman una copia de los ejemplares para colocarlos en lugares comunes- como librerías, o salas de lectura- donde puedan ser leídas.

Si desean hacer algún breve comentario sobre un artículo será, sin duda, bien recibido. De igual modo, si desean enviar una carta para su inclusión en un próximo número de Promotio Iustitiae, utilicen por favor esta dirección de correo electrónico: sjes-com@sjcuria.org

Les animamos a reproducir los artículos total o parcialmente siempre que lo consideren oportuno, agradeciéndoles que citen a Promotio Iustitiae como fuente y que envíen una copia de su publicación al Editor.

Índice

Editorial

Xavier Jeyaraj, SJ

Transiciones energéticas, extracción de minerales y el reto de la justicia

Anthony Bebbington

Expansión de la minería metálica en la Amazonía: impactos sociales y políticos

Javier Arellano-Yanguas

El P. Stan Swamy y la resistencia de los pueblos adivasis (indígenas) al desplazamiento y la desposesión causados por la minería

Antony Puthumattathil (PM), SJ

India: El proyecto de extracción de carbón mineral a cielo abierto en Piparwar

Tony Herbert, SJ

Las minas de carbón y el movimiento pro derechos humanos en Jharkhand

Tom Kavala, SJ

David vs. Goliat: Extractivismo y organización comunitaria en la sierra norte de veracruz (México)

Raúl Cervera, SJ

La minería extractiva en República Dominicana: una mirada desde las comunidades locales

Heriberta Fernandez Liriano

La irracionalidad extractivista en Honduras: caso Guapinol

Elvin Fernaly Hernández Rivera

Investigación para la justicia ambiental: Zonas de sacrificio en Perú y Honduras y solidaridad jesuita

Fernando Serrano, PhD, MA

Forjar una coalición intersectorial en pro de la justicia climática en el Territorio Septentrional de Australia

Jack Piper

Derechos humanos y transición energética en la República Democrática del Congo

Jacques Nzumbu, SJ y Victor Reyes

Responsabilidad empresarial y cadenas de suministro de minerales: Lecciones aprendidas de los "minerales de conflicto”

Guillermo Otano Jiménez

Sobre los autores

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

Editorial

Xavier Jeyaraj, SJ

La extracción incesante de minerales del subsuelo comenzó en el Neolítico. Sin embargo, con la revolución industrial, la extracción de minerales se multiplicó. Con la revolución industrial 3.0 y 4.0, se ha dado un gran salto hacia la automatización, la informatización, la electrónica e internet, que requieren minerales disponibles sólo en algunos países del sur global. Con el crecimiento científico y tecnológico del siglo pasado, la actividad minera aumentó para hacer la vida humana más fácil y cómoda. Hoy dependemos de estos productos para nuestra salud, conocimiento, transporte, ciencia, electrodomésticos, etc. Para satisfacer la demanda de los consumidores y la economía de mercado orientada al beneficio, las empresas mineras llegan a cualquier extremo para explotar los recursos tanto como sea posible y tan rápido como puedan. Pero, ¿a qué coste medioambiental y humano y a costa de quién? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Existe un "límite al crecimiento" ético?

La escala de los impactos sociales y medioambientales de la minería ha alcanzado niveles preocupantes. El ingenio humano y el desarrollo son esenciales, pero no a costa del desequilibrio del medio ambiente y la desigualdad de la vida humana. Así como Caifás dijo que "es mejor que muera un hombre por el pueblo a que perezca toda la nación" (Jn 11:50), antes de permitir que Jesús fuera crucificado en la cruz, en el siglo XX se popularizó el concepto de "zonas de sacrificio". Se trata literalmente de decir que el sufrimiento de algunas, más bien millones de comunidades pobres, en aras del llamado "crecimiento económico" y el "progreso", está absolutamente bien. Es una auténtica crucifixión de las comunidades locales afectadas por la extracción a gran escala de minerales y otras materias primas. La élite gobernante parece decir que sostener un sistema económico depredador es necesario, y que no podemos "volver atrás" mientras las recesiones económicas y sociales sean una realidad con la que hay que lidiar. Esto es lo que el Papa Francisco denuncia en numerosas ocasiones. Es anti-vida, y pone en peligro la Casa Común.

La red Justicia en la Minería, una de las cuatro Redes Globales de Advocacy Ignaciana (GIAN), reúne a centros sociales, ONG y universidades Jesuitas que promueven la ecología integral y la justicia socioambiental en contextos relacionados con la minería. Durante 2021 y 2022, la red ha estado identificando aquellas entidades Jesuitas implicadas en este campo desde una perspectiva de derechos humanos, para entender mejor su trabajo, su contexto, los retos a los que se enfrentan y las oportunidades de trabajo en red e incidencia que tienen por delante.

Esta 135ª edición de Promotio Iustitiae, "La minería: ¿bonanza o ruina?" ha recopilado algunos de estos estudios de casos. Es una continuación y una actualización del PI-118 de 2015 dedicado a la "Gobernanza de los recursos minerales: retos y respuestas", con un enfoque renovado en el trabajo realizado por las personas y organizaciones que colaboran con la red Justicia en la Minería. Estos casos documentados muestran una larga tradición de acompañamiento a las comunidades, en particular a los grupos indígenas, afectadas por conflictos mineros en el sur global. Para complementar su trabajo, las instituciones del norte global, tomando en serio el llamamiento a "tender puentes entre ricos y pobres, estableciendo vínculos de apoyo mutuo" (CG35, D3, # 28) hacen campañas e incidencia pública para defiender los derechos de las comunidades, con las que los centros y organizaciones sociales jesuitas trabajan directamente. Algunas universidades, afortunadamente, han vinculado su investigación sobre las realidades afectadas por la minería con la incidencia pública.

En definitiva, en este número de PI, escuchamos las experiencias concretas de personas y comunidades y sus profundas reflexiones que nos desafían a promover la justicia socio-ambiental y la ecología integral. Los casos compartidos revelan dos prácticas imperantes vitales en la industria extractiva.

En primer lugar, los artículos de PM Tony, T. Herbert, R. Cervera y F. Serrano muestran claramente cómo las agencias gubernamentales favorecen a las empresas mineras y promueven la inversión en el extractivismo, ignorando a los pueblos indígenas y sus derechos territoriales. A su vez, T. Kavala y J. Arellano destacan la débil o nula implementación de los derechos constitucionales y legales de los pueblos indígenas.

En segundo lugar, los casos expuestos ponen en evidencia cómo las empresas mineras operan únicamente con fines de lucro, evadiendo toda ley y regulación vinculante nacional e internacional antes, durante y después de extraer los minerales. Hacen caso omiso de

a) el derecho al consentimiento libre, previo e informado de la población local (E. Hernández);

b) los derechos laborales de los menores y el abuso de mujeres y niños (J. Nzumbu & V. Reyes);

c) la unidad e integridad territorial de los pueblos indígenas junto con la naturaleza a través de la inducción, asimilación, intimidación de los líderes -ayudados e instigados por las instituciones públicas- e incluso amenazándolos de muerte, o llegando a eliminarlos (E. Hernández, T. Kavala); y

d) afectando a la salud y a los medios de vida de las personas (F. Serrano) y a la salud del medio ambiente a través de la deforestación, la contaminación del agua, del aire, de la agricultura, provocando desplazamientos y migraciones (PM Tony).

A pesar de estos peligros, la buena noticia es que algunos están dispuestos a arriesgar sus propias vidas y están preparados para defender la verdad y la justicia y defender la vida de las personas. De hecho, es un consuelo ver que, a lo largo de los años, algunos centros sociales jesuitas han surgido como organizaciones modelo que están dispuestas a recorrer kilómetros extras para estar con los vulnerables y acompañarlos en sus momentos difíciles. Estos estudios de caso proceden de algunos de los centros sociales jesuitas en el sur global, a saber, Bagaicha y Prerana Resource Centre en la India central; Centro Montalvo en la República Dominicana; Radio Huayacocotla en la Provincia Mexicana de Huayacocotla, Sierra Norte de Veracruz; ERIC-Radio Progresso en Honduras; Centro Arrupe para la Investigación y la Formación (Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation - CARF) en Lubumbashi, en la R.D. del Congo; pero en la medida en que la minería hoy está más conectada que nunca con dinámicas económicas globales, este número especial también incluye contribuciones de ONG Jesuitas del norte global, tales como la Fundación Alboan en España, Canadian Jesuit International y Jesuit Social Services – Australia. Algunas de estas historias muestran experiencias exitosas de colaboración entre organizaciones de diferentes Conferencias Jesuitas (J. Nzumbu & V. Reyes, G. Otano, F. Serrano), a través de coaliciones nacionales o  regionales (H. Fernandez, J.Piper), incluso colaboraciones entre organizaciones o centros cociales y Universidades Jesuitas, como la Universidad de St. Louis (F. Serrano), en Estados Unidos o la Universidad de Deusto (J. Arellano) en España. Su trabajo de acompañamiento, servicio, formación, investigación, documentación e incidencia incluye a) campañas y presión para conseguir una legislación y unas prácticas respetuosas con los derechos humanos; b) compromiso con los responsables políticos y de la toma de decisiones en las empresas y en los gobiernos; c) mantenimiento de la lucha en curso por los derechos a la autodeterminación, la autonomía, la dignidad, la vida decente y el sustento mediante la creación de coaliciones, la realización de foros, la organización de comunidades, etc.; d) investigación, documentación, publicación y emisión de programas de radio; y e) promoción del discurso en torno a las prácticas mineras responsables.

¿Qué puedo hacer yo, como individuo, para caminar con los pobres y vulnerables y cuidar de nuestra casa común? El reto principal es colaborar. Ninguna persona sola ni ninguna organización bienintencionada puede lograr un cambio social significativo. Una transformación social sustancial requiere la colaboración en forma de alianza o coalición amplia. En segundo lugar, necesitamos una plataforma de diálogo para aumentar la concienciación y nuestras preocupaciones colectivamente, escuchándonos unos a otros. En tercer lugar, debemos exigir, a pesar de los peligros, que los gobiernos cumplan con sus deberes éticos y democráticos, defiendan los derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos y faciliten el acceso a la justicia (G. Otano). Por último, debemos discernir juntos, ya que necesitamos claridad, conocimiento y comprensión de la justicia y del sistema de gobierno actual. Pero ello requiere "humildad" para reconocer, dialogar y discernir los diversos intereses que están en juego en torno a la expansión de las actividades mineras, y valor para denunciar las malas prácticas, defender los derechos de los más vulnerables y luchar contra las fuerzas que pretenden reducir el espacio cívico y el debate público (A. Bebbington).

Original inglés

Traducción Maria Pia Pirelli

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

Transiciones energéticas, extracción de minerales y el reto de la justicia

Anthony Bebbington

Director del Programa de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Fundación Ford

La Transición[1] Energética Justa está en todas partes... y también en ninguna. Parece estar en todas partes en el sentido de que cada vez más organizaciones y activistas hablan de ella: los anuncios de eventos sobre la Transición Justa aparecen en nuestros buzones de correo electrónico, los gobiernos negocian asociaciones para la Transición Energética Justa (TEJ), las organizaciones filantrópicas se comprometen a apoyar las transiciones energéticas justas  y los académicos escriben sobre las transiciones justas (véase las páginas de la revista  Energy Research and Social Science). Pero, a su vez, las TEJ no están en ninguna parte. No existe ningún caso empírico de transición energética que pueda calificarse de "justa", y hay pocos casos de países que hayan descarbonizado porcentajes importantes de sus sistemas energéticos. Las TEJ tampoco están en ningún lado porque, aunque pueda haber cierto acuerdo conceptual en que la transición debe implicar en última instancia la plena descarbonización de la energía, hay poco o ningún acuerdo sobre cómo sería la justicia en dicha transición. Las TEJ no existen ni en forma empírica ni en forma conceptual. La TEJ es una aspiración, quizá incluso un significante vacío.

Y, sin embargo, muchos de nosotros seguimos trabajando con la idea precisamente porque es una aspiración que motiva y un término que crea espacio para el debate sobre el futuro de la energía y los minerales. En la Fundación Ford hemos adoptado el término, al mismo tiempo que lidiamos con su significado. Aquí expongo algunas de nuestras exploraciones para esbozar lo que pueden ser retos relevantes para otros actores interesados en las TEJ. Comienzo con una breve descripción de cómo hemos enfocado la cuestión de la transición justa. A continuación, comento las posibles relaciones entre la transición energética y las tendencias de la dinámica minera. Por último, el documento concluye con una reflexión sobre el problema de la justicia en la transición energética justa y los fundamentos políticos que podrían contribuir a hacer realidad las transiciones energéticas justas.

Aunque aquí no hay conclusiones, quizá haya dos metamensajes. En primer lugar, conviene pensar en la transición energética como una transformación sistémica. Si el control y los flujos de energía constituyen una de las bases fundamentales de la organización económica y social, una transición en los sistemas de producción, distribución y control de la energía conlleva la posibilidad de un cambio social sustancial. Estas transformaciones van mucho más allá del alcance de una sola organización, lo que significa también que las organizaciones que trabajan en la transición energética justa necesitan tener claro a qué tipo de transformación del sistema pretenden contribuir. Esto, a su vez, significa tener claro lo que quieren/queremos decir cuando invocan la "justicia". En segundo lugar, comprender la cuestión de la "transición justa" requiere humildad ante la probabilidad de que una organización que trabaje en esta cuestión tenga que aceptar que muchas de sus decisiones serán la "segunda mejor opción”. Estas decisiones sobre "qué hacer" acabarán privilegiando ciertas justicias sin tener una justificación suficientemente sólida de por qué lo hacen.

El viaje de Ford hacia los recursos naturales: del derecho a los recursos a las transiciones justas

El programa de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Fundación Ford busca fortalecer los derechos de acceso, control y gobernanza de los recursos naturales ejercidos por comunidades locales, indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales en busca de su autodeterminación. Hemos trabajado en zonas de bosques tropicales ocupadas o reclamadas como territorio por comunidades locales y donde inversores y otros actores externos están ejerciendo presión sobre estas tierras. Así como en zonas con yacimientos de minerales o hidrocarburos, también ocupadas por comunidades locales e indígenas, que sufren la presión de las industrias extractivas.

Estas dos líneas de trabajo nos llevaron al tema de la transición justa. Aunque nuestro trabajo de apoyo a la titulación, autogobierno y defensa de tierras y territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes se basaba en un compromiso con los derechos humanos y la justicia social, esta línea de financiación también estaba relacionada con cuestiones de cambio climático. Esto se debe a que cualquier vía para mitigar el cambio climático debe pasar por la protección de los bosques primarios, dada su importancia para la captura y el almacenamiento de carbono. Un porcentaje importante de los bosques que quedan en el mundo se encuentra en territorios indígenas, y muchos estudios han demostrado que cuando se reconocen y protegen los derechos de estas poblaciones, es mucho más probable que estos bosques sigan en pie[2]. Fortalecer estos derechos es, por tanto, una parte fundamental de la transición hacia un mundo habitable, y el propio fortalecimiento y protección de estos derechos hace que esta transición sea más justa.

Nuestro trabajo también nos conectó con otras vías hacia una transición justa. Por ejemplo, en Indonesia, Sudáfrica y Colombia trabajamos o hemos trabajado con comunidades cuyos derechos han sido vulnerados por la minería del carbón. Estas violaciones son varias: despojo de tierras, impactos en la salud, contaminación, y violencia contra las familias, las mujeres y los defensores del medio ambiente. Al mismo tiempo, en un contexto como el de Indonesia, la minería del carbón implica deforestación. A nivel mundial, Indonesia es el país que más bosques ha perdido debido a la minería a gran escala, especialmente en las zonas donde se concentra la extracción de carbón.[3] En otro estudio, mapeamos los casos de ahogamiento en el Kalimantán Oriental, mostrando que estos ahogamientos (a menudo de jóvenes) se producían sistemáticamente en las lagunas de agua dejadas por las minas de carbón, que no hacen un trabajo de remediación ambiental tras el cierre de sus explotaciones.[4] Estas experiencias nos conectaron con organizaciones que luchan por eliminar la minería del carbón y favorecieron una primera conexión con la transición energética justa.

En casi todos los países en los que trabajamos, la conexión con el debate sobre la transición ha sido también a través de nuestro trabajo sobre los efectos locales y comunitarios de la minería metálica. La transición energética exigirá un uso mucho mayor y más intensivo de muchos minerales.[5] Algunos minerales se denominan "tierras raras", otros son minerales que hasta ahora no se han extraído tanto, como el litio y el cobalto, y otros son minerales conocidos, como el cobre, el níquel, el hierro y el aluminio. Empezamos a ver planes o relatos en los que las empresas o los gobiernos hablan de aumentar la minería para extraer los minerales necesarios para responder al cambio climático. La transición conlleva los ya conocidos desafíos que plantea la minería[6]: consultas previas inadecuadas, reasentamientos humanos, pocos beneficios locales, conflictos y divisiones dentro de las poblaciones locales, etc. Volveré sobre este tema en la siguiente sección.

Por último, conectamos con los problemas relacionados con las nuevas inversiones en energías alternativas, especialmente la eólica y la solar: problemas de consultas inadecuadas o ausentes, impactos en las estrategias de subsistencia de las poblaciones locales, despojo de tierras, etc.

En estos diferentes contextos, nuestro argumento ha sido que un componente clave de la transición justa tiene que ser el reconocimiento de los derechos de estas diversas comunidades por dos razones. En primer lugar, este reconocimiento de los derechos es necesario para hablar de la justicia de cualquier transición, ya sea energética, climática, política o económica. En segundo lugar, y de manera más instrumental, cuanto más fuertes, reconocidos y mejor protegidos estén los derechos de las comunidades, más sostenible será la gestión de los recursos naturales. Esto se debe a que, como se ha mencionado anteriormente, los bosques están mejor protegidos cuando se reconocen los derechos de las comunidades a la tierra, el territorio y el autogobierno. Además, en el caso de la extracción de minerales de transición, cuando se produce una violación de los derechos debido a la inversión minera, existe una mayor probabilidad de conflicto social. Estos conflictos provocan retrasos y costes, lo que implica demoras en la extracción de los minerales necesarios para descarbonizar los sistemas energéticos.[7]

Se podría objetar que el énfasis en los derechos de las comunidades que viven donde se produce la energía y donde se extraen los minerales necesarios para descarbonizar los sistemas energéticos ignora los derechos, igualmente legítimos, de las comunidades que necesitan un mayor acceso a la energía, así como de las comunidades futuras cuyos derechos se verán comprometidos por el cambio climático y que, por tanto, tienen interés en la rápida descarbonización de los sistemas energéticos. Este enfoque es, de hecho, una limitación, tanto en nuestra forma de pensar sobre el concepto de "justicia" en las transiciones justas como en las condiciones políticas que harán posible una transición justa. Hablaré de estos dos problemas a continuación, tras una reflexión sobre la dimensión minera de la descarbonización de los sistemas energéticos.

La intensidad minera de la transición energética

Las organizaciones de la sociedad civil han empezado a darse cuenta de que la transición energética irá necesariamente acompañada de una intensificación de la extracción de minerales, aun cuando algunos grupos han evitado la cuestión por temor a que pudiera utilizarse como argumento para frenar el despliegue de las energías renovables. Sin embargo, en los dos últimos años, las implicaciones de la intensidad mineral de la transición energética han atraído mucha más atención y se han debatido en varios actos paralelos a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (las denominadas COP de la CMNUCC) celebradas en Egipto y Escocia.

La escala de expansión minera que requiere la transición energética es enorme. Aunque existen diferentes estimaciones en la literatura, todas son elevadas. Por ejemplo, se calcula que la energía solar requiere entre 11 y 40 veces más cobre por unidad de energía producida que las fuentes fósiles. Se calcula que las turbinas eólicas "necesitan hasta 14 veces más hierro que la generación de energía a partir de combustibles fósiles".[8] Si se satisface plenamente la demanda prevista de cobre, según los investigadores del Instituto de Minerales Sostenibles de la Universidad de Queensland, entre 2000 y 2050 la minería del cobre producirá un 900% más de relaves que durante todo el siglo XX. La demanda de litio, cobalto y níquel —todos ellos necesarios para las baterías que almacenan la electricidad solar y eólica, y más concretamente para los vehículos eléctricos— también crecerá en órdenes de magnitud. Un estudio del Banco Mundial estima que la producción de cobalto tendrá que crecer un 500% de aquí a 2050.[9]

No hay motivos para suponer que los impactos de esta fase de extracción minera vayan a ser diferentes de los anteriores. En la medida en que las empresas son las mismas, los trabajadores son similares y han sido formados en las mismas escuelas, y las leyes y reglamentos no han cambiado mucho, parecería lógico suponer que la dinámica de extracción y su relación con el medio ambiente y las comunidades será similar. De los impactos que han caracterizado las anteriores rondas de expansión minera, se pueden destacar los impactos sobre los derechos humanos, el espacio cívico y los defensores del medio ambiente. Los datos de Global Witness muestran que una media de cuatro defensores son asesinados a la semana, y el sector minero ha sido el más peligroso para los defensores.[10] Las empresas mineras también utilizan los litigios para acallar las voces disidentes, especialmente a través de los llamados Litigios Estratégicos contra la Participación Pública (o SLAPPs por su acrónimo en inglés). El Centro de Empresas y Derechos Humanos identificó 355 casos de SLAPPs entre 2015 y 2021, de los cuales el 30 por ciento involucró al sector minero —y el sector minero tuvo más casos que cualquier otro.[11] El temor no es solo que estas tendencias continúen, sino también que algunos de estos impactos puedan ser aún más graves en esta próxima fase de expansión minera, y por varias razones.

Una de las razones es que todos los índices de la calidad de la democracia y el espacio cívico señalan un deterioro global. El International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) informa de que entre 2012 y 2018, al menos 72 países propusieron o aplicaron restricciones legales a la sociedad civil.[12] Según Freedom House, 2019 marcó 14 años continuos de deterioro de las libertades cívicas, con disminuciones en 25 de las 41 democracias establecidas.[13] Esta tendencia empeoró durante el COVID. ICNL identificó 54 países que han legislado medidas para limitar la libertad de expresión y 136 que han introducido medidas que restringen la libertad de reunión.[14] Cabe preguntarse cuánto margen hay para una transición justa cuando los contextos políticos y democráticos se vuelven cada vez más hostiles al ejercicio de los derechos.

En segundo lugar, esta fase de extracción corre el riesgo de acarrear graves repercusiones medioambientales. Por un lado, tenemos la simple cuestión de la escala. Supongamos que se calcula que la extracción de cobre durante la primera mitad de este siglo producirá un 900% más de relave que durante el siglo XX. En ese caso, esto implica un enorme aumento de la huella sobre el medio ambiente. La extracción de litio en los Andes de Chile, Argentina y Bolivia causará daños irreparables a los salares donde se encuentra el litio. Para extraer el litio, no queda más remedio que drenar y destruir los salares, que proporcionan servicios ecosistémicos y culturales a la fauna, la flora y las comunidades circundantes. Alrededor del 70% del cobalto que se extrae en el mundo procede de los bosques de la República Democrática del Congo (donde también se extraen importantes cantidades de cobre). La extracción de níquel en Indonesia se ha extendido a zonas forestales y tierras comunales, y el gobierno está promoviendo el níquel como una mercancía estratégica para el país. Tanto en la RDC como en Indonesia, la extracción de minerales para la descarbonización produce efectos que provocan emisiones de gases de efecto invernadero (a través de la quema de bosques) y la pérdida de capacidad de captación del carbón.

Estos impactos ambientales son simultáneamente sociales: influyen en los entornos y paisajes que constituyen las bases de los medios de vida y los sistemas simbólicos de las poblaciones que ocupan y utilizan estos lugares. Un estudio reciente concluye que una "eliminación completa del carbón podría perturbar los sistemas demográficos con un mínimo de 33,5 millones de personas, y otros 115,7 millones de personas si todos los proyectos ETM (minerales de transición energética) disponibles entran en producción". Un estudio complementario concluye que alrededor del 54% de los minerales de transición actualmente proyectados se encuentran en tierras de pueblos indígenas y campesinos o cerca de ellas. Los impactos adversos y los desplazamientos que se derivarían de esta minería constituyen injusticias. Y la pérdida de entornos no sustituibles constituye una injusticia para las generaciones futuras, que no tendrán la posibilidad de conocer hábitats y especies específicos y no habrán tenido voz en la toma de las decisiones que llevaron a negarles esta posibilidad.

Por último, este ciclo de expansión minera tiene lugar dentro de narrativas sobre la urgencia de reducir sustancialmente las emisiones antes de 2030 para evitar un calentamiento global que supere los 1,5 o 2 grados Celsius. "La urgencia" es una narrativa que se presta a la justificación de muchas cosas que, en otros contextos, serían cuestionadas. He oído a ejecutivos mineros decir, parafraseando: "¿Cómo vamos a convencer a las comunidades de que, pase lo que pase, tenemos que extraer estos minerales?". Las narrativas de la urgencia también pueden prestarse a formas de gobierno autoritario expresadas en decretos especiales de "interés nacional", especialmente en contextos en los que las restricciones del espacio cívico ya están aumentando. Las narrativas de la urgencia pueden justificar la creación de zonas de sacrificio en las que se pide un sacrificio en nombre del bien común, no sólo para el crecimiento económico nacional. El sacrificio se convierte en "necesario". ¿Cómo puede entenderse y perseguirse la "justicia" en estos contextos tan complicados?

En busca de la justicia

Aunque la idea de una transición justa surgió del movimiento sindical, en estas transiciones están en juego muchos tipos de justicia, injusticia y desigualdad. Un primer tipo es, en efecto, la justicia para los trabajadores afectados por el cierre de las minas o centrales térmicas donde trabajaban o de las que dependían. Por citar un ejemplo, en el complejo carbonífero sudafricano de Mpumulanga —un extenso paisaje con una red de minas y centrales eléctricas interconectadas que produce el 83% del carbón de Sudáfrica— están en juego unos 120.000 puestos de trabajo sólo en el sector minero y eléctrico.

Un segundo tipo es la justicia para las comunidades que dependen de estas economías del carbono. Siguiendo con el ejemplo de Mpumalanga, se trata de comunidades cuya calidad de vida, y salud humana, se han visto perjudicadas durante mucho tiempo por la presencia de minas y centrales eléctricas (se calcula que cada año mueren 5.000 sudafricanos como consecuencia de la contaminación en este cinturón de carbón). Una transición justa tendría que abordar estos impactos negativos para dichas comunidades. Combinaría la reparación de estas injusticias acumuladas, el cierre del complejo del carbón que tanto daño les ha hecho y la creación de nuevas economías que permitieran nuevos y mejores medios de vida y subsistencia.

Un tercer tipo de justicia en juego se refiere a las demandas de las comunidades —principalmente peri- urbanas y rurales— que no tienen acceso a la energía. Dado que la matriz energética basada en los fósiles no les proporciona un acceso adecuado a la energía y la electricidad, sus demandas serían presumiblemente que cualquier sistema que lo sustituya les proporcione un mayor acceso a la electricidad que el sistema actual. Si los dos primeros ámbitos de justicia arriba mencionados tienen que ver con el lado de la oferta de energía, este ámbito gira en torno al lado de la demanda y la necesidad.

Un cuarto tipo de justicia surge de las demandas de las comunidades donde se sitúan las nuevas inversiones en energías renovables, inversiones que siempre requieren el acceso a porciones significativas de tierra o mar. La literatura emergente documenta los impactos nocivos de los parques eólicos y solares en las comunidades donde se construyen por falta de consulta previa, impactos en los sistemas de pastoreo o pesca, pérdida de valor paisajístico, etc.[15] El caso del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca es uno de ellos,[16] la región de La Guajira en Colombia otro —donde el territorio histórico del pueblo Wayuu tiene la desafortunada experiencia de ser a la vez una región de extracción de carbón, con la presencia de una de las minas de carbón más grandes de América Latina, El Cerrejón, y un territorio de inversión en energías renovables. En las reuniones en las que participé durante 2022, los líderes wayuu hablaron de despojo, nuevas divisiones en las comunidades, conflictos violentos entre familias y procesos de consulta ausentes o capturados por intereses específicos.

En quinto lugar están las injusticias que sufren los intereses que no tienen voz. En la medida en que la naturaleza se entiende como sujeto de derechos, ello implica que también es sujeto de justicia, una justicia que no puede exigir por sí misma, pero que otras partes pueden exigir en su nombre. Del mismo modo, en la medida en que se acepta la noción de que hay componentes del paisaje que son actores con identidad, también pueden ser sujetos de justicia. Este es el argumento (aunque con otras palabras) de la antropóloga Marisol de la Cadena, que habla de los cerros de Perú amenazados por la minería donde residen espíritus, o Apus.[17] Si la destrucción tanto de los Apus como de la naturaleza con derechos crearía injusticias, la implicación es que una transición justa tendría que hacer justicia a estas entidades e implicar al menos su protección. Igualmente sin voz están los derechos de las generaciones futuras. Supongamos que una transición debilita o viola los derechos de los no nacidos. En ese caso, crea injusticia —aunque la ausencia de una transición energética también violará los derechos de estas generaciones debido a los múltiples impactos que el calentamiento global continuado tendrá en el mundo que habitarán.

Por último —para este debate— están las injusticias creadas por las relaciones coloniales Norte-Sur, las relaciones de clase y las relaciones históricas de desigualdad. Estas son las injusticias que subyacen a las demandas de fondos por "pérdidas y daños" en el proceso de las COP de la CMNUCC, demandas que finalmente recibieron una respuesta en la COP 27.[18]

La coexistencia de estas distintas justicias presenta múltiples desafíos. La posibilidad de que distintos grupos de interés —todos pobres o al menos todos excluidos de los actuales procesos de toma de decisiones― busquen diversas formas de justicia implica que determinadas formas de buscar justicia o de responder a la crisis climática pueden crear tensiones y conflictos entre distintos grupos y distintas fracciones del movimiento ecologista. Pueden surgir fracturas y tensiones entre los grupos que quieren acelerar la transición a las energías renovables y las poblaciones indígenas y de otro tipo que temen las muchas injusticias que esa transición acelerada podría crear para las comunidades rurales.

Para las organizaciones que trabajan en estos temas, los retos son evidentes. Ante tantas justicias diferenciadas, ¿cómo prioriza una organización qué tipo de justicia plantear? ¿cómo prioriza una organización ante contextos diferenciados en los que, por ejemplo, la cuestión laboral es central en unos casos y no en otros, o en los que el acceso a la energía es muy desigual en unos casos y no en otros? Incluso si uno se niega a priorizar, ¿cómo puede justificar el argumento implícito de que todas estas injusticias tienen el mismo peso? Otro reto que sugiere esta diversidad de tipos de justicia tiene que ver con la construcción de alianzas políticas a favor de la transición energética. ¿Cómo imaginar la construcción de alianzas basadas en intereses diferentes, potencialmente contrapuestos?

Por supuesto, quienes deben asumir los principales costes de la transición energética y quienes deben resolver este problema de alianzas políticas son los emisores históricos de gases de efecto invernadero. Desgraciadamente, los países occidentales no lo están haciendo bien en este sentido. Una parte importante del capital financiero radicado en las economías occidentales sigue invirtiendo en la extracción de hidrocarburos. Según el Informe sobre la Brecha de Producción de 2020, los gobiernos invirtieron más fondos de sus paquetes de recuperación post-Covid en energías fósiles que en energías limpias: 233 billones de dólares frente a 146 billones.[19] El informe de Rainforest Action Network, "Banking On Climate Chaos", concluye que, tras los Acuerdos de París, entre 2015 y 2021, los 60 mayores bancos comerciales del mundo habían invertido 3,8 billones de dólares en proyectos basados en energías fósiles.[20] Un comentarista señala que es "sorprendente que, a diferencia de cualquiera de [los] otros sectores implicados en la aceleración del calentamiento global, no haya ni uno solo de los 60 principales bancos comerciales que haya apostado por una posición de liderazgo en la descarbonización". [21]

Estos son indicadores de la falta de interés que muestran diversas élites económicas y políticas por lograr una transición justa. También reflejan el peso de la injusticia Norte-Sur en estos debates y la dificultad de construir alianzas que puedan servir de bases políticas sólidas para sostener los procesos de transición. Sin embargo, nunca habrá una transición energética justa sin un actor político con el poder y la capacidad de convocar y llevar a cabo dicha transición. Frente a muchas fuentes de resistencia, el único camino hacia una transición justa se basa en alianzas de amplia base. La construcción de estas alianzas exigirá debates duros y francos sobre los diferentes intereses de los distintos grupos y las diferentes justicias que exigen.

Para que estas alianzas se forjen, estos debates deben llegar a acuerdos sobre las compensaciones aceptables entre los tipos de justicia que apoyan los diferentes intereses en el acuerdo. Una transición justa no se caracterizará por haber identificado la versión "correcta" de la justicia, sino por alcanzar acuerdos políticos sobre una forma de transición que satisfaga los derechos básicos y las preocupaciones de los diversos intereses. No será un camino fácil. Implica luchar contra las fuerzas que pretenden reducir el espacio cívico y el debate público. Implica que haya una representación adecuada de aquellos intereses que no tienen voz. Y, sobre todo, implica sostener acuerdos en los que todas las partes deben transigir y, a menudo, aceptar una justicia de segunda.

Original inglés

Traducción Guillermo Otano

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

Expansión de la minería metálica en la Amazonía: impactos sociales y políticos

Javier Arellano-Yanguas

Universidad de Deusto, España

Introducción[22]

La Amazonía ha sido históricamente percibida como una tierra de promisión. Desde principios del nuevo milenio, la creciente demanda global de carne, madera y petróleo ha multiplicado su destrucción. Paradójicamente, en la última década, la necesidad de obtener minerales críticos para la transición energética ha reforzado la presión sobre esta región singular del planeta.

La selva amazónica contiene grandes depósitos de cobre, estaño, níquel, hierro, bauxita, manganeso y oro. Entre 2000 y 2015 la minería fue responsable del 9% de la deforestación total que sufrió Brasil, alcanzando la cifra de 11.670 km^2, llegando los efectos negativos hasta 70 km más allá del borde de las concesiones (Science Panel for the Amazon, 2021a). Actualmente, en la Amazonía hay aproximadamente 45.000 concesiones mineras vigentes o en espera de aprobación, de las cuales 21.536 se solapan con áreas protegidas y territorios indígenas (ibid.). Estas concesiones cubren alrededor de 1,28 millones de km^2, lo que supone un 18% del total de la superficie amazónica.

La minería genera diferentes efectos en la Amazonía. Mientras que minerales como la bauxita, el cobre y el hierro son extraídos legalmente por grandes empresas, la minería del oro es, en gran medida, informal/ilegal. Tanto la minería a gran escala como la minería ilegal tienen efectos nocivos sobre el medio físico. Algunos de estos efectos son directos. Por ejemplo, generan contaminación que, debido a la alta pluviosidad, se expande de manera difícil de controlar. También se generan efectos físicos indirectos al construir nuevas carreteras que facilitan el acceso de empresas madereras, ganaderos y agricultores, y, en general, fragilizan el control territorial de los indígenas y poblaciones locales.

Además de estos impactos físicos, la minería genera cambios sociales y políticos inadvertidos, cuyos efectos son frecuentemente más duraderos y acaban afectando también al medioambiente. Esas transformaciones ‘intangibles’ tienen efectos negativos sobre las poblaciones locales y su capacidad de decidir su futuro. Pero, además, abren a menudo la puerta a otras transformaciones físicas con fuerte impacto sobre el ecosistema, como la tala y la minería ilegal. Es crucial tener en cuenta este tipo de efectos indirectos cuando se plantean operaciones mineras en la Amazonía.

¿Qué sabemos sobre los impactos sociales y políticos de la minería en la Amazonía?

Pocos estudios abordan los impactos sociales y políticos de la explotación minera de mediana y gran escala en la Amazonía (Cruz et al., 2021; Quiliconi & Rodriguez Vasco, 2021; Ramos-Cortez & MacNeill, 2022). Estos estudios revelan que, en las operaciones ya establecidas, la población asume la coexistencia forzada con la actividad minera. En estos casos, el nivel de satisfacción o el riesgo de conflicto están ligados a los impactos económicos, sociales y medioambientales de la actividad. Si las empresas invierten en compensar esos impactos, las poblaciones renuevan de manera tácita su Licencia Social para Operar (LSO). Se trata de una negociación implícita entre empresas y poblaciones locales que se encuentra en constante revisión, dando lugar a equilibrios inestables. En este contexto, conflictos de baja intensidad son recurrentes y marcan la apertura de nuevos procesos de negociación para determinar nuevos puntos de equilibrio entre los intereses de la población y los de las empresas (Arellano-Yanguas, 2011).

Otros estudios se centran en los impactos sobre el medioambiente amazónico y sobre el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno de sus territorios (Quijano Vallejos et al., 2020). Estos derechos, aunque son frecuentemente reconocidos por legislaciones nacionales, son erosionados, cuando no directamente contradichos, por los procesos de concesión de derechos mineros y por las prácticas de corporaciones y autoridades públicas (Sawyer & Gómez, 2008).

Dada la relativa escasez de estudios directos sobre los impactos sociales y políticos de grandes operaciones mineras en la Amazonía, es interesante abordar esta revisión desde una doble perspectiva. En primer lugar, identificamos los impactos que son similares a cualquier entorno rural próximo a una operación minera. En segundo lugar, señalaremos qué diferencia a la Amazonía de otras potenciales localizaciones de operaciones mineras.

2.1. Impactos sociales y políticos de proyectos mineros en el entorno rural

Los impactos sociales y políticos que se dan en el entorno de una operación minera se pueden diferenciar según las distintas fases de desarrollo de la operación. En la primera fase, cuando una empresa comienza su actividad, la interacción con la población local queda marcada por la generación de expectativas y el establecimiento de relaciones poco transparentes con distintos grupos de pobladores (Salas Carreño, 2008). Frecuentemente, el anuncio de actividades mineras conlleva la aparición de movimientos de resistencia y conflictos. En ese contexto, las empresas necesitan obtener la LSO o permiso de las poblaciones locales para trabajar en su territorio. La LSO conlleva la existencia de un permiso explícito o tácito que queda en entredicho con la existencia de conflictos sociales y movimientos de resistencia. De ahí que, en estas primeras fases, las empresas mineras se centren en evitar conflictos o, alternativamente, en minimizar su impacto sobre su capacidad para trabajar y para atraer a los inversores que deben financiar los costos de exploración y, eventualmente, construcción de la operación (Franks et al., 2014). Estos condicionantes llevan a las empresas a amplificar los potenciales efectos positivos de su actividad, generando así altas expectativas de bienestar, mientras que minimizan u ocultan los potenciales problemas. Las promesas de empleo y desarrollo local son los reclamos más frecuentes para promover la adhesión de las poblaciones locales (Bebbington et al., 2008). Mientras que el compromiso de utilizar tecnologías limpias aparecen entre los elementos disuasorios frente a los críticos (ICMM, 2012).

Los resultados de estas estrategias varían dependiendo del contexto. En algunas ocasiones la oposición local genera fuertes movimientos de resistencia, llevando a las empresas a desistir de sus planes (Kröger, 2021; Walter & Wagner, 2021). Estas situaciones existen, pero son poco frecuentes (Orihuela et al., 2022). En el otro extremo, las poblaciones locales están tan convencidas o necesitadas de las bondades de la actividad minera que no existe oposición y las empresas avanzan sin mayores inconvenientes. Estas situaciones también existen, pero son cada vez menos frecuentes. El tercer caso, y el más habitual, es la existencia de visiones e intereses contrapuestos dentro de las comunidades locales (Arellano-Yanguas, 2011). En ese contexto de división, las empresas tratan de quebrar la oposición y fortalecer a sus partidarios.

Frecuentemente, las acciones de las empresas que dividen a las poblaciones locales acaban teniendo impactos negativos en el medio y largo plazo. En primer lugar, hay múltiples ejemplos de cooptación de líderes y lideresas percibidos como potenciales oponentes. Para ello ofrecen empleos, contratos de servicio o compensaciones económicas a cambio de una actitud positiva ante los proyectos de la empresa. En segundo lugar, buscan convencer a las autoridades locales de las bondades de la minería. Esto se hace a través de prácticas legales e ilegales. Entre las primeras está la puesta en marcha de servicios y proyectos que benefician a las comunidades locales (Himley, 2013; Perla, 2012). Se produce así una ‘sustitución’ de los roles de las administraciones públicas que generan dependencia, pero no hay nada ilegal en ellas (Arellano-Yanguas, 2011). Sin embargo, también hay corrupción a través de prácticas de favores y pagos a autoridades locales (López-Cazar et al., 2021). En tercer lugar, está el uso de su poder económico y de los medios de comunicación y redes sociales para desprestigiar a líderes y dividir a las organizaciones críticas con la empresa. En cuarto lugar, se facilita la llegada al territorio de población favorable a la actividad y se promueve el surgimiento de nuevas organizaciones más receptivas a los planes de la empresa (Castillo Guzmán, 2020). Finalmente, en algunos casos, las empresas recurren a la violencia para atemorizar a quienes oponen resistencia (Bebbington, 2007). Así, en muchos países el sector de las industrias extractivas es en el que existe un nivel más alto de violencia frente a líderes sociales. Esta violencia es normalmente ejercida por grupos criminales, pero, en algunos casos, están involucrados por acción u omisión militares y policías que actúan al servicio de las empresas mineras (Imai et al., 2017; Rasch, 2017).

Estas actuaciones provocan división social, violencia, corrupción, merman la capacidad de articulación de distintos actores locales y erosionan la confianza en las instituciones públicas. Todos ellos son elementos que dificultan en el medio y largo plazo procesos de concertación, visiones compartidas del desarrollo deseable y, en muchos casos, el gobierno y control eficaz del territorio (Arellano-Yanguas, 2011, 2019; Bebbington, 2012; Salas Carreño, 2008).

Existen también ejemplos de buenas prácticas. En las dos últimas décadas, las grandes empresas mineras han abordado estos problemas y generado el discurso de una minería responsable y aliada de las poblaciones locales en la búsqueda del desarrollo. Han identificado también un corpus de políticas y buenas prácticas para posicionarse como buenos vecinos. Sin embargo, en la práctica cotidiana, muchas de ellas siguen manteniendo relaciones problemáticas con las poblaciones que acogen sus operaciones.

En ocasiones, las empresas solventan bien la relación con las poblaciones locales al inicio de las operaciones. La población se muestra expectante pero confiada en que la actividad de la empresa les va a beneficiar. En esos casos, el desafío de las autoridades reside en controlar esas expectativas y la competición de distintos intereses y grupos. Sin embargo, una vez que la operación ya está en funcionamiento, se pueden avivar conflictos debido a (i) la falta de correspondencia entre expectativas y resultados finales; (ii) desigualdades entre grupos sociales en el acceso al empleo y los beneficios de la actividad minera; (iii) cooptación de las autoridades y distorsión del sistema político local a través de apoyo a candidatos pro-empresa en las elecciones locales y regionales; (iv) creciente dependencia del conjunto de la sociedad respecto a la empresa; (v) cambios sociales acelerados debidos a inmigración; (vi) abuso del consumo de alcohol y estupefacientes; (vii) aumento de la violencia sexual y la desigualdad de género al estar la actividad minera muy masculinizada; y (viii) cuando hay transferencias de recursos a los Gobiernos locales, estas suelen ir acompañadas de un incremento de la corrupción de autoridades y del surgimiento de grupos criminales que pretende beneficiarse de esos recursos (Arce, 2014; Arellano-Yanguas, 2011).

Estos problemas, sobrevenidos cuando la operación minera ya está en marcha, generan impactos negativos parecidos a los producidos en la fase anterior, especialmente en términos de divisiones internas, falta de confianza en las autoridades y erosión de la legitimidad de las instituciones públicas.

2.2. Características específicas de la Amazonía que inciden en el impacto de las operaciones mineras.

Por definición, la geografía y el medioambiente determinan la Amazonía. La cuenca del río Amazonas y sus afluentes estaba originalmente cubierta, hasta las estribaciones de los Andes, por más de siete millones de km^2 de bosque tropical húmedo que configura un ecosistema único. En este extenso territorio viven más de 47 millones de personas repartidos en ocho países. Alrededor del 4,5% de esos pobladores, 2,2 millones de personas, son indígenas pertenecientes a más de 410 grupos o naciones diferentes (Science Panel for the Amazon, 2021a).

Alrededor del 45% del territorio Amazónico tiene algún tipo de protección en virtud de su valor ecológico o por estar ocupados por pueblos indígenas con algún tipo de derecho de control sobre el territorio (Watson et al., 2019). Los grupos indígenas tienen reconocidos distintos tipos de derechos y capacidad de control sobre más de 3000 territorios. El 80% de esos territorios está cubierto de bosque, contribuyendo a que más del 35% de todos los bosques vírgenes de América Latina estén ocupados por pueblos indígenas. Por lo tanto, existe una vinculación robusta entre los pueblos indígenas y la preservación del bosque amazónico (Science Panel for the Amazon, 2021b).

El agua es el elemento central del ecosistema amazónico. La pluviosidad es muy alta, oscilando entre los 1500 y los 3000 mm según localidades. Esto dificulta la gestión de los relaves y residuos mineros, aumentando el potencial riesgo de contaminación de los cursos de agua con metales pesados y, en consecuencia, la oposición a la implantación de nuevas operaciones mineras (Siqueira-Gay et al., 2020). Por otro lado, en zonas amazónicas, la dificultad de acceso al territorio requiere inversiones mayores por parte de las empresas y, a menudo, la estrecha colaboración de los Gobiernos a través de sus ejércitos.

La dispersión de la población es un segundo elemento característico. La mayor parte de la población amazónica se concentra en unas pocas grandes ciudades. El resto de la población ocupa el territorio de manera muy dispersa, en una multitud de pequeñas ciudades, asentamientos y comunidades. Esa dispersión dificulta, por una parte, la interacción de las empresas con las poblaciones locales y supone un inconveniente para las empresas que quieren actuar de manera transparente. Sin embargo, muchos promotores mineros aprovechan la dispersión para obviar el parecer de esas poblaciones o agruparlas de acuerdo a sus intereses para realizar consultas que legitimen sus pretensiones. Por otro lado, desde el punto de vista de las poblaciones locales, la dispersión dificulta la comunicación y colaboración, y hace más difícil la organización de movimientos de resistencia.

La situación y el papel de los pueblos indígenas ha sido objeto de una atención especial. Las concesiones mineras afectan a más del 30% del territorio perteneciente a pueblos indígenas (Quijano Vallejos et al., 2020). La manera en la que son afectados y su reacción está determinada por la protección legal que tenga su control del territorio concesionado y por la valoración colectiva que hagan del mismo. La amplia ratificación por parte de los países amazónicos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no ha ido de la mano de una aplicación rigurosa (Wright & Tomaselli, 2019). Así, con frecuencia, las prácticas de los Gobiernos para cumplir con sus compromisos legales acaban generando disputas y divisiones internas en los grupos indígenas (Schilling‐Vacaflor & Eichler, 2017). Los distintos criterios de valoración de lo que supone el control del territorio es también motivo de disputa. Mientras algunos grupos buscan algún tipo de compensación económica, otros se niegan a dar valor monetario a bienes de los que depende su autonomía política y, por tanto, su supervivencia.

La presencia y papel del Estado en la Amazonía es otro factor importante a la hora de analizar el impacto de la explotación minera. Tras el boom de precios de principio de siglo, la mayoría de los Gobiernos, independientemente de su filiación política, promovieron activamente la inversión minera (Gudynas, 2009). Ante las dificultades que supone el contexto amazónico para las empresas mineras, los Gobiernos han ayudado activamente a las empresas para que lleven adelante sus proyectos. Frente a la creencia de que la persistencia de problemas en territorios mineros se debe a la ausencia del Estado, lo que realmente existe es una presencia selectiva del Estado focalizada en facilitar su explotación, no para defender los derechos de sus poblaciones (Ramos-Cortez & MacNeill, 2022). Las actuaciones a favor de las empresas han desacreditado a los Gobiernos, generado y/o agravado conflictos y erosionado la legitimidad de las instituciones públicas (Schilling-Vacaflor et al., 2018).

Conclusiones

La necesidad de una transición energética hacia la descarbonización está llevando a ampliar la frontera minera desde la cordillera andina hacia las cabeceras de cuenca de la Amazonía. Esa búsqueda, que durante décadas fue considerada problemática debido a su potencial afectación al medioambiente, ha encontrado en la transición energética una nueva narrativa legitimadora para los Gobiernos y las empresas mineras.

No obstante, existen dificultades para, más allá del impacto ecológico, hacer política y socialmente viable la minería en el contexto amazónico. En primer lugar, las poblaciones amazónicas, con presencia frecuente de pueblos indígenas, tienen en muchos casos derechos previos de control sobre el territorio. En segundo lugar, amplios territorios, con un gran valor ecológico, están protegidos por figuras legales del ordenamiento jurídico de los diferentes países. Esa protección antecede al interés por la explotación minera y los intentos por debilitar la protección son ampliamente contestados. Finalmente, la presencia de las empresas mineras, más allá de incidir negativamente en los medios de vida, tiende a generar tensiones y conflictos dentro de las comunidades, entre comunidad y empresas, y entre distintos niveles de gobierno.

Aunque la existencia de diversas opiniones e intereses es normal y esperable en cualquier comunidad, los intentos de las empresas de promover y profundizar esas divisiones para romper la capacidad de acción colectiva frente a sus pretensiones son preocupantes. Esa estrategia, muy antigua en el sector extractivo, deslegitima a las instituciones y socava la confianza en ellas, generando dinámicas negativas en el largo plazo.

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Original español

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

El P. Stan Swamy y la resistencia de los pueblos adivasis (indígenas) al desplazamiento y la desposesión causados por la minería

Antony Puthumattathil (PM), SJ

Director, Bagaicha-Ranchi, India

Introducción

El P. Stan Swamy, oriundo del pueblo de Verugalur en el distrito de Tiruchirapally, distrito de Tamil Nadu, ingresó en la provincia jesuita de Jamshedpur, Jharkhand. Primero durante su formación y luego durante su ministerio perseveró en el amor a –y el compromiso con– las sociedades adivasis de la región de Jharkhand. En los primeros años de formación descubrió que las sociedades adivasis vivían algunos valores apreciados, como, por ejemplo, la libertad, el igualitarismo, el consenso en la toma de decisiones y el cultivo de una relación simbiótica con la naturaleza. Lo hizo sin mucha conceptualización, pero con el poder de un profundo sentido de reverencia por otros seres (tanto animados como inanimados) y con lo que James C. Scott denominó la “economía moral de los campesinos”. En sus memorias, Stan narra la ingenuidad de la mente adivasi, que todavía no ha separado a la humanidad del reino animal como sí lo han hecho a lo largo y ancho del planeta las principales sociedades «civilizadas». Por ejemplo, una familia adivasi con la que Stan convivió durante el tiempo que permaneció en las aldeas, cuando recogían mangos del árbol que tenían en el patio, dejaban algunos frutos para las aves del cielo.

Aunque experimentó y conoció la ética adivasi viviendo con ellos, Stan también fue testigo de la explotación y opresión que de continuo padecían los adivasis a pesar de las numerosas disposiciones constitucionales y legales que protegen sus etnoterritorios, recursos, valores culturales, prácticas tradicionales, lenguaje e historia, es decir, todo aquello que les asegura ser grupos sociales peculiares y saludables. Su peculiaridad se debe a que se mantuvieron alejados de las sociedades hindúes de castas que habitaban en las llanuras, más proclives al autoensalzamiento. En vez de ello, los adivasis se retiraron a las colinas y bosques del subcontinente indio. Los adivasis lucharon por –y obtuvieron– reconocimiento y aprobación legal del régimen colonial británico. Como resultado, hoy son reconocidos como formaciones sociales peculiares que aman la libertad, se autogobiernan y poseen etnoterritorios. Pero los regímenes posindependencia siguen una política de asimilación que se apropia de recursos de los adivasis en nombre del desarrollo nacional. Más del 40 % de los yacimientos minerales del país (tanto metálicos como no metálicos) se hallan situados en etnoterritorios adivasis. Sin embargo, la extracción de estos recursos en tal abundancia no ha beneficiado a los adivasis debido a la débil regulación administrativa de los procesos de extracción de recursos y al absoluto incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales a favor de las comunidades locales. En consecuencia, los adivasis y quienes trabajan en solidaridad con ellos para proteger sus derechos han permanecido en perpetuo conflicto con el Estado y sus políticas en la India por lo que respecta a la adquisición de tierras y bosque situados en etnoterritorios adivasis.

Este artículo trata de esbozar brevemente la vida del P. Stan Swamy y sus esfuerzos por defender a los adivasis en la India centro-oriental frente al desplazamiento causado por la minería.

El P. Stan Swamy

Stan nació el 27 de abril de 1937 y, al cabo de los años, se matriculó en un centro de enseñanza secundaria jesuita: la St. Joseph's High School de Tricy, en Tamil Nadu. Allí se sintió inspirado por las obras de los jesuitas e ingresó en la Compañía de Jesús en junio de 1957. Hizo sus estudios de grado en sociología en el St. Xaviers' College de Ranchi (Jharkhand). Pasó dos años de magisterio en la St. Xavier's High School como prefecto del internado y profesor. Casi el 90 % de los internos eran muchachos Ho (un grupo de adivasis). Regresaban a sus casas durante las vacaciones de verano para conocer su cultura y estilo de vida.

Stan cursó estudios teológicos en el Ateneo de Manila, en Filipinas. Simultaneó el estudio de la Teología con un máster en Sociología. Fue ordenado sacerdote el 14 de abril de 1970 en Manila. De regreso en Jharkand en 1972, trabajó durante dos años entre los hos. Después, marchó a Bélgica para pasar un año como estudiante con estatus especial en el Centre de Recherché Socio-Religieuses en la Universidad Católica de Lovaina. Al volver de Bélgica, en 1975 fue nombrado profesor y director del Indian Social Institute de Bangalore (ISIB). Durante quince años formó a cientos de jóvenes en el análisis social. Mientras estuvo en el ISIB, solía visitar a sus amigos adivasis en Jharkand para solidarizarse con los líderes y las multitudes que reclamaban un estado de Jharkand independiente del estado de Bihar, del que Jharkhand formó parte hasta el año 2000.

Regresó a Jharkhand en 1990 para vivir y trabajar entre los adivasis. Durante algunos años residió en Chaibasa, tratando de fortalecer el tradicional autogobierno local de los hos (el sistema munda manki). Mientras tanto amplió sus interacciones y redes con numerosos movimientos populares que luchaban contra el desplazamiento y la desposesión injustos en diversas zonas de población predominantemente adivasi en las regiones de Chhattisgarh, Jharkhand y Odisha.

La minería y los adivasis

A partir de 1991, el gobierno indio comenzó a adoptar políticas de liberalización de la economía, que propiciaron un flujo de inversiones de capital nacional e internacional hacia regiones adivasis ricas en recursos. Los grupos indígenas, que representan entre el 85 y el 90 % de la población total de Jharkand, por ejemplo han sido los más gravemente golpeados por la explotación de los recursos naturales de la región a través del desarrollo de minas e industrias y la utilización comercial de masas de agua, bosques y tierras (jal, jungle y jameen). La mayoría de ellos viven todavía en un estado de semiinanición a lo largo de todo el año. El resto de la población –entre el 10 y el 15 %, la mayoría de ellos residentes en centros urbanos– son inmigrantes que han llegado a esta región para amasar riqueza para ellos mismos. La historia de los pueblos indígenas de Jharkand es una historia de lucha contra los explotadores foráneos a los que desdeñosamente denominan dikus[23]. Estos dikus han desplazado poco a poco a los adivasis a una posición de no dominio.

Las correlaciones entre la minería, el desplazamiento forzoso y los conflictos civiles son robustas y habituales en cualquier lugar del mundo. A ello se añade la cuestión de las diferencias históricas y los recuerdos de discriminación, explotación y opresión de adivasis por la población inmigrante diku; la anexión de tierras de pueblos indígenas y los sobornos de las empresas han alimentado adicionalmente los conflictos ya existentes en estas regiones. Además, las actividades mineras en la India han carecido en gran medida de regulación[24].

La escala del vacío legal que prevalece en el sector minero de la India es difícil de exagerar. Hasta los funcionarios gubernamentales reconocen que el sector minero se enfrenta a una miríada de problemas, incluida la “minería ilegal”. En términos generales, eso se refiere a casos en los que operadores extraen recursos para cuya explotación carecen de derechos legales. Las estadísticas oficiales indican que solo en 2010 existieron más de 82 000 casos de minería ilegal, una tasa anual de treinta actos delictivos por cada operación minera legal que se realiza en el país… Un problema aun mayor es el fracaso de los mecanismos regulatorios decisivos para asegurar que incluso los operadores mineros legales cumplen con la ley y respetan los derechos humanos[25].

En algunas comunidades afectadas por la minería, los campesinos se quejan de interminables hileras de camiones sobrecargados con mena de hierro que atraviesan estrechas aldeas y que dejan sus cultivos revestidos de espesas capas de polvo metálico, destruyendo esos cultivos y poniéndolos a ellos al borde de la ruina económica. En algunas zonas, camiones cargados hasta arriba recorren a diario trayectos de varios kilómetros por estrechas carreteras en pésimo estado, triturándolas aún más y levantando a su paso grandes nubes de polvo. De ahí que la gente se resista a la minería, que les priva de sus tierras y sus recursos.

La obra de Stan

Tras valorar la situación, Stan Swamy propuso en 2000 trasladar su residencia a Ranchi, la capital de Jharkhand. Stan y sus compañeros crearon en Namkum, Ranchi, un centro de investigación y formación social llamado Bagaicha. El centro permanece abierto a todo cuantos trabajan por –y defienden– los derechos humanos, en especial a los pueblos adivasis (indígenas) y a otros que históricamente han estado explotados y marginados.

Bagaicha, liderado por Stan, formó un movimiento de adivasis, jesuitas y otras personas para proporcionar una robusta orientación ideológica para –y un sólido compromiso con– la defensa de los derechos constitucionales de la gente. El movimiento posibilitó la aparición de numerosos intelectuales orgánicos y movimientos populares de base con arraigo comunitario.

El movimiento Bagaicha permaneció constantemente alerta a todas las ideologías, procesos y políticas que pudieran violar los especiales derechos constitucionales y legales de los adivasis y alzó la voz en contra de ellos.  Miles de activistas de base en pro de los derechos humanos enriquecieron el movimiento Bagaicha con la firme convicción de defender los derechos de los marginados, aun a costa de sus vidas. En los días inaugurales de su lucha, gritaban el eslogan: "Jan denge, jameen nain denge" (entregaremos vidas, pero no tierras). Más tarde, este eslogan fue reformulado: "Jaan bhi nahin denge, jameen bhi nahin" (no entregaremos ni nuestras vidas ni nuestras tierras). Así pues, afirmaron sus derechos sobre los recursos naturales de sus etnoterritorios. El movimiento Bagaicha empoderó a personas decididas a defender sus derechos en sus respectivos pueblos y aldeas. En consecuencia, varios movimientos populares han impedido que muchas empresas se adueñen de tierras de los pueblos indígenas en Jharkhand y estados vecinos.

El P. Stan Swamy, en sus memorias I Am Not a Silent Spectator (No soy un espectador callado), publicadas por el Indian Social Institute de Bangalore en 2021, enumera las cosas que estuvo haciendo. Cuestionó lo siguiente:

1. La no implementación del quinto anexo de la Constitución de la India. El artículo 244 (1) de la Constitución, Parte B, estipula que un Consejo Asesor de Tribus (TAC por sus siglas en inglés), compuesto exclusivamente por miembros de la comunidad adivasi, asesorará al gobernador del estado sobre todo lo que concierna a la protección, bienestar y desarrollo de los adivasis que viven en ese estado.

2. ¿Por qué prácticamente se han ignorado las disposiciones de la Ley de Extensión de los Panchayats (concejos comunales) a las Áreas Registradas (PESA por sus siglas en inglés) de 1996? Esta ley reconoce que las comunidades adivasis en la India poseen una rica tradición social y cultural de autogobierno por sus gram-sabhas (consejos de aldeas)

3. ¿Por qué no se ha pronunciado el gobierno sobre la implementación de la sentencia Samata del Tribunal Supremo de la India en 1997? La sentencia pretendía ofrecer algunas salvaguardas importantes para que los adivasis controlen la extracción de minerales en sus tierras, ayudándoles en su desarrollo económico.

4. También llamó la atención sobre la escasamente entusiasta acción del gobierno en la Ley de Derechos Forestales de 2006. Esta ley pretendía “corregir la injusticia histórica” perpetrada contra los adivasis y otros habitantes tradicionales de los bosques.

5. ¿Por qué no ha querido el gobierno llevar a la práctica la orden del Tribunal Supremo: “Los propietarios del terreno son también los propietarios de los minerales del subsuelo”, y continúa subastando vetas de carbón a industriales sin dar la parte debida a los propietarios de la tierra?

6. Los esfuerzos del gobierno de Jharkhand por reformar la “Ley de Adquisición de Tierras de 2013”. La ley defiende los derechos de los adivasis sobre la tierra. Así pues, ¿por qué se propuso la reforma para eliminar la “evaluación de impacto social” y permitir al gobierno conceder incluso tierras agrícolas y de policultivo para propósitos no agrícolas?

7. La creación del “Banco de Tierra” es una trama para aniquilar a los pueblos adivasis, puesto que parte de que toda la “tierra comunal” en las aldeas pertenece al gobierno y está libre para ser asignada a los industriales habituales.

8. El arresto indiscriminado de miles de jóvenes adivasis bajo la acusación de ser insurgentes maoístas porque cuestionan –y se resisten a– la injusta expropiación de la tierra y al desplazamiento forzoso.

Stan mantuvo la convicción de que las personas tienen el poder de defender sus derechos, siempre que los conozcan. Nunca se dedicó a prestar servicios a la gente. En vez de ello, Stan entendía las leyes y consideraba su deber hacer que las personas cobraran conciencia de ellas, para que así comprendieran sus derechos y los defendieran. De ahí que su enfoque fuera dual: (1) intervenía en el plano político a fin de hacer que las disposiciones constitucionales y legales resultaran eficaces para personas cuyos desvelos y males suelen ser desatendidos y arbitrariamente violados por burócratas y políticos con objeto de allanar el camino al gran capital; (2) alentaba a los movimientos de resistencia popular a fortalecer las comunidades desfavorecidas mediante el conocimiento de las leyes. Lo hacía por solidaridad con ellas en su lucha.

El incesante posicionamiento de Stan en contra del desplazamiento y la violación de los derechos de los adivasis por el gobierno y las empresas ha dificultado a algunas de estas llevar adelante el modelo que prefieren: un modelo de desarrollo que empobrece a la mayoría y favorece a unos pocos, fomenta la desigualdad y la injusticia y causa desastres ambientales y ecológicos. En consecuencia, los poderosos se esforzaron por silenciar a Stan y las actividades realizadas por la plataforma de Bagaicha. Finalmente, el 8 de octubre de 2020, Stan fue arrestado por la Agencia Nacional de Investigación (NIA por sus siglas en inglés) y encarcelado en una abarrotada prisión de Bombay. El Alto Tribunal de Bombay le denegó en varias ocasiones la libertad bajo fianza, y tampoco se le prestó el tratamiento médico necesario cuando dio positivo por coronavirus en prisión. Finalmente, tras pasar más de ocho meses en la cárcel, expiró el 5 de julio de 2021.

Conclusión

El escenario en Jharkhand y en toda la India en lo relativo a los derechos de los adivasis sobre los recursos va a empeorar, ya que los gobiernos sucesivos han desatendido indecentemente los derechos de las personas a pesar de los movimientos de resistencia popular en marcha. El gobierno actual ha devenido más agresivo, puesto que ya ha entregado recursos minerales, incluido el carbón, al sector empresarial. En una serie de enmiendas propuestas a leyes y políticas ya existentes, el actual Gobierno de la Unión ha impulsado la monetización, privatización, comercialización e incluso militarización de bosques, pisoteando los derechos reconocidos de las comunidades de adivasis y de otros habitantes de los bosques sobre los recursos forestales y de otros tipos en sus etnoterritorios. Al tiempo que presume de impulsar la transición hacia la energía solar para cumplir con sus objetivos de control de emisiones, está privatizando la industria del carbón, subastando minas de carbón y alentando minas a cielo abierto sin garantizar su uso final salvo para la comercialización y exportación. Las políticas reflejan, pues, el interés del capital nacional y extranjero: el carbón se utiliza como una mercancía que proporciona beneficios, no necesariamente para propósitos de desarrollo[26].

La tarea que tenemos por delante es un reto aún mayor debido al rápido cambio que están experimentando las realidades socioeconómicas, geopolíticas y culturales dentro y fuera de las formaciones sociales adivasis. Sin embargo, la visión de Stan, su amor y compromiso por los adivasis y otras formaciones sociales marginadas y sus incansables esfuerzos a través de la plataforma de Bagaicha nos interpelan para que mantengamos la esperanza y ensayemos formas renovadas y creativas de hacer justicia a las personas cuyos derechos son violados. En este contexto es natural preguntarnos cómo debería proseguir Bagaicha sus actividades en el futuro. Obviamente, su primera preocupación tiene que ser continuar haciendo lo mismo que hasta ahora: resistirse al desplazamiento y la desposesión injustos de los indígenas y otras comunidades marginadas en regiones de población predominantemente adivasi en Jharkhand y otros estados vecinos. Para ello, forjará alianzas con cuantos trabajan por ese objetivo, comprometiéndose en las luchas populares y solidarizándose con ellas. En segundo lugar, es también crucial que presione a los órganos que elaboran políticas y toman decisiones y a las empresas mineras a fin de que consideren de forma razonable el caso de las comunidades locales afectadas por las minas. A la vez, la lucha por los derechos de autodeterminación, la autonomía, la dignidad, por una vida y unos medios de subsistencia decentes, debe continuar. Dadas las disposiciones especiales y la legislación para proteger los etnoterritorios adivasis, es preciso alentar y promover el liderazgo orgánico con vistas a fortalecer el movimiento popular y asegurar que la justicia llega al umbral de los históricamente marginados.

Original inglés

Traducción José Lozano Gotor

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

India: El proyecto de extracción de carbón mineral a cielo abierto en Piparwar

Tony Herbert, SJ

Centro de Recursos Prerana, Hazaribagh, India

Este estudio de caso esboza el contexto, la implicación de un centro social en el acompañamiento de personas afectadas por la minería de carbón a cielo abierto y las lecciones extraídas de esta experiencia. Estamos en la India, estado federado de Jharkhand, en los yacimientos de carbón de Karanpura Norte, distrito de Hazaribag.

El contexto

El fértil valle de Karanpura constituye el núcleo de los yacimientos de carbón de Karanpura Norte y abarca un área de 1230 km^2 y aproximadamente doscientas aldeas. Toda la zona ha sido dividida en “vetas de carbón” de acceso restringido y asignadas de antemano a la Central Coalfields  Ltd. (CCL, una empresa subsidiaria de la Public Sector Undertaking Coal India Limited). Aun así, estas vetas están siendo ofrecidas ahora a actores privados a través de subastas. Otras importantes empresas mineras privadas con presencia en la zona son NTPC, TATA, JSW y ADANI.

Nuestra reflexión se centra en la primera mina en la orilla septentrional del río Damodar, el Piparwar OCP (Proyecto a Cielo Abierto, por sus siglas en inglés), asignada a la CCL. Una empresa australiana, White Industries Ltd., había obtenido un contrato internacional con la Coal India Limited para un proyecto “llave en mano” con el fin de construir esta mina con nueva tecnología minera (una trituradora en la propia mina y cintas transportadoras directamente al lavadero). Era un contrato de cinco años para construir la nueva mina, pero la propiedad y la actividad minera seguían en manos de la CCL. El proyecto interesó a los miembros del Centro de Recursos de Prerana (PRC por sus siglas en inglés), porque se encontraba en el área geográfica de la provincia de Hazaribag e iba a afectar a las vidas de muchos indígenas en la zona; y también porque el hecho de que hubiera presencia australiana en el proyecto permitía contactar con Australia. Además, un científico social australiano, Peter Mayer, recomendó encarecidamente un estudio del impacto de la minería en la zona.

Lo que ocurrió

Por casualidad, el PRC consiguió entablar contacto con un grupo de incidencia australiano, AIDWATCH, preocupado no tanto por la minería en sí cuanto por el mal uso de la ayuda australiana al desarrollo. Para conseguir el contrato quinquenal con la Coal India Ltd. en el mercado internacional, la White Industries Ltd. había recibido fondos de la ayuda australiana al desarrollo con el fin de permitirle hacer una oferta más baja, algo que AIDWATCH consideraba un uso inadecuado de esos dineros.

El PRC buscó inicialmente contactos en los medios de comunicación; eventualmente, el Illustrated Weekly [ahora desaparecido] publicó a página entera un artículo escrito por Sachu Sarangi, “How to Kill a River” [Cómo matar un río], que fue el comienzo. A continuación, el PRC puso en marcha una red de centros de educación no formal en las aldeas de la zona; los maestros servían como trabajadores de campo. Empezaron a reunir información sobre la mina (notificaciones, datos de una encuesta de línea de base, estadísticas de personas afectadas, marco legal, etc.). El PRC envió informes de estos trabajadores de campo sobre lo que ocurría sobre el terreno a AIDWATCH, que los trasladó al gobierno australiano, el cual, a su vez, cuestionó de plano los resplandecientes informes del CCL sobre los beneficios y progresos del proyecto. Por último, el gobierno australiano envió delegaciones para valorar la situación por ellos mismos y establecer la veracidad de las contradictorias afirmaciones.

AIDWATCH, en la persona de la activista Carol Sherman, visitó la zona en varias ocasiones. Se contactó con periodistas australianos; dos presentaciones televisivas, muy efectivas, se centraron en el impacto de este proyecto de “campos verdes”. Bulu Imam, de Hazaribag, documentó pinturas rupestres y varios  yacimientos culturales en la zona. Prodipto Roy, del Consejo de Nueva Deli para el Desarrollo Social, también puso en marcha su red de contactos, lo que permitió que se celebraran varias reuniones de alto nivel en Ranchi; se imprimieron y distribuyeron folletos. Walter Fernandes, del Instituto Social Indio de Nueva Deli, acudió a la zona para asesorar al PRC en la realización de una encuesta e integrar esta en su encuesta nacional de datos sobre desplazamientos en toda la India.

En cooperación con la ONG local Nav Bharat Jagriti Kendra, en julio de 1993 se publicó un cuadernillo: 'Social Impact: Piparwar and the North Karanpura Coalfields [Impacto social: Piparwar y los yacimientos de carbón de Karanpura Norte]. En 1993, INTACH, CSD y PRC organizaron conjuntamente en Nueva Deli un seminario sobre «La crisis del valle del alto Damodar: implicaciones culturales y ecológicas de la minería», con expertos y con la publicación de ponencias a cargo de INTACH. A lo largo de 1992 y 1993 y hasta 1996 se publicaron con regularidad artículos en los periódicos locales hindis, algunos apoyando el proyecto, otros cuestionándolo por diversas razones. De este modo, el PRC se encontró en la intersección de varias corrientes: aspectos culturales, ayuda al desarrollo, impacto social, impacto medioambiental, investigación y medios de comunicación.

Resultado

No había manera de detener este proyecto,  pues era la época (comienzos de la década de 1990) en la que la minería de carbón se tenía por algo obvio. El dinero que traía a una localidad acallaba la preocupación pública por los posibles impactos destructivos. La resistencia popular no era demasiado intensa; la mayoría de los desplazados tenían esperanzas latentes de obtener nuevos ingresos y no existían precedentes por los que pudieran guiarse. Eran ingenuamente optimistas sobre la promesa del empleo; esa esperanza los convirtió en tibios manifestantes, y algunos de ellos se prestaron incluso al juego de dalals (intermediarios).

La mina siguió adelante y, ahora 30 años después, está acabada. El sobrecargado vertedero fue convertido en una zona verde y está comparativamente y maravillosamente bien arbolado. Sin embargo, las actividades básicas del PRC, sus circulares y seminarios llamaron la atención sobre múltiples asuntos que no estaban siendo abordados o que ni siquiera habían sido percibidos por el gobierno ni la CCL. Nuevos en aquel entonces, los problemas forman ahora, décadas más tarde, parte asumida de la agenda pública y han devenido típicos asuntos de desplazamiento causado por la minería. Se trata de: derecho al consentimiento previo informado, atención de reclamaciones, disponer de un plan maestro de área minera múltiple, oficina de información accesible, impacto en el pueblo anfitrión, tres posibilidades de restablecimiento de los medios de subsistencia, recuperación de la zona tras el cierre de la mina, estructuras de participación, protección de lugares de valor cultural y religioso, necesidad de supervisión independiente, no inflar las promesas de beneficios, contar con un análisis de costes y beneficios y con opciones de reasentamiento.

En aquella época existía en la zona una fuerte actividad naxalita (maoísta), y los grupos armados de este movimiento, necesitados de financiación, estaban deseosos de asumir el liderazgo de la resistencia contra la mina. Pero una vez que se hicieron con el liderazgo, negociaron con la empresa minera para recibir de esta una cantidad importante de dinero para comprar propiedades urbanas y armas a cambio de permitir el inicio de la actividad de la mina, dejando a las personas desplazadas indefensas y abandonadas. Más tarde fueron arrestados con cargos criminales, pero la compañía minera y los funcionarios gubernamentales conspiraron con ellos no han sido ni siquiera reprendidos. Este proceso de asumir el liderazgo, negociar con la empresa minera y largarse luego con los beneficios es típico de los partidos políticos. Los partidos políticos locales están haciéndose cargo ahora de asuntos de desplazamiento por minería, pero también ellos persiguen, por desgracia, sus propios intereses.

Sabiendo que estaban por llegar más actividades extractivas, y con el fin de ayudar a la gente a prepararse para ello, el programa de centros de educación no formal y de grupos femeninos de ahorro ha proseguido por toda la zona, coordinado ahora por la ONG local Aadarsh Mandair. En este programa, los temas medioambientales no se abordaron con tanta intensidad como los sociales, que centraron los esfuerzos. Sin embargo, estos incluían cuestiones culturales (lugares sagrados), en especial fuentes de agua destruidas por la minería.

Lecciones aprendidas

Hemos aprendido que, además de la empresa minera y los afectados, en el juego intervienen muchos otros jugadores, como, por ejemplo, partidos políticos, corredores sin escrúpulos, acaparadores de tierras, la mafia del transporte (de camiones) y organizaciones de activistas que rivalizan entre sí. Era esta una situación muy compleja, en la que la implicación del PRC se fue convirtiendo en relativamente marginal a medida que pasaba el tiempo. El dinero manda. El soborno y la desinformación eran prácticas habituales. Las empresas sobornaban a los líderes locales, quienes compartían el botín con los partidos políticos. Los contratistas se ganaron el silencio de los habitantes de la zona atrayéndolos el mercado negro del carbón. Existía también secretismo sobre la planificación de la mina. Se transmitían información imprecisa y exageradas promesas de beneficios para los habitantes de la zona.

Hemos aprendido que los intermediarios y corredores, conocidos localmente como dalals, tienen gran poder. La empresa lo usa para trabajar en el nivel de base en el pueblo, para contactar con los lugareños y sobornarlos, para reunir información y hacer pagos. Reciben dinero de la empresa, a menudo la gente no sabe que trabajan para esta, a menudo lideran incluso las protestas. Mientras las políticas se enuncian como asuntos sin trampa ni cartón, las cosas se hacen por la puerta trasera. Con frecuencia esto aparentemente ayuda a los desplazados: una persona desplazada sin las debidas escrituras de sus tierras podría recibir una compensación… de la que el oficial que la concede se llevaría una excelente comisión.

Hemos aprendido que el gobierno sirve de escasa ayuda a las personas afectadas. Se pone de parte de la empresa minera de múltiples maneras: su personal estudia y reconoce el terreno, dirige los procedimientos de adquisición de tierra y media en las diputas. Los funcionarios gubernamentales locales, por alto que sea su rango, están obligados a obedecer las decisiones tomadas en algún ministerio distante en un nivel en el que las influencias políticas son fuertes. A menudo, tanto los encargados de la empresa como los funcionarios gubernamentales cambian con rapidez. Como tecnócratas, les lleva tiempo familiarizarse con los problemas sociales y ambientales; para entonces, eventualmente son trasladados. Además, su objetivo es llevar a cabo el trabajo, reunir una buena hoja de servicios y hacer carrera. No prestan atención a las cuestiones relativas a la justicia sobre el terreno.

Hemos aprendido que diversos asuntos clave no pueden ser abordados localmente. Por ejemplo, una vez que el gobierno ha adquirido legalmente las tierras de una persona, no existe ninguna disposición legal por la que estas retornen a su antiguo propietario cuando se ponga fin a la actividad minera. Otro asunto importante es el de las tierras gair mazura. La mayoría de las comunidades dalits e indígenas en los pueblos y aldeas afectados ocupan tierras gair mazura, que el Banco Mundial considera “territorios tradicionales”, pero que el principio de “dominio eminente” califica como tierras gubernamentales, por lo que los propietarios reales no reciben compensación alguna. Muchas cuestiones relevantes siguen siendo ignoradas: el del consentimiento previo informado y otros dos temas importantes, a saber, disponer de un lugar de reasentamiento y tener un plan para el restablecimiento de los medios de subsistencia. La costumbre ahora es ofrecer dinero a las personas y obligarlas a marchar; pero dar una compensación económica, por elevada que sea, no equivale a una rehabilitación.

Vimos que, para contar con apoyo, los habitantes de la zona afectados necesitaban estar en relación con algunas organizaciones nacionales como la NAPM (Alianza Nacional de Movimientos Populares, por sus siglas en inglés). Un contacto internacional también ayuda; las organizaciones extranjeras tienen estándares sociales y medioambientales más elevados y están en condiciones de presionar. En Piparwar teníamos ese vínculo internacional con AIDWATCH.

Conclusión

La demanda de carbón es enorme. Lo quieren muchos. La empresa implementadora actual, la demanda del mercado descendente urbano-industrial, múltiples contratistas y proveedores, compañías de transporte, industrias auxiliares (cemento y acero), el gobierno (que quiere recaudar impuestos), accionistas: todos tienen intereses personales en mantener en funcionamiento y expandir la minería de carbón.

Un factor clave es la ausencia de cualquier análisis objetivo de costes-beneficios de la minería del carbón. El coste de los daños medioambientales y sociales se externaliza y no se incluye en el precio final del carbón. Los habitantes de la zona pagan el precio del agua ennegrecida y las zonas forestales denudadas. Si el precio que ellos pagan se incluyera en el coste del carbón, no merecería la pena extraer carbón en las minas.

La resistencia popular es fuerte inicialmente, pero las amenazas a la cultura, la forma de vida y los medios de subsistencia arrojan una alargada sombra. Conforme crece la infraestructura de la empresa y el empleo temporal, la resistencia disminuye. A la continuada y enérgica protesta se responde con la violencia estatal: denuncias policiales generalizadas y, como en la mina de Pakari Barwadih, disparos a los manifestantes. Nos dimos cuenta de que es necesario lanzar una campaña antes de que la empresa ocupe físicamente el lugar. Antes de estar allí presentes, negociarán; pero una vez que se instalan, ignoran las demandas de los habitantes de la zona afectados. Como se dan cuenta ahora muchos grupos de incidencia, donde mejor se puede luchar contra estos proyectos es allí donde están sus fuentes de financiación: instituciones internacionales de finanzas, bancos y compañías de seguros. A la larga, las constricciones técnicas e ingenieriles terminan borrando los asuntos sociales.

En el valle de Karanpura hay carbón debajo de sus doscientas aldeas. Cada proyecto minero presenta sus evaluaciones de impacto medioambiental y social como si se tratara de un yacimiento aislado. Sin embargo, las minas son contiguas unas a otras, y la aldea central de una mina es la aldea colchón de otra. Por lo tanto, las evaluaciones de impacto se realizan individualmente. Aunque el impacto medioambiental y social de una mina fuera asumible, ¿pueden los ecosistemas del valle de Karanpura soportar la existencia de tantas minas de carbón? ¿Y puede el gobierno llevar a cabo eficazmente el reasentamiento y la rehabilitación económica de tantas personas? La lista de aldeas que ya no existen es larga: Mangadahar,  Bijian, Purnadi, Itij, Urub y Churchu… Sus pobladores están todos dispersos.

En el valle se van a explotar veinte vetas de carbón. Los buitres de la minería se están congregando. La National Thermal Power Corporation (NTPC) ya está excavando tres minas más de carbón a cielo abierto. La JSW se ha hecho cargo de la veta de carbón de Moitra, Adani acaba de obtener la explotación de la veta de carbón de Gondalpura y la CCL está trabajando en  Magadh, Amrapali y Chandragupta. Hay muchas más que van a ser subastadas en una época en la que el carbón se considera un importante contaminante asociado al efecto invernadero. ¿Consiste el futuro del valle en que los arrozales se conviertan en una sucesión de montones de cascotes y caminos de polvo negruzco, y sus habitantes en recolectores de carbón ilegales? ¿O se hará evidente el coste real de la minería de carbón cuando los habitantes del valle luchen por hacer que se escuche su voz?

Original inglés

Traducción José Lozano Gotor

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

Las minas de carbón y el movimiento pro derechos humanos en Jharkhand

Tom Kavala, SJ

Activista social y de derechos humanos, Bagaicha-Ranchi, India

Jharkhand (nombre que significa “tierra de los bosques”) es el 28º estado federado de la Unión de la India, escindido del estado de Bihar el 15 de noviembre de 2000 a consecuencia de una muy prolongada lucha de los adivasis y sus simpatizantes por ser un estado separado que respete y promueva la autonomía y el bienestar de los adivasis[27]. Aun después de la separación, el estado sigue estando gobernado, sin embargo, por la conveniencia de poderes empresariales que explotan sus ricos minerales, naturales y humanos. El estado de Jahrkhand contiene el 40 % de los recursos minerales de la India, extensas áreas forestales y masas de agua. Pero los adivasis continúan luchando por cubrir sus necesidades básicas y proteger sus tierras agrícolas y forestales al comienzo de acelerados procesos de extracción de minerales que no benefician a los propietarios-habitantes locales. Por eso, esta es una historia conflictiva de lucha de los adivasis contra las grandes empresas, ayudadas por el Estado, con el fin de proteger los recursos que les brindarían seguridad, identidad, dignidad y sustento a largo plazo.

El escenario de esta historia es la región carbonífera de Pachuara, en el bloque de Amarapara, distrito de Pakur, Jahrkhand. La narración muestra cuán difícil y peligroso es para los defensores de los derechos humanos involucrarse en la defensa de los derechos de las comunidades adivasis frente a las industrias extractivas no reguladas. Sor Valsa John, miembro de la congregación de las Hermanas de la Caridad de Jesús y María (SCJM) y maestra de la escuela de Jiapani, cerca de Amarapara, visitaba con regularidad las aldeas para hablar con los padres de sus alumnos y motivarlos a mandar a sus hijos a la escuela. Un día de 1997, mientras visitaba la zona de Pachuara, se percató de una tienda de campaña levantada por el Servicio Geológico de la India. Los hombres que estaban en la tienda le informaron de los planes del gobierno para la minería de carbón en la zona. Pero cuando los lugareños les preguntaban por qué estaban allí, la respuesta era: “Cumplimos órdenes del gobierno”. A estas gentes se les ocultaron los planes gubernamentales de poner en marcha la minería.

Concienciar y organizar a los aldeanos

La hermana Valsa John no tardó en ir a la aldea e informar a los aldeanos de los peligros que les acechaban: sus tierras serían expropiadas para la minería, y ellos serían desplazados y no tendrían adónde ir. Poco a poco, las personas reunieron más información sobre el proyecto propuesto. La Eastern Mines Trading Agency, en una operación conjunta con el Punjab State Electricity Board, ha adquirido la veta de carbón de la zona que engloba Pachuara y oras nueve aldeas. El carbón extraído sería transportado a Punjab para producir electricidad allí. Este proyecto específico fue concedido a una empresa llamada PANEM Coal Mines Limited. Desde entonces, la hermana Valsa trabajó incansablemente para movilizar a los habitantes de las nueve aldeas. Se fue a vivir a Pachuara, a la casa del parganait[28], el señor Bineej Hembrom, el jefe tradicional de un grupo de 32 aldeas vecinas. Paulatinamente, los habitantes de las aldeas afectadas y también los de las vecinas se movilizaron y organizaron un movimiento de resistencia, Rajmahal Pahar Bachao Andolan (Movimiento para la protección de las Colinas de Rajmahal), contra el destructivo proyecto minero.

Ilustración 1: En el mapa se destacan los distritos de Dumka, Godda, Pakur y Sahebganj del estado de Jharkhand.

La resistencia popular a la minería

Cada una de las familias en estas nueve aldeas se organizó según el Rajmahal Pahar Bachao Andolan (RPBA). Bajo el liderazgo del parganait y su hijo, Paisil Hembrom, se constituyó un comité central formado por los líderes juveniles de cada aldea. La hermana Valsa les informó sobre disposiciones y leyes especiales para proteger las tierras de los adivasis. El 5º Apéndice de la Constitución, la ley PESA de 1996, la Ley de Arrendamiento de Santhal Parganas de 1949 y la sentencia Samata del Tribunal Supremo de 1997. Estas prohíben a cualquier empresa privada realizar actividades mineras en territorio adivasi. Los aldeanos redactaron memorandos conjuntos a las autoridades del distrito y del estado y a los representantes elegidos por el pueblo (miembros de la Asamblea Legislativa y miembros del Parlamento) reclamado la cancelación del proyecto minero que los desplazaría. Sin embargo, a estos memorandos populares no se les prestó atención. Entonces, los aldeanos colocaron barricadas en las entradas a sus aldeas para impedir que foráneos y extraños pudieran entrar en la zona, vigilándolas veinticuatro horas al día por turnos, en los que participaron varones, mujeres, jóvenes e incluso niños de las aldeas. La noticia del movimiento de resistencia de los aldeanos se propagó por doquier. Muchas organizaciones de la sociedad civil, agencias de noticias y activistas de los derechos humanos de otros lugares apoyaron al movimiento. Los lugareños se empoderaron a sí mismos cambiando sus vidas socioeconómicas y políticas. Aprendieron más sobre las leyes especiales de la tierra que les favorecían, decidieron mejorar sus prácticas agrícolas, moderaron sus excesivos hábitos de bebida y desanimaron a la gente de marchar a ciudades lejanas (migración) en busca de trabajo. Llevaron a cabo marchas de protestas periódicas a Amarapara, la cabeza de bloque[29] más cercana, y enviaron memorandos a la administración del bloque.

La empresa minera desarbola la resistencia popular

La PANEM Coal Mines pronto abrió una oficina cerca del mercado semanal de Amarapara. Empezaron a captar a jóvenes adivasis desempleados. A estos jóvenes los sedujeron con dinero fácil, beneficios extra, puestos de trabajo, etc. Ellos, a su vez, convencieron a sus vecinos de que renunciaran a sus tierras para acomodarse a los deseos de la empresa. Infundieron miedo en las mentes de los lugareños que protestaban contra la empresa. Corrieron rumores de que si luchaban contra la empresa, el gobierno les expropiaría la tierra de todos modos, sin ninguna compensación, pues al fin y al cabo la tierra pertenece al gobierno. Poco a poco, la unidad del movimiento de resistencia comenzó a resquebrajarse. Surgieron conflictos entre los propios adivasis. La empresa echó leña al fuego, y la administración gubernamental la apoyó en ello.

La empresa, con la ayuda de la administración, presentó denuncias contra los líderes activos del movimiento. Como consecuencia, muchos de los colaboradores de la hermana Valsa fueron fichados por delitos no susceptibles de fianza. Un buen número de ellos, incluidas mujeres como Agnes Hembrom, fueron arrestados y estuvieron meses encarcelados. El miedo a ser detenidos llevó a la gente de la zona a dejar de asistir al mercado semanal o de visitar a sus hijos en los distintos internados educativos. Varios, como Joseph Soren, fueron amenazados de muerte y asesinados en accidentes planeados. Todo esto asustó y dividió aún más a los adivasis. Incluso dentro de las familias surgieron hostilidades de unos miembros contra otros. Valsa y los líderes del movimiento hicieron todo lo posible por mantener a la gente unida. Durante seis largos años se las arreglaron para impedir que la empresa y la administración entraran en la zona. Sin embargo, gradualmente, con la ayuda de intermediarios, la empresa le ganó el pulso al pueblo.

Acudir a los tribunales a la busca de justicia

Como último recurso, el movimiento popular acudió al Alto Tribunal de Jharkhand, con la esperanza de que haría valer las disposiciones constitucionales a favor de los adivasis gravemente afectados por la minería del carbón. Sin embargo, en contra de las expectativas, el Alto Tribunal respaldó a la empresa. La samiti (organización popular) apeló al Tribunal Supremo. Este se decantó por exigir una mejor compensación económica y el ofrecimiento de soluciones de rehabilitación a los desplazados. Este movimiento judicial supuso un veredicto potencialmente capaz de anular la histórica sentencia del Tribunal en el juicio de Samata, que decía con toda claridad que ninguna entidad privada podía adquirir tierras o llevar a cabo actividades mineras en zonas de población predominantemente adivasi o sujetas al 5º Apéndice de la Constitución. Esta situación obligó al Rajmahal Pahar Bachao Andolan (RPBA) a negociar un memorando de entendimiento con la empresa PANEM como una estrategia para defender los intereses adivasis a la par que se permitía a la empresa comenzar la actividad minera bajo ciertas condiciones fijadas por el RPBA.

Forjar un acuerdo con la PANEM

El memorando de entendimiento, además de lo que es habitual en muchas otras políticas de rehabilitación, tenía muchos aspectos singulares. En él se decía que la empresa aceptaba que la comunidad de la aldea era el propietario originario de la tierra y que la empresa estaba allí solo para extraer carbón. Las minas serían rellenadas y niveladas una vez terminada la extracción de carbón, y en la parte superior se extendería tierra fértil; la empresa colocaría instalaciones de riego y devolvería la tierra a la gente en condiciones de ser cultivada. Además, durante el tiempo que se desarrollara la minería, a los propietarios originarios se les pagaría anualmente una compensación por la imposibilidad de cultivar la tierra de 6000 rupias por acre y de 10 000 rupias por acre, a modo de participación en los beneficios. Por otra parte, las familias afectadas por el proyecto tendrían preferencia a la hora de acceder a todos los puestos de trabajo, incluidos los que requerían cualificación profesional, si alguno de sus miembros disponía de ella. Por último, un comité formado por dos representantes de la samiti y dos de la empresa supervisaría la implementación de los acuerdos.

El acuerdo entre el RPBA y la PANEM se firmó en 2006, y luego la PANEM comenzó sus operaciones mineras. La hermana Valsa John y los líderes de la samiti se concentraron en implementar las disposiciones del contrato. Los líderes de la samiti se aseguraron de que el dinero se enviaba, conforme al acuerdo, a la cuenta bancaria de cada lugareño beneficiario y de que ningún intermediario se beneficiaba indebidamente en forma de comisiones. Y también de que los contratos se implementaran en tiempo debido. Las reuniones del comité supervisor, convocadas por Valsa, solían transcurrir con caldeadas discusiones con los representantes de la empresa. El comité cuestionó reiteradamente al director ejecutivo de la empresa por no implementar las condiciones del acuerdo. El director se fue dando cuenta poco a poco de que Valsa era un hueso duro de roer. El director no estaba acostumbrado a conversaciones francas y difíciles; Valsa no era de las personas que aceptan condiciones y peros. Le recordaba las decisiones adoptadas en reuniones anteriores entre el comité supervisor y la dirección de la PANEM e insistía en que la empresa cumpliera las decisiones que había tomado. La empresa eventualmente decidió quitarse de en medio a la hermana Valsa.

Un trágico final para el episodio de resistencia popular

Por otra parte, cuando se iniciaron las actividades mineras y el dinero se depositó en las cuentas de los aldeanos, las aspiraciones, valores y estilos de vida de estos comenzaron a cambiar. Algunos de los jóvenes reclutados por la empresa ganaron un montón de dinero como contratistas, alquilando autovolquetes y realizando otras actividades relacionadas con la minería[30]. Unos cuantos de ellos se construyeron casas bien equipadas y se compraron coches todo terreno. Los miembros activos de la samiti siguieron vigilando a la empresa para asegurarse de que las condiciones del acuerdo se cumplían estrictamente. Pero permanecieron económicamente precarios, mientras que otros hacían mucho dinero. Los agentes de la empresa se aprovecharon de los sentimientos[31] de los líderes de la samiti. Convencieron a estos de que, mientras Valsa estuviera en la samiti, no podrían obtener ningún beneficio material. Les sugirieron que, puesto que el movimiento contra el establecimiento de la mina había concluido y que ya estaba vigente el acuerdo entre los lugareños y la PANEM, debían expulsar a Valsa y gestionar ellos mismo los asuntos. Este fue el “sabio consejo” de la empresa a los miembros de la samiti. Y estos, en consecuencia, diseñaron una trama para echar a sor Valsa. Por su parte, la empresa había encargado a algunos de sus agentes que acabaran con ella.

En la noche del 14 de noviembre de 2001, mientras Jharkhand se preparaba para la celebración del cuadragésimo aniversario de su existencia como “estado propio”, unos cuarenta hombres armados, incluidos algunos contrariados miembros de la samiti y agentes de la empresa, rodearon la casa donde se alojaba la hermana Valsa y la asesinaron cruelmente con afiladas armas. Ante esa muchedumbre armada, la familia y otras personas se quedaron petrificadas y no pudieron hacer nada para evitar el asesinato. Surajmuni Hembrom, la chica que estaba con ella, fue testigo impotente de todo lo que sucedió.

La vida de la hermana Valsa demuestra cuán peligroso es para los activistas de los derechos humanos involucrarse en la defensa de los derechos de las comunidades locales afectadas por la minería en las aldeas adivasis de Jharkhand. Es alentador ver cómo algunos de nosotros se atreven a asumir riesgos por proteger los derechos de la gente en medio de acechantes peligros. El amor de la hermana Valsa por los más marginados desborda cualquier palabra de encomio. El conocimiento que adquirió de los especiales derechos constitucionales y legales de los adivasis; su fe en el poder popular y su voluntariado como monja que vivía solidariamente en una aldea santhal (enfoque encarnacional); su incesante esfuerzo por mantener a la gente unida; su fe en la existencia de alternativas viables; y en especial, su coraje para enfrentarse a la poderosa PANAM Coal Mining Limited: todo ello es heroico y verdaderamente admirable. Ella sigue siendo una inspiración para las religiosas y religiosos que desean vivir una vida profética. La hermana Valsa vivió una vida de “fe que hace la justicia”.

Original inglés

Traducción José Lozano Gotor

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

David vs. Goliat: Extractivismo y organización comunitaria en la sierra norte de veracruz (México)

Raúl Cervera, SJ

Con aportaciones del equipo “Sierra Norte de Veracruz

Introducción: la minería en México y el proyecto Sierra Norte de Veracruz

Desde hace 40 años las compañías que explotan minerales metálicos han ido aumentando exponencialmente sus actividades en México. Este incremento se explica por el hecho de que los precios de estos recursos han escalado en todo el mundo. En su mayoría se trata de empresas extranjeras: más de la mitad provienen de Canadá. Otras están asentadas jurídicamente en los Estados Unidos, China y Japón.

Actualmente estas corporaciones detentan más de 25.000 concesiones para explorar y explotar minerales en México, otorgadas por los gobiernos neoliberales[32]. Estas concesiones abarcan más de 22 millones de hectáreas; más del 11 % del territorio nacional. Durante 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto promovió una reforma a la Ley Minera que permitió a grandes empresas extranjeras invadir nuestros territorios, extraer minerales e industrializarlos.

El proyecto “Sierra Norte de Veracruz” es una iniciativa de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús cuyos orígenes se remontan a 1974. Actualmente lleva adelante el proyecto un equipo formado por laicos, laicas y jesuitas que prestan sus servicios a indígenas otomíes (ñuhú), nahuas y tepehuas (masapijní), así como a comunidades mestizas.

Con el paso de los años se ha ido consolidando a través de dos vertientes: la primera es la radiofonía, representada por Radio Huayacocotla, La Voz Campesina, con diez mil watts de potencia. Sus ondas hertzianas alcanzan varias regiones de cinco estados: el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, el oriente de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo, el norte del estado de Puebla. También transmite a través de su aplicación en internet.

La segunda vertiente es el acompañamiento a organizaciones de carácter social, económico y cultural, gestionadas por las mismas comunidades, las cuales operan actualmente en el municipio otomí de Texcatepec, en la sierra norte del estado de Veracruz, y en el municipio mestizo de Xochicoatlán, en el norte del estado de Hidalgo. En este último, la comunidad de Jalamelco ha llevado adelante desde hace más de once años acciones de resistencia frente a la Compañía Minera Autlán, lo cual ha impedido la devastación medioambiental de la región.

La irrupción de la minería

Los miembros del equipo “Sierra Norte de Veracruz” habíamos oído hablar acerca del extractivismo y, en particular, de la explotación de las riquezas minerales de nuestro país por parte de grandes compañías extranjeras. En todo caso, los niveles de información que teníamos eran diferenciados y, en general, pobres. Esta circunstancia fue cambiando en la medida en que nos fuimos involucrando con las respuestas de las comunidades ante los hechos que enumeraremos a continuación.

En 2019 tuvimos nuestro primer encuentro directo con una empresa que pretendía llevar adelante actividades extractivas en el mismo territorio en que se asienta y opera Radio Huayacocotla.

En el mes de mayo se presentaron en la asamblea ejidal de la comunidad de Carbonero Jacales, municipio de Huayacocotla, representantes de una empresa que se identificaba como “La Victoria”. Presentaron una propuesta para iniciar trabajos de exploración con el fin confeso de rastrear posibles indicios que sugirieran la existencia de plata, plomo, zinc y cobre.

Según nuestras primeras indagaciones, la compañía en cuestión no tenía ninguna página de internet en esos momentos. Paulatinamente pudimos averiguar que el nombre de la misteriosa empresa era Minera “La Victoria Exploración”, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con sede en las Islas Bermudas y con oficinas en nuestro país. Incluso obtuvimos el nombre de su representante legal.

En la asamblea que acabamos de mencionar, la mayoría de los ejidatarios y ejidatarias de Carbonero Jacales mostraron su rechazo a las pretensiones de los visitantes.

Quizá el motivo de esta reacción fue el hecho de que un porcentaje importante de miembros de la comunidad se dedica a extraer y comercializar el mineral no metálico llamado caolín, muy abundante en la región. Lo hacen bajo el esquema de “minería social”, relativamente controlada por ellos mismo. Por este motivo –pensamos- no veían bien la presencia de una empresa que pudiera competir con la comunidad.

Hay que hacer notar que los ejidatarios y ejidatarias recibieron una asesoría por parte de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable, de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), recién fundada por el gobierno federal, con sede en la misma población.

Ese mismo mes de mayo, dos o tres personas del ejido de Tzocohuite acudieron a las instalaciones de Radio Huaya para pedir asesoría. Durante su visita narraron que se habían presentado emisarios de “una minera” y habían pedido su consentimiento para iniciar labores de exploración en su territorio. Nosotros no teníamos todavía muchos datos de lo que estaba ocurriendo para poder ayudarles significativamente.

En esos mismos días, algunos ingenieros y trabajadores administrativos de “La Victoria Exploración” solicitaron y sostuvieron una plática con el coordinador de la nueva universidad campesina. También acudió a la cita, invitada por el coordinador, una representante de nuestro equipo. Ante las propuestas extremadamente halagüeñas que presentaron los emisarios en relación con las comunidades y con la universidad misma, la representante de la radio replicó que ésta se guiaba siempre por las decisiones que se tomaban en las poblaciones.

El lunes 15 de julio de 2019 se llevó a cabo una asamblea de autoridades municipales, ejidales y comunitarias de los municipios de Huayacocotla, Zacualpan y Agua Blanca, a petición de la misma empresa. “La Victoria Exploración” quería informar sobre los planes que traía entre manos. También participaron funcionarios de oficinas federales de la región y un representante del gobierno del estado de Veracruz.

Los emisarios de la minera expusieron ampliamente el proyecto para localizar yacimientos de los metales ya mencionados. Explicitaron las siglas de los lotes concesionados en los que pretendían llevar a cabos sus actividades de exploración, los cuales abarcan un buen número de comunidades de los tres municipios.

A la hora de la participación de los asistentes, varias personas expresaron su temor de que las actividades de “La Victoria Exploración” fueran a contaminar el agua que utilizan las familias. También preguntaron si había inversiones de capital extranjero en esa empresa. Hubo otras intervenciones, todas desde una perspectiva crítica. Por su parte, los representantes de la empresa respondieron con evasivas, insistiendo en las supuestas bondades del proyecto.

Algunos representantes de los ejidos explicaron que en sus asambleas ejidales habían decidido no permitir la entrada de empresas mineras al territorio. También expresaron que, en una asamblea general, los ejidos habían tomado la decisión de no permitir proyectos extractivos.

Al final del encuentro todos los participantes, a mano levantada, expresaron su rechazo a los planes de la compañía minera “La Victoria” y se comprometieron a redactar actas ejidales para expresar su oposición a cualquier empresa extractiva. Al menos diez comunidades cumplieron el compromiso.

El Ayuntamiento de Huayacocotla, en sesión extraordinaria, levantó un acta de cabildo que declaró al municipio “libre de minería metálica y tóxica” e hizo constar el siguiente punto de acuerdo: “no otorgar autorizaciones de uso de suelo, de cambio de uso de suelo o de construcción para la realización de proyectos de exploración y explotación de minería metálica o tóxica, en territorio veracruzano”.

La pertinacia empresarial

No obstante, el rechazo de los ejidos, en los meses siguientes emisarios de “La Victoria Exploración” siguieron presionando para lograr un permiso de exploración por parte de las comunidades. Mantuvieron un “campamento minero” en Agua Blanca, como centro de operaciones. En tres ocasiones procuraron convencer a los ejidatarios y ejidatarias de Carbonero Jacales, pero las tres veces fueron rechazados, hasta el punto de prohibírseles el ingreso a las asambleas. Mantuvieron la presión a base de volantes escritos no firmados y visitas de emisarios casa por casa. Incluso hicieron llegar amenazas a miembros del personal de la UBBJ “para que los dejaran trabajar”.

Por medio de la empresa Proa Comunicaciones se propusieron convencer a Radio Huaya para que apoyara el proyecto extractivista, pero se toparon con una radioemisora respetuosa de las decisiones de las comunidades. Incluso intentaron realizar labores de espionaje y convencimiento a través de emisarios falaces, que se presentaron en nuestras instalaciones.

Se supo también que habían llevado a cabo perforaciones en varias partes del territorio sin autorización previa, señaladamente en la comunidad “Canalejas”.

Una hipótesis que ayuda a explicar estos hechos la proporciona la ecología política. Se trata del principio de fijación geográfica que postula que “a mayor fijación geográfica del recurso, mayor presión sobre el territorio y la sociedad local; por el contrario, a menor fijación del recurso, se busca una localización en territorios habitados por sociedades poco demandantes o en los ‘no lugares’” (Suárez-Ruggiero 2018, 16).

En 2020 se declaró la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Esto, naturalmente, frenó las actividades de todo orden y, seguramente, las de la corporación invasora. Hasta el avance de los meses de 2022, no se pudo minimizar la propagación y virulencia de la enfermedad.

Hay una cierta unanimidad en la región respecto a que, durante los meses que van desde 2021 hasta la fecha actual, no se ha detectado la presencia de ingenieros de “La Victoria Exploración”. Esto representa una primera victoria, no de la empresa, sino de las comunidades.

Por nuestra parte, mantenemos la alerta porque sabemos que, detrás del extractivismo, existen descomunales intereses económicos de inversionistas extranjeros, lo cual alimenta la probabilidad de que, después de un tiempo, reediten los proyectos que tienen sobre nuestra región.

La observación anterior tiene relación con algunos hallazgos de nuestras indagaciones, a través de los cuales constatamos la existencia de vínculos entre “La Victoria Exploración” y las empresas transnacionales Electrum Group y Hohschild México, esta última con inversiones en Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y Sudáfrica.

Además, hay que tener en cuenta que, a pesar de la promesa electoral del gobierno federal de no conceder ulteriores concesiones mineras, estas corporaciones han encontrado algunos aliados entre las personas pertenecientes al círculo más cercano presidencial. Al parecer, la relación de estos personajes con las autoridades nacionales de la UBBJ generó varias situaciones conflictivas al interior de la misma y provocó que se suspendiera la relación con nuestro equipo, como veremos a continuación. La cuestionada construcción del Tren Maya y del Corredor Transístmico nos confirmaron acerca de las contradicciones del gobierno actual.

Acciones emprendidas por el equipo “Sierra Norte”

El equipo “Sierra Norte del Estado de Veracruz” se puso desde el inicio al servicio de las decisiones que tomaron las poblaciones. Esta postura se tradujo en emisiones radiofónicas explícitas sobre el tema. Además, contó significativamente la acostumbrada mirada crítica de Radio Huaya frente a la minería industrial, que se trasluce en muchos programas.

Otra respuesta remarcable de nuestro proyecto estuvo vinculada con los inicios más formales de la “Plataforma Huayacocotla-Puebla”, impulsada por nuestro equipo y la Universidad Iberoamericana, en su plantel de la ciudad de Puebla. Desde el inicio se pretendió que funcionara como un medio de apoyo y colaboración entre ambas instituciones, en el que la universidad aporta sobre todo sus recursos académicos. Durante este proceso se han sumado otras universidades jesuitas del país a estas actividades. De hecho, al mismo tiempo que se echaba a andar el Eje Tierra y Territorio en la plataforma, se gestó una Comisión de Defensa de la Tierra y el Territorio en el interior del equipo.

El mes de marzo de 2020 se llevó a cabo en la sede de la UBBJ el “Primer Taller de Análisis y Proyección de Matrices de Trabajo”, en el que participaron miembros del personal académico de la universidad, así como de nuestro equipo, de la Ibero Puebla, dos o tres alumnos y un puñado de representantes de los ejidos. Este primer taller marcó el inicio de una investigación formal acerca de las concesiones mineras y la irrupción de “La Victoria Exploración”. Estas indagaciones fueron llevadas conjuntamente por los miembros de la plataforma, y se han prolongado hasta el momento de pergeñar estas notas a través del quinto taller de análisis que tuvo lugar del 9 al 11 de este mes de febrero.

Las circunstancias externas que afectaron la vida de la UBBJ condujeron a la expulsión del primer coordinador del plantel y otros docentes, presuntamente por haberse involucrado en estas luchas de los hombres y mujeres del campo; en particular, por su participación en el primer taller de análisis.

Otra línea de acción emprendida por nuestro equipo, encabezado por la comisión de defensa del territorio, fue una labor intensiva de información a las comunidades afectadas acerca de la existencia de concesiones mineras que penden sobre la región, circunstancia que desconocían los ejidatarios y ejidatarias. También se socializaron, en diálogo con las comunidades, los datos que habíamos recabado acerca de “La Victoria Exploración”.

Con este mismo enfoque preventivo, se emprendió una campaña de estudio de la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, a través de talleres que se realizaron en seis localidades de Xochicoatlán, con el fin de sumar a más comunidades en la lucha de Jalamelco.

Finalmente, nuestro equipo, juntamente con las comunidades, está promoviendo la tramitación de amparos -dictados por las autoridades judiciales-, para que se anulen las mencionadas concesiones. Al mismo tiempo pretendemos impulsar la formación de un frente campesino que aúne y encabece la resistencia frente a los proyectos de muerte. El desarrollo de estas iniciativas por parte de Radio Huayacocotla forma parte de nuestro compromiso con los derechos de dichas comunidades para decidir su presente y su futuro, independientemente de si la expresión de esa voluntad entra en conflicto con los intereses de la empresa.

Conclusiones

Las conclusiones a las que hemos llegado en el Equipo Sierra Norte de Veracruz son las siguientes:

1)   La empresa “La Victoria Exploraciones” adoptó al inicio una actitud de respeto a las comunidades -en términos generales-, manifestada a través de las consultas que llevó a cabo, a tenor de la legislación vigente en el país -lo cual evoca naturalmente el Convenio 169 de la OIT, con la salvedad de que éste se refiere específicamente a comunidades indígenas.

2)   Gracias a la conjunción de varios factores, entre los que sobresale la herencia comunitaria recibida por las comunidades, la gente y las autoridades de los tres municipios adoptaron, en general, una actitud clara de rechazo al ingreso de la empresa, a través de intervenciones orales y documentos oficiales debidamente protocolizados.

3)   En un momento posterior a la respuesta negativa de los ejidos, la empresa mostró una actitud irrespetuosa frente a la voluntad colectiva. Radio Huayacocotla denunció estas prácticas cuestionables por parte de la empresa.) Radio Huayacocotla respaldó en todo momento las decisiones comunitarias. Consideramos que esta labor constituyó un factor significativo, que contribuyó a legitimar, difundir y reforzar la postura de las comunidades.

Referencias:

Francisco Suárez y Carlos Ruggiero, “Introducción general”, en Francisco Suárez y Carlos Ruggiero, “Los conflictos ambientales en América Latina. Casos y reflexiones”, I, Prov. de Buenos Aires 2018.

Original español

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

La minería extractiva en República Dominicana: una mirada desde las comunidades locales

Heriberta Fernandez Liriano

Centro Montalvo, República Dominicana

La República Dominicana y Haití, dos naciones hermanas que comparten la isla Hispaniola en el corazón de la región del Caribe, se encuentran en constante amenaza y bajo los impactos de la minería extractiva, a pesar de estar en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Esta vulnerabilidad es consecuencia de un modelo económico basado en la extracción y expoliación de recursos naturales, entre los cuales la megaminería representa el mayor peligro y riesgo a la estabilidad ecológica, ya que reproduce relaciones coloniales, a lo que se suma el envenenamiento de las aguas y la destrucción de paisajes culturales y ambientales, y la desintegración del tejido social.

Dentro de la panorámica extractivista nos encontramos con la tragedia que representa la empresa canadiense Barrick Gold que actualmente opera una mina a cielo abierto ubicada en Pueblo Viejo, provincia de Sánchez Ramírez, siendo esta una de las mineras que más ha afectado a las comunidades locales como lo expresa la lideresa comunitaria Leoncia Ramos: “vivir encima del oro ha sido nuestra peor desgracia”. La explotación minera afecta los medios de vidas tradiciones de las comunidades, se han contaminado y agotado importantes fuentes de agua atentando con ello la salud de las personas y las actividades agrícolas. Se ha perturbado la cohesión social provocando desplazamientos forzosos y se profundiza el circulo de pobreza.

La lucha del pueblo de Cotuí en resistencia a la explotación minera de la Barrick Gold tiene dos grandes logros que mostrar al mundo: primero, porque mantiene debajo de la tierra una semilla de esperanza aferrados a que tienen derecho a vivir dignamente y a un ambiente sano y segundo, porque son “el espejo” para las demás comunidades del país y del hermano pueblo de Haití, donde se instrumentan permisos masivos de explotación minera. Los comunitarios de Cotuí, han abierto sus puertas en una casa-enramada, que denominan, “Campamento de los Encadenados”, punto de encuentro con las comunidades, organizaciones, activistas, mostrando lo que puede pasar en los territorios de explotación minera. Han animado a diversos actores a oponerse de manera radical al extractivismo minero por la fragilidad de la isla Hispaniola.

Un modelo que se pretende expandir en la isla

La amenaza se cierne en la frontera entre Haití y República Dominicana con proyectos ya en desarrollo lo que hace definir, toda una frontera deseada por la apetencia irracional de la minería para convertir el espacio insular víctima de la tragedia de un modelo extractivo.

En esta zona norte de la frontera, en el municipio de Restauración, provincia Dajabón, se localiza el proyecto minero Neita Fase I -cuya propiedad delimita la frontera con Haití en una extensión de 226 km2, y que ha sido concesionado por el Estado dominicano a la empresa canadiense Unigold Resources Inc. desde octubre de 2002 para la exploración de oro, plata, zinc, cobre y minerales asociados. El 25 de febrero del presente año, la Unigold presentó una solicitud de licencia de explotación que abarca 9.990 hectáreas de las 21.031 que contiene la concesión.

Más de una década de lucha por sociedades ecológicas y los liderazgos locales. Ahora reforzada con actores socioambientales y religiosos que se han constituido en Asamblea para resistir a los proyectos mineros en las comunidades fronterizas. Éstas han visto sus cotidianidades alteradas a partir de la presencia de las empresas mineras que irrumpen con maquinarias diversas e instrumentos de exploración en los territorios y parcelas agrícolas de los campesinos.

Ante estas embestidas, las comunidades han ido tomando conciencia de que existe un grave peligro, dada la autorización del gobierno en una concesión fiscal de exploración. Después de este paso, el siguiente sería ya el inicio de la explotación minera, sin que se haya ponderado ni establecido el impacto socio-ambiental de estas acciones en las comunidades a través de estudios de impactos ambiental y la obligatoria licencia social.

Es preocupante que no se haya tomado en cuenta la fragilidad geológica y ecológica de la región; ni la interconexión de su cadena de montañas, sus bosques, de sus ríos, sus cuerpos de agua y sus enlaces con el ciclo hídrico de sus ecosistemas ―de los cuales depende la vida cotidiana de la gente.

La minera Unigold ha bifurcado los suelos, ha explorado sus entrañas en busca de oro y plata, y también ha fracturado la vida cotidiana y las relaciones entre los vecinos de las comunidades. Todo esto ha generado una nueva coyuntura en la vida comunitaria de los territorios intervenidos por la presencia de Unigold. El fenómeno también ha impactado el resto de las comunidades que ven amenazados sus recursos naturales, sus vías de acceso y sus medios de vida y sustento, por lo general basados en actividades agrícolas, pecuarias y agroforestales.

Las concesiones de exploración y explotación minera en Dajabón llegan a las comunidades con desconcierto y temor. Por un lado, esto es debido a la poca información y transparencia en las autoridades locales y del Ministerio de Energía y Mina; y, por otro, a la aceleración de un proceso que no toma en cuenta los estudios realizados por el propio Estado dominicano sobre los problemas y desafíos que representa la explotación de recursos mineros en la zona fronteriza de República Dominicana y Haití. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de unos estudios, advierte sobre la convergencia de las zonas de explotación minera en las provincias fronterizas de la República Dominicana y de Haití donde descansan los principales recursos hidrológicos de la isla, dada la interdependencia de las fuentes de aguas transfronterizas para los diversos usos (MEPyD, 2016).

Se trae a colación los impactos que podría generar la explotación de los recursos mineros a la biodiversidad, el suelo, el paisaje y la salud de las comunidades. Asimismo, se advierte del potencial conflicto por la competencia de acceso al agua, la baja protección de las cuencas, y la débil gobernabilidad del territorio fronterizo para enfrentar la sostenibilidad ambiental y los desafíos del cambio climático.

En este contexto, la explotación minera en las comunidades de la frontera nos plantea un dilema: elegir entre la vida y la muerte. Nosotros, actores sociales y agentes pastorales que vivimos y acompañamos a la gente de estas comunidades optamos por la conservación de la vida y la defensa ambiental.

Daños irreversibles y deudas acumuladas desde la colonia

En América Latina y el Caribe ha quedado demostrado que la inversión extranjera en minería no es sinónimo de desarrollo sostenible. El aumento de las exportaciones de minerales no se traduce en mejora de los medios de vida de las comunidades impactadas por las actividades extractivitas. Por el contrario, las poblaciones locales a menudo sufren los desplazamientos de las familias, de las comunidades y de las unidades de producción de los pequeños productores que esta actividad genera. En la práctica lo que hacen las actividades extractivas es dar lugar a procesos de conflictos socio-ambientales, daños ecológicos irreversibles, afectaciones a la salud de las familias y disputas por el uso del agua. En otras palabras, las comunidades quedan sometidas a formas de vida más carenciadas y vulneradas.

Por eso, el modelo extractivo constituye una amenaza a la sostenibilidad ambiental, a los medios de vida de la gente y al desarrollo humano sostenible. El Papa Francisco ha sido enfático y ha defendido la necesidad de abandonar “un modelo económico voraz, orientado a la ganancia, con un horizonte limitado y basado en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado.” Ese horizonte profético nos guía e interpela en este momento de lucha por el bienestar sostenible.

La megaminería en el país ya ha creado descomposición social y territorial, ha alimentado esperanzas y ha generado ilusiones a gente que cree que el desarrollismo no se debe ni puede detener. Las promesas de la minería en muchas ocasiones se sostienen en manipulaciones y engaños para adormecer a las comunidades y debilitar sus compromisos con la protección de la vida, el bienestar sostenible y el cuidado de la madre tierra, la Casa Común.

El Foro Binacional sobre Minería y Cambio Climático, un espacio de resistencia de organizaciones dominicanas y haitianas

Frente a la maldición que representa el extractivismo minero en la isla, la resistencia de los pueblos se hace presente y se desarrollan acciones de defensa de los territorios. Entre esas iniciativas se encuentra el Foro Binacional sobre Minería y Cambio Climático, una iniciativa de diversas organizaciones socioambientales de Haití y la República Dominicana que han articulado para movilizar acciones de defensa de los territorios y lo bienes naturales comunes.

El Foro ha denunciado que “La megaminería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivito violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Ahora pretende extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el rio Artibonito, y con él, todos los ríos que nacen en la Cordillera Central dominicana y el Plateau Central haitiano, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestros pueblos”[33]. El Foro es un espacio de encuentro y solidaridad sostiene que la minería destruye y lacera la cohesión comunitaria y afecta a los territorios. Se revindica la posibilidad de que las comunidades tengan el derecho el decidir el tipo de desarrollo que quieren, y el derecho a decir No.

Desde la colonización y con el neoliberalismo

El dramático balance de la actividad extractiva en nuestra isla desde 1492 ha estado disfrazado de un discurso manipulador de modernización y desarrollo y se ha caracterizado por falsas promesas de bienestar colectivo y de prosperidad. Sin embargo, por el contrario, ha puesto en riesgo la estabilidad climática, la cohesión social de los territorios, los derechos humanos y la seguridad alimentaria de las comunidades de la isla.

Los sectores dominantes de la isla han visto en la minería un modelo de desarrollo sin prevenir las consecuencias nefastas que la misma representa. Y en alianza internacional, las oligarquías criollas, quieren dejar entrever que puede haber minería sostenible amiga del medio ambiente y las poblaciones.

Ante este panorama, donde la voluntad política dominicana está claramente alineada y comprometida con la minería nacional y transnacional, entendemos que los proyectos de extractivismo solo pueden ser detenidos por comunidades con organizaciones fuertes y coherentes que defiendan: el derecho a la vida plena; la movilización de la solidaridad nacional e internacional; la visibilización y la denuncia; el apoyo a la articulación de procesos y colectivos; la interconexión de los procesos de lucha en todo el continente y a nivel global; y sobre todo, la movilización por parte de las comunidades locales en defensa de los territorios

El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo (Centro Montalvo) tiene como misión aportar a la construcción de una sociedad justa, intercultural y solidaria, desde las personas más empobrecidas y excluidas, promoviéndolas como sujetos dignos, dialogantes y críticos, con capacidad para articularse con otros actores sociales y asumir compromisos de transformación social. Desde este compromiso acompañamos a las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras e impactadas por los efectos de cambio climático en la República Dominicana. Nuestros programas van dirigidos al fortalecimiento de la articulación social y comunitaria, empoderamiento de los grupos locales, activistas ambientales y de derechos humanos con capacidad de para incidir en las políticas públicas desde una perspectiva de justicia ambiental.

Impartimos formaciones sobre extractivismo, justicia ambiental y climática con activistas ambientales y comunitarios para el aumento de su comprensión de la problemática ambiental y el fortalecimiento de su capacidad de acción en los territorios en donde lideran procesos de lucha. Por otra parte, desarrollamos acciones de incidencia pública y sensibilización sobre los efectos diversos de la megaminería en el país y en la isla con acciones de denuncia, movilización e incidencia.

Apoyamos a las mujeres en su lucha por la justicia de género haciendo visibles los procesos de resistencia que lideran frente a los impactos del cambio climático y al extractivismo. Este trabajo ha permitido romper con los silencios de estas historias y apuntar hacia la visibilidad del liderazgo femenino desde los distintos ámbitos de la resistencia ambiental, de género, social, ecológica, territorial, justicia climática, racial a nivel comunitario. Estas experiencias de mujeres con fuerte arraigo comunitario-territorial se desarrollan a partir de narrativas verbalizadas desde sus vivencias y cotidianidades en las comunidades.

Referencias:

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2016), “La Explotación de los Recursos Mineros en el área de la frontera dominico – haitiana: un desafío para la gestión y la protección de las fuentes de agua de la isla Hispaniola”, disponible en:  https://mepyd.gob.do/publicaciones/la-explotacion-de-los-recursos-mineros-en-el-area-de-la-frontera-dominico-haitiana [último acceso 31.03.2023]

Original español

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

La irracionalidad extractivista en Honduras: caso Guapinol

Elvin Fernaly Hernández Rivera

Investigador en ERIC & Radio Progreso (ERIC-RP), Honduras

El modelo extractivista: un modelo que tiene historia

Honduras está ubicado en el ombligo de las américas, precisamente eso y su riqueza natural en apenas 112 mil kilómetros cuadrados han sido factores que históricamente han afectado al país, alimentando “la maldición de la abundancia.” Los capitales mundiales siempre metieron sus manos en nuestros bienes naturales convirtiéndonos en su bodega de minerales o en reservas de tierra que deben estar disponibles para cuando la necesiten.

Desde que nos formamos como República hace 200 años, Honduras ha pasado al menos por tres ciclos extractivistas, en los que un rasgo común ha sido cooptación del Estado al servicio de las elites impulsoras. El primero abarca desde finales del siglo XIX a mediados del XX, y se centró en la extracción de oro y plata por parte de empresas norteamericanas[34]. El segundo se centró en la extracción del territorio, la búsqueda de mano de obra barata y la promoción de monocultivos para la exportación, fundamentalmente de banano[35]. Se sentaron así las bases de un modelo que a largo plazo empobreció las condiciones laborales, fomentó la concentración de riqueza y la dependencia económica del exterior.

Un tercer ciclo corresponde a la extracción de minerales y las concesiones de proyectos hidroeléctricos. Comenzó en 2007 cuando Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), centró su plan estratégico en la acumulación de riqueza a partir de los bienes naturales. La crisis económica mundial reactivo el interés de los mercados por las materias primas, y Honduras no se escapó de la ola. En esta reflexión nos centraremos en el extractivismo de las últimas décadas.

Corría el año 2009, cuando se dio un golpe de Estado en Honduras, el primero del siglo XXI en América Latina, una crisis política que fue la fachada para que las elites controlaran toda la institucionalidad y la pusieran al servicio de su nueva apuesta económica. En apenas seis meses, el régimen de facto facilitó una lluvia de concesiones para proyectos mineros y proyectos energéticos, hidroeléctricos, eólicos y fotovoltaicos. Aunque en principio la propuesta de transición energética parece positiva, la situación cambia cuando los proyectos se van desarrollando violando todo el andamiaje jurídico y excluyendo a las comunidades. Este ciclo se sintetiza en la frase “Honduras abierta a los negocios”, como expresión máxima de la subasta del territorio nacional, siendo las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)[36] el cebo para los inversionistas.

Un informe reciente establece que Honduras tiene amenazados el suelo de 156 municipios, por 540 concesiones mineras y 100 municipios tiene sus ríos amenazados por 307 concesiones para generación de energía eléctrica. Al menos 165 proyectos extractivos están amenazando territorios de los pueblos originarios[37].

Una estrategia económica que no compensa para el país, ya que solo beneficia a un reducido grupo de inversionistas, dejando una constelación de daños a las comunidades que históricamente han cuidado los ríos y las montañas. En la última década se entregaron concesiones y se aprobó el andamiaje jurídico para implementar estos proyectos, protegiendo fundamentalmente a los inversionistas. Una de esas leyes fue la ley general de minería, hecha a la medida de los propietarios de las nuevas concesiones.

Un caso emblemático: el caso Guapinol

Entre las decenas de concesiones mineras aprobadas, se encuentra el caso conocido como Guapinol porque afecta al río Guapinol y San Pedro, que consiste en la entrega de dos concesiones mineras de óxido de hierro conocidas como ASP  y ASP2[38] en el Parque Nacional Montaña Botadero Carlos Escaleras (en adelante, Parque Nacional Carlos Escaleras), ubicada en el valle del Aguán, también afectado por el extractivismo agroindustrial. Ambas concesiones se entregaron a Inversiones Los Pinares, perteneciente al Grupo EMCO, cuyos principales socios son los esposos Lenir Pérez y Ana Facussé, quienes pertenecen a una de las familias más ricas del país, que entre sus haberes cuenta con Corporación Dinant, con más de 12 mil hectáreas de palma africana en el valle de Aguán.

A las concesiones mineras le precedió la instalación de la planta peletizadora de óxido de hierro, ubicada a 50 metros del río Guapinol. Para  la procesadora de hierro, el Grupo EMCO creó Inversiones ECOTEK S.A. ya que Inversiones Los Pinares no puede procesar, porque las concesiones que le asignaron son para minería no metálica[39]. Tanto las dos concesiones mineras como la planta peletizadora podrían pasar desapercibidas entre las 540 concesiones regadas en todo el país, sin embargo esta concesión es un caso emblemático de la irracionalidad de la industria minera en el país. Aquí ofrecemos al menos cuatros perspectivas de la inviabilidad del proyecto:

Primera, el proyecto es inviable ambientalmente por la destrucción que representa. Las dos concesiones están ubicadas en el corazón del Parque nacional Carlos Escaleras en el cual “se localizan 34 micro cuencas declaradas que abastecen sistemas de agua potable de los municipios de Tocoa, Sabá, Gualaco, Olanchito, Bonito Oriental y San Esteban. Alrededor de 42.000 habitantes de las diferentes comunidades reciben agua de la Montaña de Botaderos.”[40]

Segunda, el proyecto presenta indicios de ilegalidad de inicio a fin. En abril de 2013, la empresa EMCO MINING COMPANY, ahora empresa Inversiones Los Pinares, presentó dos solicitudes de otorgamiento de dos concesiones mineras no metálicas denominadas ASP y ASP2 con una cobertura de 200 hectáreas. Ambas concesiones se ubicaban en la zona núcleo del área protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos.

El 12 de diciembre del mismo año, el Congreso Nacional redujo la zona núcleo del Parque por decreto, sin cumplir con los requisitos para modificar un área protegida, reformando el artículo 5 del Decreto 127-2012 de la Declaratoria de Área Protegida del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Y a inicios del año siguiente, el diario oficial la Gaceta publicó el Decreto 252-2013[41], consumando otra ilegalidad.

La ilegalidad caracteriza la forma de operar de Inversiones Los Pinares. En este caso, la empresa no ha acatado los dictámenes técnicos del Instituto de Conservación Forestal ni de la Secretaría del Ambiente, los cuales establecen que el desarrollo del proyecto no es factible ya que el proyecto minero está ubicado en el área con cobertura forestal y en la sub zona de recuperación de área protegida Parque Nacional Carlos Escaleras, donde la minería está prohibida. A pesar de todas las violaciones al estamento jurídico el proyecto minero ha seguido con la construcción de la carretera, ha quitado la capa boscosa del núcleo del Parque y ha seguido con la instalación de la planta peletizadora.

A estas ilegalidades se suma la falta de una consulta previa, libre e informada que estos proyectos requieren para ser instalados en las comunidades. Tampoco hay estudios de factibilidad y los permisos que la municipalidad de Tocoa ha entregado se han hecho de manera irregular. En paralelo a la violación de la normativa ambiental la policía y los militares han estado al servicio de los mineros y reprimiendo a los pobladores.

Desde la perspectiva socioeconómica no es viable porque el impacto ambiental está por encima de las oportunidades de empleo que ofrece a las comunidades. Las empresas mineras apenas pagan el 6 por ciento al estado de las ganancias que obtienen por la explotación de los minerales[42].

Y, por último, esta concesión ha dañado el tejido comunitario. Su estrategia ha ido en varias líneas, desde la influencia en las instituciones y funcionarios públicos, campañas mediáticas a favor de la minera y contra las comunidades que resisten al proyecto, hasta la división de las organizaciones, comunidades y el asesinato de sus líderes.

Estudiando el comportamiento del Grupo EMCO en sus concesiones mineras, y otras empresas con proyectos extractivos, se observa un patrón común para la instalación de estos proyectos. Es un patrón compartido con las empresas de la misma industria. La estrategia tiene al menos cuatro fases[43]:

Primera fase, de “enamoramiento” o “persuasión”. En esta fase suelen enamorar a la comunidad ofreciendo proyectos comunitarios como escuelas, centro de salud e instalación del servicio de energía eléctricas. Algunos grupos empresariales han creado sus fundaciones para hacer el trabajo de ablandamiento o de lavado de imagen.

Segunda fase, división de la comunidad, hostigamiento líderes y lideresas de la oposición a la mina. Cuando el enamoramiento no funciona implementan la división y violencia en las organizaciones comunitarias. Promueven cambios en las juntas directivas o ponen juntas directivas paralelas en la organización comunitaria. En esta estrategia usan miembros de la comunidad o de comunidades vecinas a quienes han logrado poner a favor de la minera ofreciéndoles empleo o apoyos puntuales.

Tercera fase, intimidación con el apoyo de la institucionalidad pública, sobre todo de autoridades locales y policía. La fase de criminalización entra en juego cuando no han podido sobornar ni dividir la comunidad. En este caso, la empresa ejerció influencia en el Ministerio Público para la criminalización penal contra 31 acusados por delitos de usurpación, daños, detentación de espacio público, asociación ilícita e incendio, entre otros.

Ocho defensores criminalizados por su defensa de los ríos Guapinol y San Pedro pasaron 914 días privados de su libertad, acusados por los supuestos delitos de daños agravados, daños simples y privación ilegal de la libertad. Su pesadilla terminó en febrero de 2022, cuando la Sala de lo Constitucional admitió dos recursos de amparo a favor de los defensores, por lo que se ordenó el sobreseimiento definitivo.

Cuarta fase, persecución, amenazas a muerte y eliminación física de liderazgos de la comunidad. Esta fase entra en funcionamiento cuando el rechazo al proyecto minero se mantiene firme a pesar de los intentos seducir o dividir a las comunidades, y la criminalización no logra debilitar la lucha. Los principales líderes del Comité tuvieron que salir de la región una larga temporada para salvar la vida, las amenazas nunca desaparecieron, hasta que el 7 de enero de 2023 fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla miembros de la Comunidad de Guapinol y del Comité en defensa de los bienes públicos y naturales.

Captura del Estado

Un elemento común en cada una de las fases es la participación de las instituciones públicas, que a veces se expresa en la falta de voluntad política o en indiferencia a las violaciones de los derechos humanos y la protección del medioambiente. En otras ocasiones la participación es directa, alcanzando la máxima expresión de cooptación en la instalación de fuerzas de seguridad del Estado para cuidar las instalaciones de Inversiones Los Pinares. Sólo desde ese poder de sentirse por encima del Estado es donde encontramos la explicación a estas preguntas:

¿Cómo se explica la modificación del Decreto para reducir el área del núcleo del Parque nacional Montaña Botadero para instalar un proyecto minero? ¿Cómo se explica la instalación un proyecto minero en un Parque de donde depende el agua de varios municipios? ¿Cómo se explica que un proyecto minero que tiene unas concesiones ilegales, una planta para procesar hierro sin licencia ambiental o con permisos vencidos, siga su construcción? ¿Cómo se puede sostener tanta ilegalidad? ¿Cómo se explica la continuidad de un proyecto minero a pesar de la criminalización de los defensores y el derramamiento de sangre? ¿Cuánta más sangre tiene que correr para cancelarlo?

Esas ilegalidades, ese daño al ambiente y toda la violencia ejercida contra la comunidad solo se sostiene teniendo el poder del Estado a favor del proyecto minero. Esto sostiene una ingrata realidad que Lenir Pérez y Ana Facussé no solo están actuando por encima de Estado, a veces ellos son el Estado, otras veces el Estado les pide permiso para revisar su concesión minera.

Resistencia a los proyectos extractivistas

En paralelo a la entrega de los proyectos mineros e hidroeléctricos, se ha vivido un rechazo y resistencia a las empresas extractivistas en las diferentes regiones del país, en esas luchas se suman campesinos, indígenas y sectores urbanos y equipos de abogados. En este caminar las organizaciones y comunidades han implementado diversas estrategias de luchas, entre las más destacadas están: 1) organización y formación en la comunidad sobre lo que está pasando en sus territorios; 2) campamentos en la entrada a las comunidades donde quieren instalar proyectos extractivos; 3) investigación sobre la minería, esto ha sido determinante para evidenciar las ilegalidades y las estrategias jurídicas de las empresas para engañar a las comunidades; 4) la comunicación para denunciar los abusos, aquí se apostó por radios comunitarias, redes sociales y multimedia; 5) la articulación de las luchas contra la minería, ha unido esfuerzos entre lo popular y lo religioso, esto ha permitido que parroquias y diócesis de la región acuerpen la lucha; 6) la lucha ha estado bañada de arte popular, consignas, canciones y concierto de artistas nacionales que animan la acciones de resistencia.

Conclusiones

Primera. En Honduras, la masiva entrega de concesiones mineras e hidroeléctricas en la última década está bañada de ilegalidad y fue acompañada de una serie de leyes para proteger a los inversionistas. Los proyectos extractivos fueron entregados en el marco de un régimen de facto y se fortalecieron con las administraciones de Juan Orlando Hernández, quien controló toda la institucionalidad y la puso al servicio de las élites, e hicieron causa común en sus negocios bañados de corrupción, narcotráfico y lavados de activos. Ahora el expresidente descansa en una cárcel de Nueva York.

Segunda. Los proyectos extractivistas han profundizado la polarización del país, favoreciendo la acumulación de riqueza y el empobrecimiento de las mayorías, incrementando la vulnerabilidad al cambio climático y la criminalización de quienes ofrecen resistencia comunitaria en defensa de los ríos y montañas de sus territorios.

Tercera. El extractivismo es la máxima expresión de la irracionalidad humana. Con las concesiones mineras y las hidroeléctricas sobreexplotamos el bosque de la montaña y el agua de los ríos y con el extractivismo agroindustrial ―palma africana, banano y caña de azúcar― sobreexplotamos el agua de los acuíferos y de los valles. Nos estamos quedando sin agua, basta con recorrer un poco el país para confirmar que los ríos se están secando.

Cuarta. Hay necesidad de establecer límites jurídicos sobre la capacidad minera de las montañas y capacidad hídrica de los ríos del país. Esto límites son urgentes porque la lluvia de concesiones  mineras e hidroeléctricas entregadas se han hecho sin estudio alguno. Para ello es fundamental revisar todas las concesiones y las condiciones en que se entregaron, especialmente las que tienen sólidas evidencias de ilegalidad.

Quinta. Frente a la polarización es urgente impulsar un diálogo de país con participación de todos los sectores de la sociedad. Para dialogar sobre los límites del mercado y el Estado en las inversiones en proyectos extractivistas. Es urgente establecer un límite sobre qué proyectos extractivos pueden ser inversión pública, definiendo de qué manera contribuirán al bien común, y cuáles no, porque son bienes estratégicos para el país y porque esos recursos estratégicos históricamente han estado cuidados por las comunidades.

Sexta. En relación con lo anterior, necesitamos nuevos modelos económicos alternativos al modelo neoliberal. Está demostrado que el neoliberalismo es devorador de los bienes naturales, de las instituciones públicas y del tejido social.

Séptima. En medio de los destrozos ambientales y jurídicos que van dejando los proyectos extractivos, brota la resistencia en voces de mujeres, campesinos y jóvenes que han fortalecido el movimiento comunitario organizado en defensa su territorio y desde ahí se han articulado con sectores de iglesia y con luchas de otras regiones del país.

Original español

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

Investigación para la justicia ambiental: Zonas de sacrificio en Perú y Honduras y solidaridad jesuita

Fernando Serrano, PhD, MA

Profesor adjunto de salud ambiental en la Universidad Washington de Saint Louis, EE.UU.

1. Zonas de sacrificio y el clamor de los afectados. La Oroya, Perú, y El Progreso, Honduras.

Las zonas de sacrificio son aquellas cuyas comunidades están expuestas a niveles extremos de contaminación y sustancias tóxicas por su condición de pobreza, exclusión y discriminación.  Esta es una breve historia de mi experiencia como investigador de Saint Louis University, la segunda universidad jesuita más antigua de EEUU, en dos zonas de sacrificio en América Latina: la ciudad de La Oroya en Perú, y tres comunidades rurales cerca de El Progreso en Honduras, y la respuesta solidaria al clamor por evidencia científica que sirva para decir la verdad al poder y buscar la justicia ambiental.

La Oroya en Perú es una de las ciudades más contaminadas del mundo.  La causa principal de la contaminación son las emisiones de plomo, cadmio, arsénico, oxido nítrico, dióxido de carbono, dióxido de azufre y otras sustancias tóxicas que provienen del complejo metalúrgico en la ciudad.  Este complejo fue construido en 1922 por la compañía de EEUU Cerro de Pasco Co. para procesar oro, cobre, plata, plomo, zinc y otros metales abundantes en el Perú.  El complejo fue nacionalizado por el gobierno peruano en 1974, y vendido en 1997 a Doe Run de St. Louis, Missouri, una compañía de EEUU del grupo Renco.  La empresa tomó el nombre de Doe Run Perú.

Las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya han generado riqueza para los dueños de la compañía, trabajo para la población local y rentas para el estado.  Sin embargo, los “humos de La Oroya,” han causado conflicto social y una grave contaminación del aire, agua y suelo en la ciudad y en la región que ha envenenado a toda la población. En 1999, un estudio de niveles de plomo en sangre en niños reveló que el 99.1% de niños tuvo un nivel de plomo por sobre el nivel de riesgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS): la primera evidencia de la catastrófica intoxicación masiva que se vivía en La Oroya.

“Estamos sufriendo por la contaminación ambiental en La Oroya, pero no tenemos evidencia científica sobre los tóxicos que nos afectan. ¡Necesitamos un estudio científico independiente que nos diga la verdad sobre la contaminación!” Este fue el clamor que escuché de mujeres activistas de derechos humanos de La Oroya en 2004.  Ellas indicaron que el Estado no tiene la capacidad o el interés en hacer un estudio de exposición humana a metales y sustancias tóxicas que tome en cuenta a toda la población.  También dijeron que no confían en los estudios de contaminación por plomo a cargo de la empresa Doe Run Perú.

En Honduras, uno de los países más pobres de la América Latina, las comunidades rurales enfrentan el impacto de la minería en relación con la contaminación del agua, la deforestación y la degradación ambiental, el conflicto y violencia causados por la apropiación de tierras, la fractura del tejido social de las comunidades, y la violación de los derechos humanos.  Este es el caso de tres comunidades cercanas a El Progreso en Honduras: Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa.  En 2013, en una visita de campo, pobladores de estas comunidades compartieron con delegados de instituciones jesuitas de EEUU (incluyendo el autor de este artículo) sus preocupaciones sobre su situación de pobreza y el impacto de la minería en el agua y la producción agrícola, y en la salud y la calidad de vida.  El diálogo con los pobladores también dejó en claro que el Estado hondureño no tiene la capacidad y el interés en hacer diagnósticos de riesgo y evaluaciones del impacto a la salud de contaminantes en estas comunidades.

Estas preocupaciones comunitarias se transformaron en pedidos de apoyo solidario para contar con evidencia rigurosa y confiable sobre la vulnerabilidad de las comunidades rurales para poder defenderse de la expansión de la minería en sus tierras.  En septiembre 2013 en una reunión con pobladores de Nueva Esperanza, Enrique Castillo, uno de los pobladores que se opuso a la entrada de una compañía minera en la comunidad, se me acercó con una botella de plástico llena de agua de su vivienda.  “Por favor, necesito que usted haga un análisis de esta agua porque la minera está contaminando el agua”.

“Queremos saber si tenemos plomo en el cuerpo” en La Oroya.  “Queremos saber cómo está el agua que tomamos” en Honduras.  Esta necesidad de evidencia de riesgo y afectación económica, social y ambiental expresada por poblaciones vulnerables motivaron mi participación y la de otros investigadores de la universidad jesuita de Saint Louis en Missouri en estudios que respondieron al clamor por la verdad para reclamar protección contra las amenazas a la salud y al ambiente.

2. Investigación para la acción: los jesuitas se ponen del lado de las comunidades.

En 2005, inicié un estudio de exposición a metales tóxicos en La Oroya con Monseñor Pedro Barreto SJ, ahora cardenal del Perú, y con la iglesia presbiteriana de Saint Louis.  Este estudio titulado “Contaminación Ambiental en los hogares de la Oroya y Concepción y sus Efectos en la Salud y el Ambiente” fue concebido con la metodología de investigación para la acción con la participación de la comunidad.  El objetivo principal fue recolectar muestras de sangre y orina para determinar la presencia de plomo, cadmio, arsénico y otros metales en la población. El Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de Saint Louis University asumió la responsabilidad institucional de la investigación y parte sustancial de sus costos.

Desde su inicio, el equipo de investigación enfrentó retos formidables. Un ejecutivo de Doe Run de Saint Louis me dijo que no fuera a La Oroya pues no había necesidad de hacer este estudio. La organización comunitaria de La Oroya no tenía fondos para financiar el estudio. Las organizaciones públicas como el Ministerio de Salud no querían involucrarse en un estudio sobre contaminación ambiental de una empresa poderosa como Doe Run. El sindicato de trabajadores del complejo metalúrgico veía como enemigos a quienes hablaran del impacto de metales tóxicos en la salud y ambiente.  Por estas razones, el proceso de aprobación por parte del estado peruano duro casi un año y solo fue posible gracias a la incidencia de Mons. Barreto.

Los retos no terminaron con la aprobación del estudio. En agosto del 2005, el primer día de reclutamiento de participantes, dos equipos de investigación fueron atacados verbalmente y con piedras por trabajadores del complejo metalúrgico (Doe Run negó su participación en estos ataques).  Volantes anónimos titulados “Llegaron los vampiros de Missouri a La Oroya” se distribuyeron en La Oroya para intimidar a la población e impedir su participación en el estudio.  Subsecuentemente, tanto Mons. Barreto como la directora del proyecto en Perú fueron amenazados de muerte. Se me dio un guardia personal para cuidar las muestras de sangre y orina hasta que fueran enviadas a los laboratorios de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en Atlanta, EEUU.

A pesar de los obstáculos, el estudio concluyó con éxito. Los resultados preliminares fueron reportados al ministerio de salud, a la empresa Doe Run, a la prensa nacional e internacional y al público. Los participantes del estudio recibieron los resultados de sus exámenes de laboratorio junto con explicación médica. La investigación demostró que hombres y mujeres en todos los grupos de edad tenían niveles elevados de plomo. El grupo de mayor preocupación fueron los niños pues 97% de niños de 6 meses a 6 años y el 98% de niños de 7 años a 12 años tuvieron niveles elevados de plomo en sangre. Los resultados de cadmio y arsénico también sobrepasaron niveles aceptables. Un líder comunitario expreso que estos resultados son un efecto del “coctel tóxico” que la empresa sirve a la población todos los días.  Después de este estudio, ya no se pudo poner en duda el hecho del envenenamiento masivo que sufría la población de La Oroya, especialmente grupos vulnerables como los niños y las madres embarazadas, causado por las emisiones tóxicas del complejo metalúrgico de Doe Run Perú.

En Honduras, después de la visita a comunidades de delegados de organizaciones jesuitas, en 2014 inicié un estudio de caso sobre el impacto de la minería en la salud, el agua y el ambiente, y los derechos humanos en la Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa.  Este estudio se hizo con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, una organización educativa y de incidencia de la Compañía de Jesús en El Progreso, Honduras, y con el decidido apoyo de Ismael Moreno SJ, el padre Melo, director del ERIC y Radio Progreso.  De manera similar al caso de Perú, la metodología de estudio siguió los métodos de la investigación participativa para la acción social. El propósito principal de este estudio fue generar evidencia rigurosa y confiable sobre el impacto de la minería y las actividades extractivas para informar y apoyar iniciativas organizativas, educativas y de incidencia en Honduras, EE. UU. y Canadá. La Conferencia Jesuita de EEUU y Canadá financió la mayor parte del estudio.  Fondos adicionales fueron proporcionados por la provincia jesuita Centro y Sur de EEUU con base en Saint Louis, Missouri, y por el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de Saint Louis University que también asumió la responsabilidad institucional de la investigación.

Los resultados de la investigación en Honduras salieron a la luz en dos publicaciones: Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras en Aguán, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa (2016) y Resultados de la evaluación de calidad de vida y agua en la Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa y la responsabilidad del estado (2020). La primera publicación analizó el impacto del modelo extractivista y las políticas públicas que apoyan la expansión de la minería en los territorios de comunidades rurales e indígenas, con casos específicos de conflicto social y la violación de derechos humanos.

La segunda publicación reveló la pobreza en la mayoría de los 206 hogares encuestados (92.8%), la falta de educación (solamente el 16.5% de padres y el 23.8% de madres completaron la primaria), la inseguridad alimentaria expresada en 78.6% de hogares, la falta de centros de salud y seguro médico, y la preocupación por el agua (se detectaron coliformes, una bacteria que puede causar enfermedades intestinales, en 94% de muestras de agua de consumo humano).  En esta segunda publicación se describió los altos niveles de inseguridad humana en todos los aspectos de su vida cotidiana de la población y la falla del estado en garantizar los derechos al agua segura, la salud, la educación y un ambiente sano en las comunidades rurales hondureñas.  Como dijo un poblador: “Si estado significa la satisfacción de nuestras necesidades básicas y seguridad de vivir en paz, entonces, nosotros pobres jamás hemos tenido estado en Honduras”.

3. Solidaridad jesuita y justicia ambiental.

(a) La violencia visible e invisible en las zonas de sacrificio.

La violencia visible, aquella que sale en la prensa, es la que se expresa en las amenazas de muerte, en las heridas y las muertes de los que han organizado y protestado en Perú y en Honduras contra la contaminación ambiental, el abandono del estado y la impunidad de las industrias extractivas.  Pero existe otro tipo de violencia igualmente dañina. Es la violencia “lenta”, producto de políticas desarrollistas, excluyentes y destructivas del medio ambiente, que es menos visible y persistente en el tiempo. Su impacto en la salud solo se hace evidente después de años de exposición a metales y sustancias toxicas en el aire, el agua, el suelo y los alimentos que incrementa el riesgo de crecimiento anormal, enfermedades crónicas, desórdenes mentales (en el caso del plomo) y de una disminución de la esperanza de vida.  La Oroya, la Abisinia, Nueva Esperanza y San Francisco Locomapa son los nombres de geografías humanas y ambientales, zonas de sacrificio, que claman por la justicia ambiental.  Como ellas hay miles en el planeta.

(b) La búsqueda de la justicia ambiental.

La población resiste; las comunidades resisten. A partir del estudio del 2005 de la universidad de Saint Louis en La Oroya, los pobladores usaron esta evidencia para demandar al estado Peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber fallado en protegerles de la contaminación, y a Doe Run en las cortes civiles de Saint Louis por haberlos expuesto a metales tóxicos. En Honduras, la mayoría de encuestados en las tres comunidades estudiadas dijeron que no creen que la minería trae beneficios a la comunidad (69%); creen que la minería causa problemas ambientales (89.8%); no creen que la minería traiga desarrollo a las comunidades (55.8%); y no están de acuerdo con la instalación de proyectos mineros en sus comunidades (74.8%).  La resistencia de las comunidades se ha expresado en declaraciones de comunidades “libres de minería” en toda Honduras.

“La justicia ambiental reconoce que todas las personas tienen derecho a respirar aire puro, beber agua limpia, participar libremente en las decisiones que influyen en nuestro medioambiente, a vivir sin niveles peligrosos de contaminantes tóxicos, recibir el mismo grado de protección de las políticas ambientales y percibir los beneficios de una economía próspera y dinámica, libre de contaminación”. (Departamento de Salud Pública y Ambiente, Colorado, EEUU).  La resistencia de las comunidades es una manifestación también de la búsqueda de compensación, restitución y reparación por los daños causados, y la vigencia de la justicia ambiental sin distinciones socioeconómicas, de género, edad, raza y cultura.

(c) El rol de la solidaridad jesuita.

¿Cómo explicar el acompañamiento de tan largo aliento mío y de mis colegas en organizaciones jesuitas con las comunidades afectadas por la contaminación, como las que se describen en esta narrativa?  En última instancia, esto solo puede ser explicado como un acto de fe y solidaridad con los más vulnerables.

La solidaridad es un principio fundamental de la doctrina social de la iglesia.  El papa Juan Pablo II nos dice que tenemos “una obligación de ser solidarios”, con la “firme determinación de comprometerse con el bien común”.  “No se trata simplemente de ayudar a los demás, es bueno hacerlo, pero es más que eso, es una cuestión de justicia” nos dice el papa Francisco.  Este principio de solidaridad y justicia estuvo y está al centro de las decisiones de formar equipos de investigación y de asegurar los recursos y medios para responder al clamor por la verdad y la justicia de las poblaciones afectadas por las industrias extractivas y la contaminación por metales tóxicos.  El trabajo de investigación para la acción que se narra en este articulo ha servido para que los directamente afectados y quienes los acompañan tengan evidencia para que puedan hablarle directamente al poder. Esto es consecuente con lo que dijo Ignacio Ellacuria SJ: "Una universidad cristiana debe tener en cuenta la preferencia del Evangelio por los pobres.  Esto significa que la universidad debe estar presente intelectualmente donde se necesita: proporcionar ciencia para los que no tienen ciencia; proporcionar habilidades para los no calificados; ser una voz para aquellos que no poseen las calificaciones académicas para promover y legitimar sus derechos".

Original español

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

Forjar una coalición intersectorial en pro de la justicia climática en el Territorio Septentrional de Australia

Jack Piper

Responsable del Proyecto Justicia Ecológica Centro de Lugares Justos del Jesuit Social Services

"No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza" (Papa Francisco, Laudato si’ 139).

Con el fin de forjar una amplia coalición en pro de la justicia climática, el Jesuit Social Services y diversas organizaciones que trabajan en el Territorio del Norte de Australia organizaron tres foros de debate entre 2019 y 2021. Estos foros tuvieron lugar sobre el trasfondo de impactos climáticos cada vez más graves, nuevas oportunidades en el terreno de la energía limpia y asequible y la recuperación económica “impulsada por el gas” tras la pandemia de covid-19 propuesta primero por el gobierno del Territorio del Norte y luego por el de Australia, consistente en la expansión de la fracturación hidráulica (o fracking) en busca de gas natural en la subcuenca de Beetaloo.

Los planes para apoyar la expansión de la búsqueda de gas llevaron a científicos, a algunas comunidades aborígenes y a ecologistas a hacer sonar las alarmas. El fracking afecta gravemente a los acuíferos, la biodiversidad[44], la salud humana[45] y los lugares sagrados de los aborígenes. El desarrollo de nuevos yacimientos petrolíferos y gasísticos como el de Beetaloo creará nuevas e importantes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero[46]. Sin embargo, mientras que la narrativa patrocinada por el gobierno promete empleos muy necesarios y estímulo económico, los foros elaboraron una visión alternativa compartida para el Territorio del Norte que pone en el centro a las personas y al planeta.

Nuestro compromiso con la justicia ecológica

El Jesuit Social Services es una organización australiana para el cambio social que trabaja con vistas a construir una sociedad justa en la que todas las personas puedan desplegar todo su potencial. En una era crecientemente compleja, marcada por la crisis climática, la degradación del medio ambiente y las desigualdades sociales en aumento, han aparecido nuevos retos en el camino hacia una sociedad justa. Desde 2008, el Jesuit Social Services lleva esforzándose por incorporar la justicia ecológica a todo lo que hacemos. Y ello no está sino en consonancia con el continuado compromiso del Jesuit Social Services con las formas relacionales de trabajo, tal y como se demuestra en nuestros modelos de prestación de servicios y nuestra incidencia política[47].

En Laudato si', el papa Francisco describe “la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta” y acentúa que los pobres son los más afectados por nuestra “crisis del ambiente”[48]. El compromiso con la justicia ecológica implica reconocer que las comunidades y los individuos que ya están sufriendo desventajas sociales y económicas se enfrentan ahora a retos ambientales agudizados. Estas poblaciones suelen ser las que menos responsabilidad tienen por los riesgos y amenazas ecológicos y, sin embargo, son los más afectados por su aparición.

La investigación Dropping off the Edge [Caer desde el borde] sobre las desventajas condicionadas por el lugar donde uno vive, realizada durante más de veinte años por el Jesuit Social Services, llegó a la conclusión de que un número pequeño de comunidades repartidas por toda Australia siguen siendo víctimas de una compleja red de desventajas. La edición del informe correspondiente a 2021 examinó indicadores ambientales y constató que las comunidades social y económicamente más desfavorecidas también padecen niveles desproporcionados de injusticia medioambiental, que se reflejan en indicadores tales como el estrés térmico y la contaminación atmosférica[49].

En 2019, el compromiso del Jesuit Social Services con la justicia ecológica nos llevó a organizar, junto con otras organizaciones que trabajan en la zona, el primer foro de justicia climática del Territorio del Norte.

En 2021, el Jesuit Social Services creó el Centro de Lugares Justos, con financiación inicial de la Fundación Gandel y del gobierno de Victoria. El centro desarrolla en colaboración con otras entidades varios proyectos sobre justicia y resiliencia climáticas, que persiguen comprender mejor la equidad, las desventajas y el bienestar en municipios australianos. También apoya enfoques basados en el lugar y en fortalezas para afrontar la injusticia y la desigualdad y dirige un proyecto piloto que amplifica voces de experiencia vivida para mejorar sistemas[50].

Los cada vez más graves impactos climáticos exacerban las desigualdades ya existentes

El Territorio del Norte de Australia es una región escasamente poblada que abarca 1 349 129 km^2 de sabana tropical, desierto y matorral en las regiones central y centro-septentrional de Australia, con la mayor proporción de habitantes aborígenes per cápita de todo el país[51]. El 70% de los aborígenes del Territorio del Norte viven en zonas remotas[52].

En el Territorio del Norte, el calor extremo, la escasez de agua, la pobreza energética, la vivienda inadecuada, la inseguridad alimentaria, los impactos en la salud, las interrupciones en los servicios, la extinción de especies y el daño ecológico no son amenazas distantes, sino retos reales y actuales.

Señalemos, solo a modo de ejemplo, que en los doce meses anteriores a julio de 2019 la tercera mayor ciudad del Territorio del Norte, Alice Springs, estuvo 129 días por encima de 35 ºC y 55 días por encima de 40 ºC. La combinación de cambio climático agudizado y mala calidad de la vivienda, de viviendas energéticamente ineficientes y elevados niveles de inseguridad energética en el Territorio del Norte, en especial en comunidades aborígenes remotas, está generando profundas desigualdades en salud[53]. Además, la inseguridad hídrica es un problema permanente en los municipios remotos del Territorio del Norte. Por ejemplo, en Yuendumu, el mayor municipio remoto en Australia central, unos 900 habitantes se enfrentan a los veranos sin un suministro fiable de agua potable. En 2019, el gobierno del Territorio Septentrional suspendió la construcción de nuevas viviendas en el municipio debido a los bajos niveles de agua en el acuífero.

Existen temores de que, careciendo de recursos para adaptarse, más aborígenes se vean obligados a abandonar su país tradicional, convirtiéndose en refugiados climáticos en otras partes del Territorio del Norte y de Australia[54]. El papa Francisco es consciente de la importancia de poner a las comunidades indígenas en el centro de cualquier aproximación a la justicia social y ecológica. El pontífice afirma que “la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios…, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan”[55].

Las amenazas que se ciernen sobre el Territorio del Norte requieren una respuesta urgente. Sin embargo, en 2021, la subcuenca de Beetaloo en el Territorio del Norte se convirtió en un campo de batalla decisivo en la narrativa de los gobiernos regional y australiano sobre una “recuperación impulsada por el gas” tras la pandemia de covid-19. Por desgracia, la propuesta “recuperación impulsada por el gas” desaprovechó en gran medida una oportunidad para dirigir el estímulo económico a iniciativas que afronten los retos gemelos de atajar la desigualdad y responder a la crisis climática. En vez de ello, ambos niveles de gobierno, el regional y el federal, favorecieron fuertemente la expansión de industrias extractivas, en particular las emisiones de gases pesados, y la agroindustria a gran escala y con consumo intensivo de agua.

La fracturación hidráulica en la subcuenca de Beetaloo

La fracturación hidráulica –conocida también como fracking– inyecta elementos químicos, arena y agua a elevadas presiones en una formación de roca madre para producir grietas de las que se liberan hidrocarburos, que luego pueden ser extraídos. La subcuenca de Beetaloo –un lugar importante para la fracturación hidráulica en el plan de “recuperación impulsada por el gas”– es parte de la más extensa cuenca de McArthur, de unos 180 000 km^2. La fracturación hidráulica en la zona se encontraba hasta hace poco aún en fase exploratoria.

Los planes gubernamentales para apoyar la expansión de la búsqueda de gas empujaron a científicos, comunidades de Naciones Originarias y ecologistas a hacer sonar las alarmas. Las zonas afectadas incluyen tierras de pastoreo, comunidades aborígenes remotas y las tierras aborígenes tradicionales de los jawoyns, alawas, jingilis, walmanpaas, warumungus, ngandjis y binbingas, además de otros pueblos, como los mudburras, cuyos territorios tradicionales se encuentran río abajo[56].

La fracturación hidráulica tiene graves implicaciones para la vida local: la perforación en busca de petróleo y de gas puede menoscabar la calidad del aire, fragmentar hábitats y contaminar fuentes de aguas subterráneas[57]; y la investigación ha mostrado un incremento de problemas de salud para los bebés nacidos cerca de lugares sometidos a fracturación hidráulica[58]. En el informe que presentó a la Investigación Científica sobre la Fracturación Hidráulica en el Territorio Septentrional (la “Investigación Pepper”),  Origin Energy –una  empresa que a la sazón tenía planes importantes para la subcuenca de Beetaloo– sugirió que necesitaría asimismo entre 50 y 60 millones de litros de agua por pozo fracturado[59].

Los activistas siguen manifestando hondas preocupaciones sobre los riesgos para la valiosa agua subterránea, que abastece a ciudades y granjas, a la agricultura y la industria ganadera, ya que existe la posibilidad de que un episodio de contaminación en la subcuenca de Beetaloo se extienda a otros sistemas fluviales interconectados y amenace lugares sagrados de los aborígenes[60]. Las amenazas que se ciernen sobre las valiosas fuentes de agua son un vigoroso recordatorio de nuestra profunda interdependencia con el ecosistema y del vínculo entre los seres humanos y el mundo natural: vivimos en una “ecología integral” y se requiere una aproximación integral a la justicia ambiental y social[61].

Si bien las perspectivas sobre el fracking son variadas, algunos propietarios tradicionales han manifestado su fuerte oposición al empleo de esta técnica en sus tierras[62]. Para las comunidades aborígenes de la región, el agua es culturalmente significativa. Por ejemplo, los mudburras tienen las aguas subterráneas antiguas por sagradas y consideran que no deben ser perturbadas. Están inextricablemente conectadas con el conocimiento cultural compartido a través de los trazos de canción (songlines): estos son relatos orales ininterrumpidos que conservan y comunican la historia, ayudando así a las comunidades a mantener una cultura continua y un conocimiento práctico del paisaje, pero también a la transmisión de la ley social. Están ligados a los rasgos físicos de la región, como explica Karen Adams, una mujer wiradjuri y profesora titular de Medicina y Ciencias de la Salud en la Monash University: “Estos señalizadores del terreno son muy, muy importantes; de ahí la relevancia de las reivindicaciones de tierras y del reconocimiento de los propietarios tradicionales”[63]. Los trazos de canción conservan los recuerdos sobre animales, plantas y estacionalidad, información ambiental esencial que se desplaza por ciertas rutas, lo que significa que una disrupción de los rasgos físicos de la región puede interrumpir el relato oral y ocasionar pérdidas de conocimiento cultural y práctico.

El mudburra Raymond Dixon explica la importancia cultural del sistema hídrico de Beetaloo para las comunidades locales: “Nuestros trazos de canción son transmitidos por las vías acuáticas subterráneas y superficiales. Beetaloo tenía un kudjika (trazo de canción) que fluye. Al final de la canción, lo colocan en el agua”[64]. El paisaje y la historia cultural son inseparables en la subcuenca de Beetaloo, lo que amplifica el nexo ambiental-social de los efectos dañinos de la fracturación hidráulica en la zona.

Algunos pueblos aborígenes comenzaron a protestar contra la facturación hidráulica cuando en 2018 se levantó la moratoria sobre esta en el Territorio del Norte. Sin embargo, el plan de fracturación hidráulica está en marcha. Aunque el fracking en la subcuenca de Beetaloo no ha estado ligado a violencia o conflictos físicos, también es una fuente de tensión entre los no aborígenes en el Territorio del Norte. Los datos de una encuesta realizada en junio de 2020 muestra que el 86 % de los entrevistados se oponen a esta práctica, manifestándose el 57%  vehemente en contra de ella. Tan solo el 7% la apoyan decididamente. Las principales preocupaciones giran alrededor de los efectos de la fracturación hidráulica en el agua: el 67 % creen que es una amenaza para la seguridad hídrica –en particular, para las aguas subterráneas– y el 69 % se oponen a que el gobierno dedique recursos al fracking… aunque el 72 % no estaban al tanto de este gasto gubernamental, lo que indica la existencia de posibilidades para la incidencia política y la concienciación. El 35 % apoyan que el gobierno subvencione energías renovables; el 23%, que subvencione puestos de trabajo en el sector manufacturero; y el 18%, que subvencione el sector de la salud y la educación[65].

Además de las amenazas que representa para las aguas subterráneas, la salud humana y los lugares sagrados de los aborígenes, el desarrollo de nuevos yacimientos petrolíferos y gasísticos como la subcuenca de Beetaloo creará nuevas e importantes fuentes de emisión de gases de efecto invernadero: algunas estimaciones indican que podría incrementar las emisiones australianas de gases de efecto invernadero en un 13 %[66]. Australia es el tercer mayor exportador mundial y el quinto mayor productor mundial de combustibles fósiles por potencial de emisiones de CO_2. Es el mayor exportador mundial de gas natural licuado, y sus exportaciones de carbón representan casi el 30 % del total mundial[67].

La narrativa de “recuperación impulsada por el gas” propuesta por los gobiernos de Australia y del Territorio del Norte acentuaba los beneficios económicos del proyecto. A raíz del incremento de los precios de la energía, la fracturación hidráulica en busca de gas se presentó como un asunto de justicia social en la medida en que reducía el coste de la vida[68]. En diciembre de 2020, el entonces ministro de Recursos, Agua y Australia del Norte ofreció estimaciones de un aumento de la actividad económica entre 18 000 y 36 800 millones de dólares australianos y de la creación de 6000 puestos de trabajo en el intervalo de 20 años en el marco del plan estratégico de Beetaloo[69]. De hecho, algunos ven en la industria gasística la mejor perspectiva de desarrollo económico para las comunidades remotas afectadas por los planes de fracking, en zonas donde las comunidades padecen elevados niveles de desigualdad y desventaja. Jacinta Nampijinpa Price, senadora del Territorio del Norte por el conservador Country Liberal Party, indicó que “algunos propietarios tradicionales han firmado porque quieren oportunidades para aquellos [los desfavorecidos] en sus comunidades, quieren puestos de trabajo y quieren ser económicamente independientes”[70].

Dada la promesa de una “recuperación impulsada por el gas”, es importante que las organizaciones que trabajan en el Territorio del Norte sigan colaborando a fin de generar una narrativa económica alternativa para la región.

Una visión alternativa para el Territorio del Norte

Las respuestas al cambio climático basadas en el lugar son cruciales para abordar las intersecciones de cambio climático y desigualdad en salud y requieren tanto la forja de nuevas alianzas como el compartir entre sectores y entre comunidades la pericia adquirida. Además, la transición a la economía de cero emisiones netas ha de ser justa.

Aunque esa transición está ya en marcha, siguen abiertas preguntas sobre quién se beneficiará y quién se quedará sin recursos para arreglárselas y adaptarse. La agudización de condiciones climáticas extremas en el Territorio del Norte amenaza con seguir afianzando las desigualdades económicas, sociales y en salud, cuyas principales víctimas son las comunidades aborígenes.

Hay un creciente interés en las oportunidades económicas que ofrecen las renovables en el Territorio del Norte. Sin embargo, sin parámetros claros fijados por el gobierno, existe el riesgo de que nuevos proyectos puedan perpetuar el patrón de las industrias antiguas, extrayendo valor de las tierras aborígenes sin la participación de –ni beneficio para– los propietarios tradicionales aborígenes y las comunidades locales.

Los foros de justicia climática del Territorio del Norte trataron de explorar cómo los líderes, las organizaciones y las comunidades de la región podían dirigir juntos esta transición, con el fin de crear futuros más justos y sostenibles para las comunidades, la tierra y el clima. En septiembre de 2019, el Jesuit Social Services y algunas otras organizaciones ofrecieron el taller inaugural  sobre justicia climática, en el que participaron sesenta personas en representación  de proveedores de servicios comunitarios, asociaciones comunitarias aborígenes, concejos territoriales, el gobierno local, el gobierno del Territorio del Norte, expertos de la industria y asociaciones ecologistas.

Entre los temas claves emergentes se contaron el fortalecimiento de las relaciones intersectoriales, la urgente necesidad de planificación regional de adaptación priorizando a las comunidades remotas, oportunidades en energía limpia de propiedad comunitaria y la escucha de los aborígenes para encontrar soluciones dirigidas por ellos. En estas prioridades resuena el llamamiento del papa Francisco en Laudato si’ en el sentido de que “en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato. Hay que dejar de pensar en ‘intervenciones’ sobre el ambiente para dar lugar a políticas pensadas y discutidas por todas las partes interesadas”[71]. En los meses siguientes, la emergente alianza de organizaciones centradas en la justicia climática en el Territorio del Norte –incluido el Jesuit Social Services– hizo pública una declaración conjunta en respuesta al borrador Climate Change Response: Towards 2050, del gobierno del Territorio del Norte, instando a este a comprometerse a una plan exhaustivo y a largo plazo para reducir las emisiones y evitar los peores impactos climáticos, ayudar a la población a adaptarse, generar resiliencia comunitaria y garantizar que todo el mundo tenga oportunidad de beneficiarse de la transición a un futuro de energía limpia.

El segundo foro, para seguir construyendo sobre la base del éxito del primero, fue programado para comienzos de 2020. De dos días de duración, este foro contó con más participantes y más diversos que el anterior. Acudieron más de cien personas de más sectores que en 2019, participantes y ponentes de otros estados y grupos de incidencia política importantes; y desde representantes gubernamentales hasta grupos de activistas comunitarios de base y miembros de la comunidad con inquietudes. El encuentro incluyó mesas redondas, conferencias plenarias, trabajo por grupos y sesiones específicas de fomento de habilidades en temas de vivienda, salud y seguridad hídrica, imperativos de justicia en la transición a la energía limpia y estrategias para incrementar el poder y la influencia comunitarios.

A lo largo de los dos días, los grupos de trabajo establecieron prioridades para la acción y la incidencia política en 2020. Como resultado, el grupo llegó a acuerdos sobre prioridades en áreas como el cuidado de la tierra, la seguridad hídrica, la reducción de emisiones, la transición a la energía limpia, la vivienda y la salud. Se insistió, en particular, en la incidencia y la acción en la precampaña y campaña de las elecciones en el Territorio del Norte de agosto de 2020. Las relaciones que se establecieron en el foro entre defensores de las renovables y propietarios tradicionales aborígenes influyeron directamente en las peticiones políticas preelectorales y en la estrategia de campaña. El foro brindó a los participantes acceso a oportunidades de formación que de otro modo les habrían resultado difíciles debido al coste y a la distancia. Las sesiones centradas en el desarrollo de habilidades –incluidas una sesión plenaria sobre forja de alianzas y varias sesiones específicas sobre desenvolvimiento en los medios de comunicación, encuentros relacionales y energías renovables de propiedad comunitaria– perseguían el desarrollo de capacidades en el grupo. El foro dio visibilidad nacional a asuntos del Territorio del Norte a través de la involucración de organizaciones de ámbito nacional e interestatal. Como resultado, algunas organizaciones de aborígenes del Territorio del Norte crearon la Alianza Aborigen de Justicia Climática de Australia Central / Barkly.

El tercer encuentro de la serie se celebró en 2021 sobre el trasfondo del plan de recuperación “impulsada por el gas” tras la pandemia de covid-19 propuesto por el gobierno federal y el gobierno del Territorio del Norte. El foro de dos días se centró en la oportunidad que representaba la crisis de la covid-19 para reconstruir la economía del del Norte.

Los participantes debatieron en grupos pequeños su visión de la economía del Territorio del Norte para 2030. Se identificaron algunos temas concernientes a los actuales sistemas políticos y económicos del Territorio del Norte que requieren cambios, como, por ejemplo, el respeto de los derechos de los pueblos aborígenes, una transición justa a una economía de cero emisiones netas y una adaptación equitativa al cambio climático. Otros temas fueron: un desarrollo económico que beneficie a los habitantes del Territorio del Norte,  el poner fin al tratamiento del Territorio del Norte como una zona de sacrificio para beneficio de intereses externos y la reorientación de la economía para que esté al servicio del bienestar de las personas y del planeta.

Thomas Mayor, Encargado Nacional de Indígenas del sindicato Unión Marítima de Australia, comentó: “La voz de las Naciones Originarias como custodios de este país, de nuestro país, con el poder de ser escuchada, el poder de influir, el poder de presionar más eficazmente de lo que lo hacemos en la actualidad, será una parte principal de la campaña para asegurarnos de que se afronta el cambio climático, de que se actúa a favor del clima”.

Se formaron grupos pequeños para, partiendo del debate sobre la visión, centrarse en cambios necesarios en sectores específicos con objeto de alcanzar la economía deseada. Para cada sector, los grupos pequeños se preguntaron qué precisa ser trasformado, cuáles son las oportunidades emergentes y qué ejemplos de actividad existen ya en esos sectores que estén en sintonía con la visión de los participantes.

Tras el foro, los participantes crearon un comité directivo como medio para compartir informaciones de manera regular y como una plataforma de coordinación para hacer avanzar el trabajo en áreas de inquietud común.

Se celebró que, en septiembre de 2022, Origin Energy anunciara que iba a vender sus acciones en el proyecto gasístico de la subcuenca de Beetaloo con pérdidas de entre setenta y noventa millones de dólares australianos. El mérito del triunfo corresponde a los grupos y pastores aborígenes que han protestado incansablemente contra la fracturación hidráulica en la región[72]. Pero la amenaza sigue cerniéndose sobre Beetaloo. Johnny Wilson, presidente de Nurrdalinji Native Title Aboriginal Corporation, subrayó: “Ya se trate de Origin, Tamboran, Santos o cualquier otra empresa, los propietarios tradicionales seguiremos oponiéndonos a la fracturación hidráulica, pues nos preocupa que dañe nuestro país, nuestra agua, nuestros lugares sagrados y nuestros trazos de canción, que nos han sido confiados para que los cuidemos” [73].

Una amplia coalición en pro de la justicia climática

A través de los foros de justicia climática, el Jesuit Social Services y sus socios lograron el objetivo de formar una coalición intersectorial para esbozar una visión alternativa a la narrativa dominante de la “recuperación impulsada por el gas”. Los foros propiciaron eficazmente una comprensión compartida de los impactos climáticos en el Territorio del Norte, establecieron nuevas relaciones entre sectores diversos e impulsaron la acción y la incidencia política continuadas en colaboración. Es importante que, como resultado de ello, participantes de sectores diversos fueran capaces de formular una amplia visión de cambio transformador, que engloba acciones con sentido sobre mitigación y adaptación climática, pero también una visión de los puestos de trabajo y economías locales necesarios para afrontar las profundas desigualdades existentes en el Territorio del Norte, padecidas de manera especial por los aborígenes: una economía que ponga en el centro el bienestar de las personas y del planeta.

Original inglés

Traducción José Lozano Gotor

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

Derechos humanos y transición energética en la República Democrática del Congo

Jacques Nzumbu SJ y Victor Reyes

Especialista en cadenas de suministro de minerales conflictivos, RDC &

Director de Operaciones, CJI, Canadá

"El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social" - Laudato Si’ 48

Introducción

La crisis climática es un desafío mundial compartido; no obstante, algunas de las soluciones que se proponen desde el Norte Global exacerban aún más las brechas socioeconómicas existentes entre el Norte y el Sur. Por ejemplo, la transición energética verde persigue recortar las emisiones de gases de efecto invernadero facilitando el cambio a la energía renovable. Sin embargo, las baterías necesarias para las renovables dependen de minerales como el cobalto y el cobre. En consecuencia, esto ha hecho a los países del Sur Global ricos en minerales vulnerables a la explotación y el abuso. Tal ha sido la experiencia de la República Democrática del Congo (en adelante, RDC), un país asolado por conflictos.

En la RDC, los vínculos entre la guerra, la minería, la violación de los derechos humanos y el daño ecológico, por una parte, y la búsqueda de fuentes alternativas de energía para asegurar el crecimiento y el consumo, por otra, están en la raíz del compromiso con la justicia social y una transición energética justa por parte de los jesuitas de la RDC y de la Canadian Jesuits International (CJI), la organización de solidaridad internacional de los jesuitas canadienses. La transición a la economía verde requiere primero un cambio de paradigma que priorice el cuidado de la casa común (Laudato Si' [LS]) y el respeto a nuestros congéneres (Fratelli Tutti [FT]). La transición a la energía verde puede ser un triste recordatorio de la explotación continuada de muchos en beneficio de unos pocos. O puede ser el comienzo de un nuevo paradigma basado en el bien común.

La crisis climática: su impacto en la RDC

En 2010 hubo un interés intensificado en la minería debido al creciente reconocimiento de la crisis climática y la ratificación del acuerdo de París sobre cambio climático. La mitigación y la adaptación fueron dos estrategias identificadas para afrontar la crisis climática: ambas piden la transición de los combustibles fósiles a la energía limpia para la alcanzar la neutralidad de carbono. Las baterías recargables, las pilas de combustible de hidrógeno y la energía solar y eólica están en el núcleo de esta transición energética[74].

Las tecnologías de energía renovable requieren grandes cantidades de minerales como, por ejemplo, cobalto, cobre, litio, coltán, tierras raras, níquel y oro. Estos se consideran minerales estratégicos o críticos, esenciales para la transición energética y ecológica y para la exploración del espacio exterior, la robótica, la impresión en 3D y la tecnología de drones. Sin embargo, su extracción tiene un impacto enorme en los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos socioeconómicos y culturales de las comunidades locales[75]. La extracción de minerales ha tenido históricamente trágicas consecuencias para la RDC.

La guerra y los minerales

Las raíces de las guerras actualmente existentes en la RDC se remontan al periodo posterior al genocidio de 1994 en Ruanda. La RDC (Zaire en aquel entonces) se negó inicialmente a abrir sus fronteras a los ruandeses desplazados a la fuerza, pero posteriormente fue obligada a acogerlos por una resolución de Naciones Unidas.

Eso preparó el escenario para la invasión de la RDC por Ruanda y sus aliados en octubre de 1996. Luego, en colaboración con potencias extranjeras, una coalición de disidentes planeó desde países vecinos el derrocamiento de la dictadura de Mobutu Sese Seko, que duraba ya treinta y dos años. Los disidentes crearon la Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), liderada por Laurent Désiré Kabila, un antiguo rebelde marxista. En "la primera guerra mundial africana" estuvieron implicados nueve países africanos que apoyaban bien al gobierno congoleño, bien a los agresores[76].

El 17 de mayo de 1997, la AFDL derrocó a Mobutu. La guerra concluyó con el 60 % del territorio de la RDC controlado por grupos rebeldes y los países que los apoyaban. Después de eso, sin embargo, las relaciones entre Kabila y sus aliados se estropearon debido a que estos codiciaban los recursos naturales de la RDC[77]. El 2 de agosto de 1998 estalló una nueva rebelión, esta vez contra Kabila, orquestada por la misma coalición en la que él anteriormente había participado.

La justificación de la primera guerra de la RDC fue llevar ante la justicia a los perpetradores del genocidio de Ruanda, que se habían escondido en los campos de refugiados de la RDC. Pero tal ideal político se olvidó rápidamente. En vez de ello, la explotación y control de minerales se convirtió en el objetivo[78], lo que acrecentó los intereses de la minería en los conflictos[79].

Entre 1996 y 2008, las guerras giraron alrededor del coltán, la casiterita, el tungsteno y el oro[80]. Estos minerales eran fundamentales para el desarrollo de la floreciente industria digital y la telefonía móvil. Grupos armados extraían minerales en la RDC y luego se los vendían a multinacionales a través de empresas con sede en países vecinos. A causa de ello, Estados Unidos los clasificó como minerales conflictivos en 2010 (ley Dodd-Frank), y la Unión Europea hizo otro tanto en 2017. En consecuencia, las multinacionales de Estados Unidos y la Unión Europea se vieron obligadas a cumplir la diligencia debida, seguir los mecanismos de certificación y asegurar la trazabilidad de las cadenas de suministro de minerales procedentes de áreas en conflicto[81].

Trabajo infantil

La actividad minera tanto industrial a gran escala como artesanal ha aumentado en la RDC en paralelo con las guerras recurrentes y los conflictos armados. Los minerales financian a grupos armados y a la economía de guerra en toda la región africana de los Grandes Lagos (RDC, Ruanda, Uganda, Burundi y Sudán del Sur).

En este contexto, los niños y niñas se encuentran atrapados en la pobreza y se llevan la peor parte de las repercusiones del conflicto armado. Trabajan en minas artesanales o en áreas mineras cuasi-industriales. Se les emplea para el transporte, la limpieza y la separación de minerales, a menudo en condiciones inseguras que les exponen a riesgos de salud. Además, son vulnerables a otras violaciones de los derechos humanos, todo por tres míseros dólares estadounidenses al día.

Violaciones de los derechos humanos

Veinticinco años de conflictos armados han asestado un duro golpe a los derechos humanos del pueblo congoleño. Estas guerras han causado la muerte de, al menos, diez millones de personas. En las áreas en conflicto, la violencia física y sexual, los secuestros y el trabajo forzoso son nuevas formas de esclavitud que se imponen a las personas, en especial a las mujeres y los niños.

La guerra y la minería han obligado a desplazarse a más de seis millones de personas. Han ocasionado a las comunidades locales una enorme pérdida de conocimiento: su medicina tradicional, su relación con el bosque, la tierra y el agua, su arte culinario, su pericia agrícola y su estilo de vida.

El papel de Canadá en la minería y las guerras en la RDC

La influencia y el interés de la industria extractiva canadiense en la RDC son considerables: el 70 % de las empresa mineras congoleñas obtienen capital en Canadá y el 30 % de las grandes empresas mineras en la RDC son canadienses (Barrick, Ivanhoe, Banro, Tantalex, Kamoa, Kico y Alphamines). Además, las empresas canadienses llevan presentes en la RDC desde 1995 y han tenido un sustancial impacto ecológico y social en el país, que persiste incluso después de abandonarlo. Tal ha sido el caso de Lunding (TFM), Katanga Mining (Glencore), First Quantum (ANVIL, COMISA) y SOMIKA.

Canadá es un país minero de gran importancia local y mundial. La industria extractiva representa un 4 % del PIB de Canadá. En 2020, la industria contribuyó con 107 mil millones de dólares estadounidenses al PIB nominal de Canadá, empleó directamente a 377 000 trabajadores y creó 315 000 puestos de trabajo indirectos. Las empresas mineras canadienses están presentes en cien países a lo largo y ancho del mundo. Toronto y Vancouver son plataformas para explorar y financiar proyectos mineros en el mundo entero[82].

Las políticas gubernamentales sobre responsabilidad social corporativa y conducta éticas están fuertemente influidas por los grupos de presión de la industria minera. Las políticas existentes que regulan la conducta corporativa internacional y la diligencia debida tienen carácter voluntario. Por tanto, la rendición de cuentas de las empresas canadienses que operan en el extranjero es escasa o inexistente. Sin embargo, algunas empresas han sido acusadas de violaciones de derechos humanos y daños ecológicos tan descarados que la comunidad internacional ha llamado sobre ellos la atención del gobierno canadiense[83].

Las empresas canadienses están interesadas principalmente en minerales estratégicos, y algunas de ellas dependen de trabajo infantil. La extracción de estos minerales se halla asociada a rebeldes y otros grupos armados, violaciones de derechos humanos, abusos sexuales contra niños (de ambos sexos) y mujeres[84] y daños medioambientales[85].

Papa Francisco: “¡Quitad las manos de la RDC!”

La visita del papa Francisco a la RDC desde el 31 de enero al 3 de febrero de 2023 puso de relieve el colonialismo económico y las violaciones de derechos humanos asociadas a  las guerras y conflictos armados.

Dos momentos clave en la visita del papa resumen este grito que brota del corazón. Durante su primer mensaje, el papa habló de un “genocidio olvidado”, bien conocido en la RDC, pero del que poco se oye hablar en Occidente. Abogó por el fin de las guerras. Exhortó a las fuerzas neocolonialistas que explotan a África: “¡Quitad las manos de la RDC, quitad las manos de África! África, la RDC, no es una tierra para ser explotada, no es una casa para ser robada. ¡No asfixiéis a África! ¡Dejad que África decida su destino!”.

El papa se entrevistó con víctimas de la violencia, la guerra y los conflictos armados. Escuchó sus testimonios sobre violencia sexual, mutilaciones, masacres y otras formas de abuso. Las personas con las que se reunió aún esperan reparación. Abogaron por la reconciliación y la paz en la RDC. Son un pueblo olvidado, sacrificado en aras de intereses económicos y mineros. “Vuestro sufrimiento es mi sufrimiento”, les dijo.

El CARF: apoyar a las comunidades afectadas

Los jesuitas en la RDC llevan décadas caminando con los pobres y marginados y continúan acompañando a personas que sufren a causa de los impactos de la minería. En 1961 se creó el Centre Pour l'Action Sociale (CEPAS), la primera institución jesuita de justicia social en la RDC. En 2014 se puso en marcha el Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation (CARF), un centro jesuita dedicado a la gobernanza de la minería y a la responsabilidad social y medioambiental de las empresas mineras en la RDC. La misión del CARF es difundir una visión cristiana del desarrollo económico, sociopolítico y cultural, especialmente en los círculos de política y acción social en la RDC.

El CARF tiene su sede en Lubumbashi, la capital de la provincia minera del Alto Katanga, en el sudeste de la RDC. Se ha distinguido en varias áreas: investigación y formación sobre gobernanza de la minería; minerales conflictivos, cadenas responsables de suministro de minerales críticos y estratégicos: responsabilidad social y ecológica de las empresas mineras. El CARF goza de reconocimiento por apoyar, defender y acompañar cooperativas de minería artesanal y comunidades mineras locales dañadas por la minería. Se esfuerza por acabar con el trabajo infantil en las minas artesanales.

El CARF está trabajando en dos proyectos a gran escala. “AlerteMines” es una plataforma digital que tiene como objetivo documentar en tiempo real violaciones de derechos humanos y de la integridad del medio ambiente por la industria extractiva en la RDC. Conciencia sobre la obligación de las empresas y cooperativas mineras de asumir responsabilidad por los impactos que causan, esboza formas concretas de acompañar a comunidades afectadas y fomenta la incidencia política eficiente en los niveles nacional e internacional.

Está previsto que “AlerteMines” se expanda del envío de simples mensajes de texto a la producción de imágenes, audios y vídeos. Además se emplearán métodos modernos de observación y recopilación de datos, por ejemplo, drones de investigación y satélites de observación. La credibilidad y fiabilidad del suministro y de las cadenas de valor –responsables, limpios, sostenibles y no conflictivos– de minerales de transición depende de los datos recogidos por AlerteMines.

El segundo proyecto, un laboratorio medioambiental (CARFeLAB), persigue proporcionar pruebas científicas de los impactos ambientales, ecológicos y climáticos en las zonas mineras e impedir las repercusiones negativas en la salud y el bienestar de las personas.

CJI: incidencia política en Canadá

Canadian Jesuits International (CJI) apoya a personas pobres y marginadas en el Sur Global a través de la obra de justicia social de socios jesuitas como el Centro Montalvo en la República Dominica y ERIC-Radio Progreso en Honduras. CJI también realiza en Canadá actividades de educación e incidencia relacionadas con la solidaridad mundial

CJI se sumó a la Red Canadiense para la Rendición de Cuentas Corporativa (CNCA por sus siglas en inglés) en 2014, durante la campaña Open for Justice [Abiertos a la Justicia] de dicha red. Esta campaña abogó por una legislación que facilite el acceso a los tribunales canadienses a personas que han sido gravemente dañadas por las operaciones internacionales de empresas canadienses, así como la creación obligatoria de la figura de un defensor del pueblo para lo relacionado con el sector extractivo[86].

En abril de 2019, el gobierno de Canadá creó la oficina del Defensor del Pueblo Canadiense para la Responsabilidad Empresarial (CORE por sus siglas en inglés). Sin embargo, el CORE no era competente para investigar acusaciones sobre abusos de los derechos humanos asociados a actividades de empresas canadienses en el extranjero ni para reclamar documentos o testimonios. Tampoco era independiente del gobierno.

CJI y otros miembros de la CNCA abogaron por apoyar un proyecto de ley presentado el 29 de marzo de 2022 en la Cámara Baja canadiense. El proyecto C-263 para una ley de Prácticas Comerciales Responsables en el Extranjero solicita expresamente el empoderamiento del CORE.

Para abordar el tema del trabajo infantil, el gobierno canadiense promovió el proyecto S-211 de una Ley para la Lucha contra el Trabajo Forzoso y el Trabajo Infantil en las Cadenas de Suministro. Sin embargo, si se conserva la redacción actual, esta ley podría hacer más mal que bien. Solo exige a las empresas que informen sobre los mecanismos implementados para identificar e impedir el trabajo infantil y no les obliga a actuar para poner fin a las violaciones de derechos humanos[87].

La CNCA criticó el proyecto de ley S-211; en su lugar apoyó el proyecto C-262, que propone una Ley de Responsabilidad Corporativa para Proteger los Derechos Humanos. "Este proyecto de ley no se limita a requerir a las empresas que revisen sus actividades comerciales y que identifiquen riesgos reales y potenciales para las personas y el planeta; les exigirá que den pasos para mitigar los riesgos y garantizar soluciones a quienes han sido perjudicados”[88]. Esto sigue una legislación parecida sobre la diligencia debida ya aprobada en Europa.

La campaña de CJI en otoño de 2022, Justicia Verde: Derechos Humanos y Transición Energética, puso de relieve abusos de los derechos humanos y medioambientales perpetuados por las empresas mineras canadienses en la RDC. El P. Jacques Nzumbu SJ, un jesuita de la RDC, fue el orador invitado. Además, la campaña llegó a centros de enseñanza secundaria y superior, así como a parroquias, y animó a las personas a firmar una petición para apoyar los proyectos de ley C-262 y C-263. Jenny Cafiso, la directora general de CJI, y el P. Nzumbu también ofrecieron una rueda de prensa en Parliament Hill con el fin de subrayar la gravedad del asunto.

Cuidar de la casa común

El papa Francisco habló de neocolonialismo en referencia a la prisa por acumular minerales estratégicos para la transición energética verde. El reto a la hora de afrontar la crisis climática es garantizar una transición justa. Los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por las operaciones mineras deben ser respetados; el medio ambiente del que dependen comunidades tiene que ser protegido.

Desde 2016, ONG locales e internacionales y las autoridades públicas colaboran en la RDC para tratar de eliminar el trabajo infantil. Los requisitos de diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales en zonas de alto riesgo han hecho más difícil para las empresas emplear a niños en la minería artesanal o en centros industriales cercanos.

El CARF está comprometido en repensar políticas y tecnologías locales e internacionales para que devengan justas, igualitarias y sostenibles en la RDC y en el resto del mundo. Trabaja con varias ONG locales y con socios jesuitas en el plano internacional. Entre estos se cuentan Alboan –la ONG para el desarrollo internacional de los jesuitas del País Vasco y Navarra (España)– y Canadian Jesuits International (CJI).

A modo de prolongación de la campaña de otoño de CJI, el CARF ha comenzado una nueva colaboración con CJI y con los Abogados Canadienses en pro de los Derechos Humanos Internacionales (CLAIHR por sus siglas en inglés). Buscan ofrecer apoyo y acceso a la justicia para comunidades locales e individuos de la RDC afectados por las empresas mineras canadienses. Amplificando las voces de la gente, el CARF, CJI y CLAIHR esperan incidir políticamente a favor de la efectiva rendición de cuentas corporativa y de políticas de diligencia debida en los ámbitos de los derechos humanos y el medio ambiente en Canadá.

Encontrar soluciones a la crisis climática depende de la transición a una tecnología más verde. La nueva economía que venga deberá estar basada en la solidaridad y el bien común, no en la obtención de beneficios y la explotación. La transición justa no se hará realidad a no ser que tenga lugar un cambio de paradigma.

A través de la incidencia política, la investigación y el fomento de capacidades, los jesuitas de la RDC, CJI y sus socios internacionales aportan su granito de arena para facilitar este cambio y para mejorar su respuesta al llamamiento a una conversión más profunda, a un compromiso mayor con la justicia y la paz, a una respuesta más audaz al grito de la Tierra y de sus habitantes.

Original inglés

Traducción José Lozano Gotor

Promotio Iustitiae no 135, 2023/1

Responsabilidad empresarial y cadenas de suministro de minerales: Lecciones aprendidas de los "minerales de conflicto”

Guillermo Otano Jiménez

Fundación Alboan, España

Introducción

La responsabilidad de las empresas en la cadena de suministro de minerales es cada vez más importante en la economía global actual. Por un lado, la digitalización ha llevado al uso generalizado de la electrónica de consumo en todo el mundo (por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas), que requieren minerales como el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro —los llamados minerales 3TG por sus siglas en inglés, también etiquetados por Naciones Unidas a principios de la década de 2000 como "minerales en conflicto" por su vinculación con la financiación de la delincuencia organizada o las violaciones de los derechos humanos en zonas de conflicto o de alto riesgo. Por otro lado, los planes para descarnbonizar la economía en 2050 podrían aumentar en casi un 500% la producción de otros minerales, como el grafito, el litio y el cobalto, para satisfacer la creciente demanda de tecnologías de energía limpia, como paneles solares, molinos de viento, baterías eléctricas, etc. (Banco Mundial, 2020). En este caso, el énfasis dado por las agencias internacionales está en el carácter "estratégico" de estos minerales para las transiciones energéticas y no en su naturaleza conflictiva.

Sin embargo, esto no significa que las cadenas de suministro de "minerales estratégicos" estén exentas de riesgos. Una investigación reciente ha revelado que 51 de las 103 empresas mineras que poseen una cuota de mercado mayoritaria en uno de los seis minerales estratégicos para la transición hacia una energía limpia han sido acusadas de vulnerar los derechos humanos, lo que indica una desconexión significativa entre la política y la práctica y sugiere que los abusos están muy extendidos en el sector (Business & HHRR Resource Centre, 2020). Por lo tanto, cualquier empresa que participe en una cadena de suministro de minerales —ya sea "aguas arriba" o "aguas abajo"— debe ser consciente de los riesgos que existen en determinados contextos de extracción y gestionarlos adecuadamente.

Pero, ¿qué significa esto? Dado que nos enfrentamos a una nueva fase de extracción centrada en los "minerales estratégicos", ¿hay lecciones que aprender de las campañas sobre "minerales de conflicto" que se pusieron en marcha hace una década? En este artículo presentaré, en primer lugar, los orígenes y la razón de ser de la Campaña de Tecnología Libre de Conflictos lanzada por la Fundación Alboan en 2014; y, en segundo lugar, analizaré las lecciones aprendidas de esta experiencia.

Los Orígenes de la Campaña de Tecnología Libre de Conflicto

La Fundación Alboan es una ONG internacional jesuita fundada en 1996 con sede en el País Vasco y Navarra, al norte de España. Su nombre procede del euskera, que significa "junto a" o "al lado de", y así trabaja con muchas comunidades excluidas y otras organizaciones locales de América Latina, África y la India

Debido a diversas circunstancias, la Campaña Tecnología Libre de Conflicto comenzó en  2014. Por un lado, un primer proyecto de investigación realizado durante 2009-2011 puso de manifiesto que las organizaciones socias de Alboan en Guatemala, India y República Democrática del Congo (en adelante, RDC) se veían afectadas por graves abusos de los derechos humanos causados por conflictos medioambientales (Alemán Arrastio, 2012). Una de las cuestiones más controvertidas a este respecto fue el impacto social y medioambiental de las actividades extractivas, especialmente en el sector minero. Esta constatación se hizo eco de las conversaciones que estaban teniendo lugar en la Red de Incidencia Global Ignaciana dedicada a la Gobernanza de los Recursos Naturales y Minerales (GIAN-GNMR) que se creó en 2008. De hecho, en 2015, la red decidió rebautizarse como "Justicia en Minería - Una Red Jesuita" para enfatizar el enfoque en los conflictos mineros y el compromiso de la red de luchar por la justicia en estos contextos.

Por otro lado, el debate sobre los "minerales en conflicto" se inició en 2002 a raíz de un informe publicado por el Grupo de Expertos de la ONU sobre la Explotación Ilegal de los Recursos Naturales en la RDC. Este informe detallaba la relación entre la explotación de minerales y el conflicto en el este de la RDC y pedía que se actuara para evitar que el comercio de estos minerales financiara a los grupos armados. En 2011, tras numerosas consultas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo (OCDE, 2016). La Guía, como se la conoce, establece cinco pasos de diligencia debida como base para la gestión responsable de la cadena de suministro de minerales, incluidos el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro, así como todos los demás minerales. El primer intento de traducir estas medidas voluntarias en obligaciones vinculantes tuvo lugar en 2010. En aquel entonces, la Administración Obama introdujo la sección 1502 en la Ley Dodd-Frank, obligando a las empresas estadounidenses que utilizan minerales 3TG a implantar sistemas de diligencia debida y comprobar si estos recursos proceden de la RDC y sus nueve países limítrofes.

Siguiendo ese camino, en 2014, la Comisión Europea publicó su propuesta para legislar el comercio de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo (Comisión Europea 2014). Casi de inmediato, Alboan se unió a la "coalición de minerales en conflicto" de ONG europeas (en adelante, "la Coalición"), creada para coordinar las estrategias de presión en Bruselas y en otros Estados miembro de la UE. Para entonces, el equipo de campañas de Alboan decidió lanzar una campaña específica sobre minerales en conflicto, integrando la incidencia política para reforzar la ley europea y la concienciación de los consumidores sobre los costes sociales y medioambientales de la electrónica de consumo.

Justificación de la Campaña

Inspirada en la idea de la conversión ecológica y en la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, la Campaña de Tecnología Libre de Conflicto pretende promover cambios individuales, sociales e institucionales (Otano 2018). A nivel individual, el objetivo de la campaña es crear capacidades entre los diferentes grupos de interés de Alboan (voluntarios, profesores, educadores, simpatizantes y público general) para dejar de ser consumidores pasivos y convertirse en ciudadanos activos. En primer lugar, debíamos concienciarnos sobre nuestras responsabilidades individuales y colectivas frente a los impactos sociales y medioambientales causados por los actuales patrones de consumo y producción de dispositivos electrónicos. Para ello, entre 2014 y 2021, Alboan creó materiales educativos sobre diferentes temas (minería artesanal, cadenas de suministro de minerales y electrónica de consumo, impactos sociales y medioambientales, etc.); impartió cientos de sesiones de formación; escribió artículos de opinión en medios locales y nacionales; puso en marcha una exposición fotográfica sobre la vida de los mineros artesanales congoleños y las comunidades locales; y publicó dos informes con organizaciones aliadas, uno sobre las mujeres y la minería artesanal en el este de la RDC, en colaboración con Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles (Masika 2017) y otro sobre la minería del oro y las comunidades locales en Colombia, redactado por CINEP/PPP (Medina Bernal et al. 2019).

Sin embargo, si los esfuerzos por sensibilizar a la opinión pública no van acompañados de la participación en acciones concretas, se corre el riesgo de fomentar un sentimiento de impotencia (Otano 2023). Para evitar este extremo, Alboan puso en marcha una recogida de firmas para demandar a la Comisión una ley eficaz sobre minerales en conflicto. A pesar del éxito ―25.000 personas firmaron―, la recogida de firmas individuales no era suficiente para cambiar la irracionalidad de nuestro consumo de dispositivos electrónicos. Para desafiar la "cultura del usar y tirar" era necesario pasar del nivel individual al social. Así fue como el equipo de la campaña acabó lanzando una iniciativa llamada "Móviles por la Tierra" para fomentar la reutilización y el reciclaje de teléfonos inteligentes. Trabajando en colaboración con Recuintec, una empresa especializada en el tratamiento de residuos electrónicos, Alboan creó una red de 200 puntos de recogida en colaboración con escuelas, centros juveniles, parroquias y pequeñas y medianas empresas (PYME) donde cualquiera puede depositar sus viejos teléfonos inteligentes. Por cada teléfono recogido, esta empresa dona una pequeña cantidad de dinero para proyectos humanitarios y de desarrollo llevados a cabo por los socios de Alboan en el este de la RDC y Colombia. Sin embargo, la razón de ser de esta iniciativa no es la recaudación de fondos, sino reducir la tasa de residuos electrónicos en nuestras comunidades y mejorar su gestión colaborando con otros.

Por último, pero no por ello menos importante, a nivel institucional, el objetivo era persuadir a los líderes políticos y los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional y regional en la UE. Queríamos una ley lo suficientemente fuerte como para incluir obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos para todas las empresas implicadas en la cadena de suministro. Durante las negociaciones, la participación en la Coalición fue crucial. Por ejemplo, la Red Europea para África Central (EurAc) desempeñó un papel clave poniendo sobre la mesa los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil congoleña (EurAc 2017) y atrayendo a personalidades influyentes a la causa, como el ganador del Premio Nobel de la Paz y del Premio Sájarov de la UE, el ginecólogo congoleño Dr. Denis Mukwege (EurAc 2015). Por otro lado, la Red CIDSE, la familia internacional de organizaciones católicas de justicia social, consiguió que más de 145 obispos y líderes religiosos de más de 38 países y 5 continentes firmaran una declaración conjunta pidiendo una regulación más fuerte (CIDSE 2015). Alboan también tuvo la oportunidad de llevar la exposición fotográfica sobre la minería en el este de la RDC y a algunos socios congoleños al Parlamento Europeo en 2017, cuando se aprobó la ley (DOUE 2017). Además, en colaboración con otras organizaciones europeas, organizamos una gira de incidencia con CINEP/PPP y otras organizaciones colombianas en 2019 para debatir su implementación y denunciar la criminalización de defensores de derechos humanos en Colombia (VVAA 2019).

Lecciones aprendidas

La ley de la UE sobre minerales conflictivos no ha satisfecho todas las demandas de la Coalición[89]. En nuestra opinión, la legislación adoptada por la UE es mejorar en algunos aspectos la sec. 1502 de la Dodd-Frank Act. Aunque ambas leyes se centran en las cadenas de suministro de minerales 3TG, la Dodd-Frank Act pone demasiado énfasis en que las empresas cubiertas certificasen sus productos como  "libres de conflicto" si se abastecen de minerales procedentes de la RDC o de sus países vecinos. Esto creó un incentivo perverso para evitar abastecerse en la región, particularmente en DRC. Consecuentemente, de acuerdo con algunos expertos, su implementación impactó negativamente en muchos mineros artesanales y en sus familias quienes dependen de la minería para subsistir (Vogel y Raeumaekers, 2016). Los legisladores de la UE tomaron un enfoque alternativo para evitar estas consecuencias no deseadas (Koch y Kinsbergen, 2018). En primer lugar, optaron por un enfoque global, cubriendo en la ley las importaciones de 3TG de cualquier zona en conflicto o en alto riesgo a nivel mundial. En segundo lugar, adoptaron un enfoque basado en riesgos que, en lugar de insistir en la certificación "libre de conflicto", pone el énfasis en la responsabilidad individual de la empresa para llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos siguiendo las directrices de la OECD.

Por otro lado, la ley de la UE era menos ambiciosa en cuanto al número de empresas cubiertas, que son unas 300-400 empresas, en su mayoría importadores directos, fundición y refinerías de distintos Estados miembros, en comparación con las 6.000 empresas cubiertas en EEUU. Esto se debe a que el Reglamento de la UE sobre minerales en conflicto deja libertad a las "empresas aguas abajo" ―las que importan productos electrónicos manufacturados― para decidir si siguen (o no) las Directrices de la OCDE. Esta laguna jurídica animó al equipo de Alboan a lanzar una iniciativa sobre contratación pública de productos electrónicos para incentivar las prácticas de diligencia debida en el sector de la electrónica a través de mecanismos de mercado. Sin embargo, hasta ahora el impacto de esta iniciativa ha sido muy limitado[90].

En cuanto a las repercusiones sobre el terreno, desde que se aprobaron estas medidas legislativas se han puesto en marcha (en la RDC y globalmente) numerosas iniciativas de trazabilidad y planes industriales para gestionar en las primeras fases de la cadena de valor los riesgos asociados a impactos medioambientales y derechos humanos. Por citar algunas: la Iniciativa Internacional de la Cadena de Suministro del Estaño (ITSCI); la Iniciativa de Abastecimiento Libre de Conflictos (CFSI) y el Proceso de Garantía de Minerales Responsables (RMAP) lanzados por la Iniciativa de Minerales Responsables (RMI); o Better Mining creado por RSC Global Group. Como han señalado algunos investigadores, las normas empresariales han ido ampliando el ámbito de aplicación de las 3TG para abarcar otros minerales estratégicos y, en paralelo, la narrativa empresarial ha ido moviéndose del "abastecimiento libre de conflicto" a la "minería responsable" (Bikubanya et al. 2023). Sin embargo, uno de los retos pendientes más importantes para que estas iniciativas sean eficaces en la gestión de los derechos humanos y los riesgos medioambientales es la participación de las comunidades locales y las partes interesadas en el diseño y la aplicación de los programas de diligencia debida (ibíd.).

Aunque el Reglamento de la UE y su aplicación son imperfectos, constituyen un paso importante para evitar abusos contra los derechos humanos en las cadenas de suministro de minerales 3TG. Los esfuerzos con la Campaña de Tecnología Libre de Conflicto han merecido la pena. No sólo porque se aprobó la ley, sino por las lecciones aprendidas. Proporcionó a las organizaciones miembro de la Coalición y a sus socios del Sur Global conocimientos de primera mano sobre los principios de diligencia debida de la OCDE (que son esenciales para entender la responsabilidad de las empresas en las cadenas de suministro de minerales) y el proceso legislativo de la UE (que es clave para que las organizaciones de la sociedad civil involucren a los ciudadanos europeos en el funcionamiento de las instituciones de la UE). Por supuesto, queda mucho trabajo por hacer para cubrir las lagunas de las normativas de diligencia debida corporativa como ésta y para fomentar la participación de los actores locales en la gobernanza de las cadenas de suministro. Pero esta experiencia también nos ha servido para iniciar una nueva conversación con nuestras organizaciones aliadas para comprender mejor los distintos tipos de riesgos que puede entrañar cada tipo de minería (p. ej., la minería artesanal vs. la industrial). Hay otros desafíos pendientes que van más allá de las discusiones actuales sobre las regulaciones de diligencia debida empresarial, tales como: la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y el medioambiente; el reconocimiento de los derechos indígenas; y el acceso a la justicia para las víctimas de las actividades de las empresas transnacionales. Es por ello que desde 2017 hacemos un seguimiento de las negociaciones en curso del Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Referencias:

Aleman Arrastio, A. (2012). ¿Tiene dueño la naturaleza? Tres experiencias de acción social y recursos naturales. Bilbao: ALBOAN.

Bikubanya, D.-L., Arian, H., Geenen, S., & Katz-Lavigne, S. (2023). Due diligence in mineral supply chains from the Democratic Republic of Congo. E-International Relations. Obtenido de: https://www.e-ir.info/2023/01/26/due-diligence-in-mineral-supply-chains-from-the-democratic-republic-of-congo/

Business & Human Rights Resource Centre. (2021). Transition Minerals Tracker. Global Analysis of Human Rights Policies and Practices. Obtenido de:  https://media.business-humanrights.org/media/documents/2021_Transition_Minerals_Tracker_Monday_w_numbers_updated.pdf

CIDSE. 2015. ‘We need supply chain due diligence to stop complicity in funding conflicts’ – Catholic leaders’ statement. Obtenido de: https://www.cidse.org/2015/04/30/catholic-leaders-statement-on-conflict-minerals/

European Network for Central Africa (EurAc). (2015). Conflict minerals in the DRC: Dr. Mukwege and a group of 34 NGOs call on the European Parliament to make a difference! Obtenido de: https://www.eurac-network.org/sites/default/files/conflict_minerals_in_the_drc._dr._mukwege_ngos_call_on_the_ep_to_make_a_difference_-_may_2015.pdf

———. (2017). Accompanying Measures to the EU Regulation on the Responsible Sourcing of Minerals. Towards a strengthening of the governance of the artisanal mining sector in the DRC. Obtenido de: https://www.eurac-network.org/en/press-releases/new-report-accompanying-measures-eu-regulation-responsible-mineral-sourcing-towards

———. & Pax for Peace. (2021). The EU Conflict Minerals Regulation. Implementation at the EU Member State level. Obtenido de: https://www.eurac-network.org/en/review-paper-eu-conflict-minerals-regulation-implementation-eu-member-states-level

European Commission. (2014). Joint communication to the European Parliament and the Council. Responsible sourcing of minerals originating in conflict-affected and high-risk areas. European Commission. Obtenido de: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2014:0008:FIN:En:PDF

Koch, D.-J., & Kinsbergen, S. (2018). Exaggerating unintended effects? Competing narratives on the impact of conflict minerals regulation. Resources Policy, 57, 255–263.

Masika, J. (2017). Women and Artisanal Mining. Bilbao: Alboan.

Medina Bernal, J. L., Cuenca Castelblanco, T., Serrano Pérez, C., & Carrillo González, L. (2019). Gold Mining and local communities in Southern Córdoba in Colombia, the case of El Alacrán mine. Bilbao: Alboan.

Official Journal of the European Union (OJEU). (2017). Regulation 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas. Obtenido de: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=EN

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2016). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas: Third Edition. Paris: OECD Publishing.

Otano Jiménez, G. (2018). Social Justice as Environmental Justice: An interpretation of the Social Teaching of the Church from the practice. Revista de Fomento Social, 73(2).

一一一. (2023). Agency, Power and Ecological Conversion: The Case of Conflict-Free Technology Campaign. In C. Sedmak & S. Deneulin (Eds.), Integral Human Development: Catholic Social Teaching and Capability Approach. Notre Dame, IN: Notre Dame University Press.

Vogel, Christoph y Raeymaekers, Timothy. (2016). Terr(it)or(ies) of Peace? The Congolese Mining Frontier and the Fight Against “Conflict Minerals”. Antipode. Pp.1102-1121.

VV.AA. (2019). Gold Mining, Human Rights and Due Diligence in Colombia: Views from Civil Society on the Implementation of the EU Regulation on the Responsible Sourcing of Conflict Minerals and Policy Recommendations. Obtenido de: https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Gold%20Mining%2C%20Human%20Rights%20and%20Due%20Diligence%20in%20Colombia.pdf

World Bank. (2020). Minerals for Climate Action: "The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition." Obtenido de: https://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf

Original español

Sobre los autores

Anthony Bebbington, doctor en Geografía, es el director internacional de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Fundación Ford. Antes de incorporarse a la fundación en 2021, Tony ocupaba la Cátedra Higgins de Medio Ambiente y Sociedad y era director de la Graduate School of Geography en la Clark University (EE.UU.), así como Australia Laureate Professor en la Universidad de Melbourne.

Antony Puthumattathil (PM) SJ pertenece a la provincia jesuita de Jamshedpur. Es doctor por la Universidad de Gante (Bélgica). Actualmente es el director de Bagaicha, Ranchi, Jharkhand, India, el centro de investigación y acción social establecido por el difunto Padre Stan Swamy, SJ. Puede ponerse en contacto con él:  pmantony@gmail.com.

Elvin Fernaly Hernández Rivera es sociólogo y trabaja como investigador en el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y Radio Progreso (ERIC-RP), un Centro Social Jesuita de Honduras.

Fernando Serrano, PhD, MA, fue profesor asistente en el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de Saint Louis University en Saint Louis y es actualmente profesor adjunto en salud ambiental en Washington University en Saint Louis.  Es investigador principal en varios estudios dedicados al impacto de la minería en la salud ambiental y la seguridad humana. El Dr. Serrano ha formado parte del grupo coordinador de la GIAN Justicia en la Minería.

Guillermo Otano Jiménez trabaja como responsable de incidencia en la Fundación Alboan, una ONG jesuita en España. También es coordinador de la Red Global de Incidencia Ignaciana (GIAN) - Justicia en la Minería. Es licenciado y doctor en Sociología por la Universidad Pública de Navarra. Como investigador, se ha centrado en el enfoque de capacidades y en el análisis de los cambios sociales.

Heriberta Fernández Liriano es educadora y activista social (justicia ecológica y de género) y trabaja como coordinadora de Desarrollo Local Inclusivo en el Centro Montalvo. Es también miembro del "Grupo de Homólogos de Ecología Integral" de la CPAL y delegada de la provincia de las Antillas en el Grupo SJ de Género; además, representa a la CPAL en la GIAN Justicia en la Minería

Jack Piper es encargado de Justicia Ecológica en el Centre for Just Places, de los Servicios Sociales Jesuitas de Australia. Jack tiene un grado en Ingeniería (Civil) y un máster en Ciencias Ambientales (Cambio Climático) y es un ferviente defensor de desarrollar la capacidad del sector comunitario, los gobiernos locales y las comunidades para adaptarse al cambio climático, así como para garantizar que se da prioridad a las voces de los más vulnerables y se abordan los vectores de vulnerabilidad subyacentes. En el puesto que desempeña en la actualidad, Jack ayuda a los Servicios Sociales Jesuitas a incorporar su Estrategia de Justicia Ecológica a todos sus programas y dirige el trabajo del Centro en la realización de talleres de adaptación climática para organizaciones del sector comunitario. Actualmente representa a la JCAP en la GIAN Justicia en la Minería

Jacques Nzumbu SJ, jesuita congoleño especializado en conflictos y minerales estratégicos y transición energética. Es estudiante de doctorado en la Université du Québec à Montréal.

Javier Arellano es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Deusto (Bilbao). Desde 2011 es miembro del equipo de investigación Ética Aplicada a la Realidad Social (EARS) y desde 2020 decano de la facultad. Javier es doctor en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex. Entre 1991 y 1993 trabajó en la Misión Alto Marañón (Perú), participando en la fundación de SAIPE. Entre 1996 y 2006, Javier fue Director de la Fundación Alboan.

Raúl Cervera, SJ ha sido profesor de teología durante varios años en el teologado jesuita de México y en la Universidad Pontificia de México. Director de la revista Christus (México) durante diez años. Actualmente sigue ofreciendo algunos cursos de teología en diversos centros y colabora en Radio Huayacocotla en algunos programas de análisis de la situación del país. Acompaña las celebraciones tradicionales de las comunidades otomíes, nahuas y tepehuas.

Tom Kavala, SJ es un veterano activista social. Fue el primer Secretario del Apostolado Social en la Asistencia de Asia Meridional durante la década de 1990. Más tarde vivió entre los Santhals y Paharias en Sahebganj durante más de dos décadas. Estuvo estrechamente vinculado a la Hna. Valsa mientras ella estuvo activa en Pachuara, donde vivió, trabajó y murió. Actualmente trabaja en Bagaicha, el centro de investigación y acción social creado por el difunto P. Stan Swamy, SJ.

Tony Herbert, SJ es jesuita de la provincia de Hazaribag, está comprometido en la obra educativa y social en las zonas de minería del carbón y en la actualidad forma parte del Prerana Resource Centre, Hazaribag. Su correo electrónico es: atherbert@gmail.com

Víctor Reyes es Director de Operaciones de Canadian Jesuits International. Lleva 20 años trabajando en el sector medioambiental sin ánimo de lucro. Es Ingeniero Medioambiental por la Universidad de Melbourne.

Secretariado para la Justicia Social y la Ecología

Borgo Santo Spirito, 4

00193 Roma

Tel: +39-06698681

www.sjesjesuits.global

sjes@sjcuria.org

Notes

[←1]

Este documento se basa en una charla pronunciada en la conferencia sobre "Transiciones energéticas justas y minería" organizada por la Fundación Alboan y la Universidad de Deusto, previa a la reunión de la Red de Justicia en la Minería en Loyola, en septiembre de 2022. Anthony Bebbington es Director del programa de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Fundación Ford, y Profesor Higgins en la Escuela de Posgrado de Geografía de la Universidad Clark. La ponencia original en español fue traducida al inglés por Rebeca Sandoval y editada en una Nota Informativa del Instituto de Investigación Laudato Si por la Dra. Séverine Deneulin (véase https://lsri.campion.ox.ac.uk/node/1690). El presente documento se basa en gran medida en dicha nota informativa.

[←2]

Véase https://www.rainforest-alliance.org/insights/indigenous-peoples-the-best-forest-guardians/

[←3]

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2118273119

[←4]

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629620300530

[←5]

https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffd2a83b-8c30-4e9d-980a-52b6d9a86fdc/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf

[←6]

D. Kemp y J. Owen 2017 Extractive Relations: Countervailing Power and the Global Mining Industry. Londres: Routledge.

[←7]

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1405135111

[←8]

Curiosamente, sin embargo, el estudio que generó estas cifras consideraba que el impacto de este uso de minerales seguía siendo razonable, y desde luego inferior al de los sistemas energéticos basados en combustibles fósiles.

[←9]

Véase https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/11/mineral-production-to-soar-as-demand-for-clean-energy-increases

[←10]

Véase https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decade-defiance/#a-global-analysis-2021

[←11]

Véase https://www.business-humanrights.org/en/from-us/briefings/slapped-but-not-silenced-defending-human-rights-in-the-face-of-legal-risks/

[←12]

Véase https://www.icnl.org/our-work/global-programs/the-civic-space-initiative.

[←13]

Véase https://freedomhouse.org/article/new-report-freedom-world-2020-finds-established-democracies-are-decline.

[←14]

Véase https://www.icnl.org/covid19tracker/

[←15]

Sellwood, S. y Valdivia, G. 2018 "Interrupting Green Capital on the Frontiers of Wind Power in Southern Mexico." Latin American Perspectives  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0094582X17719040

[←16]

Véase, por ejemplo, Ramírez, J. (2021). Contentious Dynamics Within the Social Turbulence of Environmental (In)justice Surrounding Wind Energy Farms in Oaxaca, Mexico', Journal of Business Ethics, 169 (3): 387-404.

[←17]

Marisol de la Cadena (2015), Earth Beings: Ecological Practices across Andean Worlds, Durham: Duke University Press.

[←18]

https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries

[←19]

Véase https://productiongap.org/2020report/

[←20]

Véase https://www.ran.org/wp-content/uploads/2021/03/Banking-on-Climate-Chaos-2021.pdf

[←21]

Véase https://www.environmental-finance.com/content/analysis/gfanz-fails-to-deliver-at-cop26.html

[←22]

Este artículo sintetiza la primera parte de la investigación Transición Energética, expansión minera y conflictos ecosociales en la Amazonia (Arellano-Yanguas y Bernal-Gómez, 2022), elaborada en el marco de un proyecto conjunto de la Universidad de Deusto y la Fundación Alboan, con la colaboración de SAIPE y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP).

[←23]

En los inicios de la época colonial británica, los adivasis de Jharkhand lucharon contra aquellos que los explotaban e importunaban. A estos explotadores y camorristas los denominaron dikus.

[←24]

Human Rights Watch (2012) Out of Control: Mining, Regulatory Failure, and Human Rights in India, https://www.hrw.org/report/2012/06/14/out-control/mining-regulatory-failure-and-human-rights-india (consultado el 16 de marzo de 2023).

[←25]

Ibid.

[←26]

Karat Brinda (2021) “Home Truths on climate change,” The Hindu, 4 de diciembre, https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/home-truths-on-climate-change/article37947048.ece (consultado el 17 de marzo de 2023).

[←27]

Los adivasis son pueblos indígenas de la India continental que se mantuvieron apartados de las sociedades de castas hindúes de las llanuras. Cuando la discriminación, la opresión y la explotación basadas en el sistema de castas aumentaron y devinieron dominantes en las llanuras, los adivasis se retiraron a las colinas y bosques. Allí vivieron armoniosamente y en relación simbiótica con la naturaleza. Por eso, sus hábitats tradicionales tenían bosques densos, fuentes perennes de agua y ricos yacimientos de minerales. Históricamente, estas regiones forestales y onduladas de los territorios adivasis fueron invadidas y usurpadas por colonos, quienes talaron espesas cubiertas de bosque y extrajeron minerales para enorme perjuicio de los adivasis y del ecosistema.

[←28]

Parganait es el tradicional sistema de gobierno local de los adivasis santhals. Es un conjunto de aldeas gobernadas por el jefe de una de estas aldeas.

[←29]

Un bloque es la unidad (burocrática) de gobierno de nivel más bajo, y sus competencias fueron definidas ostensiblemente para promover el desarrollo comunitario.

[←30]

Se produjo una repentina diversificación de las actividades de subsistencia, muy diferentes del tradicional cultivo –esto es, bianual y dependiente de la lluvia– de arroz en los campos de los aldeanos.

[←31]

Que estaban luchando por la justicia, pero obtenían escasos beneficios económicos, a diferencia de algunos de sus vecinos.

[←32]

Las concesiones son una facultad que el gobierno federal mexicano concede a empresas para explorar y explotar, entre otras cosas, depósitos de minerales, a cambio de retribuciones en metálico por parte de aquellas, los cuales suelen ser irrisorias. Si bien las concesiones no otorgan la propiedad del suelo o del subsuelo a la empresa, en la práctica resultan ser algo equivalente. Los espacios concesionados se nombran lotes que normalmente abarcan cientos o miles de hectáreas. La Ley Minera fue concebida como una ley de “interés social”, lo cual se interpreta muchas veces de tal modo que concede la primacía a las empresas por encima de los derechos de las comunidades.

[←33]

DECLARACION-FINAL-FORO-MINERÍA-Y-CAMBIO-CLIMÁTICO-RD-HAITÍ.pdf (remamx.org)

[←34]

Para profundizar en este ciclo ver, Araya, Carlos, 1979, El enclave minero en Centroamérica, 1880-1945: un estudio de casos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Disponible en: https://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/17-18/araya.pdf

[←35]

Para ver los grandes acontecimientos del siglo en Honduras ver: Barahona, Síntesis histórica del siglo XX.

[←36]

Las ZEDE consiste en la concesión de una porción de territorio a los inversionistas, la ley les faculta tener su propio régimen fiscal, su sistema se seguridad, de educación. Actualmente la ley ha sido derogada por el Congreso Nacional, se está espera se ratifique en la próxima legislatura.

[←37]

FOSDEH, UNAH, OXFAM. Territorios en Riesgo III: Minería, hidrocarburos, y generación de energía eléctrica en Honduras. UNAH, FOSDEH, OXFAM: Tegucigalpa, 2021.

[←38]

El listado de la concesiones en Honduras está disponible en: https://inhgeomin.gob.hn/mineria/

[←39]

CESPAD, Una procesadora de óxido de hierro, la otra tragedia de Guapinol. Octubre 2022

[←40]

Cronología de la Criminalización del Campamento Guapinol

[←41]

Ibíd.

[←42]

Oxfam, Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. P 88

[←43]

Para conocer más sobre las estrategias que usa las empresas extractivas consulta: Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y Universidad de Saint Louis Missouri, Impacto socioambiental de la minería

en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro), 2016.

[←44]

U.S. Geological Survey. (s.f.). What environmental issues are associated with hydraulic fracturing? https://www.usgs.gov/faqs/what-environmental-issues-are-associated-hydraulic-fracturing?qt-news_science_products=0# ;

[←45]

Currie, J., Greenstone, M., & Meckel, K. (2017). Hydraulic fracturing and infant health: New evidence from Pennsylvania. Science advances, 3, 12,

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1603021

[←46]

Knaus, C. (2021). ‘Grave mistake’: Climate scientists issue dire warning over Beetaloo Basin fracking plans. The Guardian. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/sep/23/grave-mistake-climate-scientists-issue-dire-warning-over-beetaloo-basin-fracking-plans

[←47]

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[←74]

Sovacool, Benjamin K, Ali, Saleem H, Bazilian, Morgan, Radley, Ben, Nemery, Benoit, Okatz, Julia and Mulvaney, Dustin (2020) Sustainable minerals and metals for a low carbon future. Science, 367 (6473). pp. 30-33. ISSN 1095-9203.

[←75]

Sovacool, Benjamin K (2021) When subterranean slavery supports sustainability transitions? Power, patriarchy, and child labor in artisanal Congolese cobalt mining. The Extractive Industries and Society, 8 (1). pp. 271-293. ISSN 2214-790X

[←76]

Marie Mazalto, « La réforme du secteur minier en République démocratique du Congo : enjeux de gouvernance et perspectives de reconstruction », en Afrique contemporaine, 2008/3 n° 227, pp. 53-80.

[←77]

Informe de la comisión especial de la Asamblea Nacional Transitoria responsable de evaluar la validez de los acuerdos económicos y financieros firmados durante las guerras de 1996-1997  1998, Kinshasa, 2005, p. 9.

[←78]

Ibid.

[←79]

Raphaël Debertd; Philippe Le Billon, "Conflict minerals and battery materials supply chains: A mapping review of responsible sourcing initiatives", en The Extractive Industries and Society, Vol 8, No 4, diciembre de 2021, 100935.

[←80]

Ibid.

[←81]

Ibid.

[←82]

Ibid.

[←83]

Justice and Corporate Accountability Project, The “Canada Brand”: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America (York University: Osgoode Hall Law School, 2017), p. 5.

[←84]

Sovacool, Benjamin K (2021) When subterranean slavery supports sustainability transitions? Power, patriarchy, and child labor in artisanal Congolese cobalt mining. The Extractive Industries and Society, 8 (1). pp. 271-293. ISSN 2214-790X.

[←85]

Ibid; IBGDH,2022, La minería de cobre y cobalto (2c) en las provincias de Lualaba: un peligro para los derechos humanos. Informe de evaluación del impacto de COMMUS y Kamoa Copper en los derechos de las comunidades locales, IBGDH 2022 (PDF en francés); M.M.Ki, ASBL, 2015, Evaluación de los impactos de las inversiones mineras de la Banro Corporatio en la RDC (PDF en francés).

[←86]

“What we do,” Canadian Network on Corporate Accountability, 28 de junio de 2021, https://cnca-rcrce.ca/about-us/what-we-do/.

[←87]

“CNCA submission to the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development’s study of Bill S-211 (November 2022),” Canadian Network on Corporate Accountability, 4 de enero de 2023, https://cnca-rcrce.ca/2023/01/04/cnca-submission-to-the-standing-committee-on-foreign-affairs-and-international-developments-study-of-bill-s-211-november-2022/.

[←88]

“NEWS RELEASE: Bills Introduced to Protect People and the Planet Warrant All-Party Support,” Canadian Network on Corporate Accountability, 29 de marzo de 2022, https://cnca-rcrce.ca/2022/03/29/news-release-bills-introduced-to-protect-people-and-the-planet-warrant-all-party-support/?utm_source=CNCA+website.

[←89]

https://www.tecnologialibredeconflicto.org/ley-tecnologia-libre-de-conflicto/

[←90]

Esto se debe en parte a la ausencia de criterios comunes para la aplicación del Reglamento de la UE sobre minerales de conflicto en términos de transparencia y políticas de contratación pública (véase EurAc 2021). Esperemos que la evaluación ex post del Reglamento de la UE que tendrá lugar en el segundo semestre de 2023 allane el camino en esta dirección.

Table of Contents

Editorial

Transiciones energéticas, extracción de minerales y el reto de la justicia

Expansión de la minería metálica en la Amazonía: impactos sociales y políticos

El P. Stan Swamy y la resistencia de los pueblos adivasis (indígenas) al desplazamiento y la desposesión causados por la minería

India: El proyecto de extracción de carbón mineral a cielo abierto en Piparwar

Las minas de carbón y el movimiento pro derechos humanos en Jharkhand

David vs. Goliat: Extractivismo y organización comunitaria en la sierra norte de veracruz (México)

La minería extractiva en República Dominicana: una mirada desde las comunidades locales

La irracionalidad extractivista en Honduras: caso Guapinol

Investigación para la justicia ambiental: Zonas de sacrificio en Perú y Honduras y solidaridad jesuita

Forjar una coalición intersectorial en pro de la justicia climática en el Territorio Septentrional de Australia

Derechos humanos y transición energética en la República Democrática del Congo

Responsabilidad empresarial y cadenas de suministro de minerales: Lecciones aprendidas de los "minerales de conflicto”

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